* Nada contra Bermúdez por desaparición forzada  * Expediente blanco en la CEDH  * La mano sucia de   * Fidel, Bermúdez, Bustos pierden amparos  * Emmanuel Peña, otra opción para el PAN  * 7 mil millones desvió Duarte en 2015  * 7 secuestros en enero  * La reina del sur, los taxis y ahora el fraude

Pesan sobre el “general” Bermúdez infamias y atropello, tortura y otras cruces, la desaparición forzada y la muerte del cantante Gibrán. Y todo lo condena. Pero contra el zar de la seguridad duartista, Namiko Matzumoto no tiene nada. Los criminales están limpios.

Nada lo implica, según la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, pieza del duartismo, en cuyo feudo se cuida al gang del ex gobernador, hoy prófugo de la justicia, Javier Duarte.

“Por desaparición forzada no hay ninguna —dice Namiko Matzumoto—, por violaciones me parece que el año pasado fueron siete recomendaciones, pero por derecho a la vida, que es la número uno. Por motivos y omisiones de la autoridad esta persona pierde la vida. Las otras tienen que ver con uso legítimo de la fuerza cuando se excede en el uso de la fuerza.”

Y así, va echando mano de la estadística para dejar en claro que por el delito que más teme enfrentar el falso general Arturo Bermúdez Zurita no hay rastro ni pista, nada que lo implique.

Eso decía la ex secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, su otro feudo, tapadera de Javier Duarte, ante las acusaciones que ya enfrentaba el ex secretario de Seguridad Pública por el levantón de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente cuando transitaban por Tierra Blanca y una patrulla de policía los interceptó, los detuvo y los entregó al crimen organizado. Nunca más se les volvió a ver.

Hay denuncia desde entonces, en enero de 2016, por la implicación de los mandos altos, que conducen a Bermúdez Zurita, pero sostiene Namiko Matzumoto que en los registros de la CEDH nada hay por desaparición forzada.

El 11 de febrero, mientras el general de cero estrellas permanecía en el penal de Pacho Viejo, a 13 kilómetros de la capital de Veracruz, Xalapa, Namiko Matzumoto recurría a su habitual simulación: 

“Los familiares de personas desaparecidas que tienen quejas en la Comisión y si nosotros logramos en el trámite de procedimientos todas las quejas porque están activas, ahora acreditar que la desaparición de las personas participó la autoridad, entonces si estaríamos hablando de una desaparición de personas”.

¿O sea?

Según la estadística citada por el portal Versiones, en Veracruz los policías estatales al mando del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, “se involucraron en el 60% de las desapariciones. Sin embargo, los elementos y mandos continúan en libertad, y por ello aún existe temor a denunciar por los familiares de las víctimas”.

Agrega:

“Por ello, integrantes del colectivo Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, conforman más denuncias contra Bermúdez Zurita y exigen que se proceda también contra el ex gobernador y prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa, por permitir el actuar de la corporación estatal durante su gobierno”.

Bermúdez tiene un historial de sangre, pero Namiko no lo ve.

Bermúdez usó la represión como forma de control, pero Namiko lo ignora.

Bermúdez empleó la tortura incluso contra elementos policíacos, pero Namiko finge no saber.

No es nueva su indolencia. Así fue en los días en que controlaba cada paso en la CEAPP. Ante la represión a maestros que se habían instalado en Plaza Lerdo, la noche del 14 de septiembre de 2013, golpeados con toletes, sintiendo descargas eléctricas en el cuerpo, amagados con escudos, pateados, incluida la tranquiza que sufrieron reporteros y reporteros gráficos, la CEAPP sólo emitió un boletín en que omitió toda mención a las fuerzas policíacas.

El 6 de febrero matizaba. Decía que la CEDH acumula al menos una centena de denuncias contra la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) por la violación de derechos humanos, durante el periodo de Arturo Bermúdez Zurita, pero nada por desaparición forzada.

“Tenemos activas quejas que involucran actos u omisiones que involucran a la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración anterior, pero en el momento que salen las recomendaciones son hacia la institución”.

Recordó que la SSP ocupa el tercer lugar en el número de quejas y a la fecha se acumulan un total de 129.

Namiko Matzumoto calla. No es como Xóchitl Burdett Torruco, delegada de la CEDH en el sur de Veracruz, quien en mayo de 2016 revelaba la implicación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Policía Ministerial y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) en casos de represión, abuso de autoridad y tortura.

Así lo reseñó el portal Formato 7:

“En lo que va del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha integrado 10 expedientes de queja en la zona sur de la entidad, informó la delegada regional del organismo, Xóchitl Burdett Torruco.

“La funcionaria explicó que la mayor parte de las denuncias corresponden a abusos cometidos por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Policía Ministerial y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

“En entrevista, detalló que hay por lo menos tres casos relacionados con el delito de desaparición forzada.

“Burdett Torruco afirmó que al presentarse este tipo de quejas la CEDH recaba las pruebas y testimonios.

“Después, indicó que se identifica a la corporación que pudo haber incurrido en tal situación.

“La CEDH, abundó, inicia una investigación para establecer si hay más testigos que hayan presenciado los hechos o incluso tomado fotografías para incluirlos en el expediente de queja.

“Aclaró que la aportación de esa clase de pruebas son confidenciales y al término de la investigación se remite un informe a las oficinas centrales de la comisión para turnarla a la dependencia correspondiente, de tal forma que emitan una respuesta sobre los hechos denunciados y documentados.

“Xóchitl Burdett sostuvo que luego de la contestación la CEDH determina si es necesario emitir una recomendación.

“Sin embargo, durante los primeros cuatro meses del año no han sido emitidas por quejas interpuestas en la zona sur de la entidad”.

Así es Namiko Matzumoto. Mientras Veracruz se alarma, fustiga al duartismo, confronta a Bermúdez, exige que se le denuncie y se le juzgue por desaparición forzada, ella niega que haya registros que impliquen al capo de la seguridad en tal violación.

Los criminales, según su óptica, están limpios.

Archivo muerto

Nada le cuaja a Fidel Herrera, a la pandilla duartista, a los tránsfugas de la ley que hoy enfrentan la embestida del yunismo y la acción de la justicia. Arturo Bermúdez, alias Capitán Tormenta, hila derrota tras derrota en los tribunales mientras él permanece en prisión. Entabla juicios de amparo, obtiene suspensiones, pero no le sirven para recuperar su libertad. Leonel Bustos, ex titular del Seguro Popular en Veracruz, quien sí librara la cárcel con una suspensión, hoy recibe la mala nueva de que un juez desechó su demanda de amparo. 

Fidel Herrera se acelera, se ampara, se desiste, le sobreseen un amparo, le otorgan una suspensión provisional, le niegan la definitiva porque a fin de cuentas aún no hay denuncia formal por parte de la Fiscalía General de Veracruz por el caso de los medicamentos clonados, apócrifos, el agua destilada aplicada a enfermos de cáncer, un acto deleznable y criminal. Algo dice tanta negativa en los juzgados federales. Algo deja ver. La justicia federal, que antes tenía Fidel Herrera y su pandilla a sus órdenes, ya no funciona como pasaporte a la impunidad… 

No hay prisa en el PAN. Definirá su candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos en las horas previas al cierre del registro, el 28 de febrero. De los cuatro aspirantes, Lu-pilla Félix de Theurel fue la primera en mostrar desdén por el proceso interno del PAN, mientras cabildeaba su esposo en los altos mandos del yunismo.

Se fue quedando el panista Alfredo Phinder Villalón, con escasa intención de voto. No se pudo despojar Jesús Moreno Delgado de su pasado marcelista, así haya marcado su distancia con su mentor, Marcelo Montiel Montiel. No prendió Juan Manuel Rodríguez Caamaño, rector de la Universidad Istmoamericana, ex secretario del ayuntamiento que preside Joaquín Caballero Rosiñol. 

Hurga, pues, el PAN en otros perfiles, el de Tere King, también priista, y el del empresario Emmanuel Peña Sánchez, que no tiene pasado que lo avergüence, apreciado en el jet-set, con vínculos con la iglesia católica, que en otros tiempos financió las campañas de Rafael García Bringas y Gonzalo Guízar Valladares. Avanza el PAN hacia su candidatura, pero no se desboca. No vive las premuras del PRD y Morena. No hay prisa. Su registro vence el 28 de febrero. 

Hay tiempo… Voraz, raterazo, Javier Duarte se embolsó 7 mil 706 millones de pesos sólo en 2015. No pudo acreditar que hizo con esos dineros de origen federal, de ahí que la Auditoría Superior de la Federación determinara que hay desvío de recursos. El caso Veracruz es de escándalo y como decía el auditor superior, Juan Manuel Portal, el ex gobernador Javier Duarte debería estar en la cárcel. Un ejercicio, el de 2015, y el gordobés desapareció 7 mil 706 millones de pesos. Y todavía hay quien lo defiende… Angustia la violencia y habrá más. Se dispara el levantón y el secuestro, la ejecución y los cuerpos desmembrados en todo Veracruz. 

Reporta el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos un incremento en la violencia en el sur. Únicamente en enero ocurrieron siete secuestros “mostrando un notable aumento en comparación con el cierre del año 2016, cuando no existió registro alguno”. Agréguese el crimen del empresario en Coatzacoalcos, los tres policías de Las Choapas levantados y ejecutados, el doble asesinato en la colonia Esmeralda de la Esperanza donde una mujer resulta gravemente herida y el cuerpo embolsado hallado en la cercanía del aeropuerto de Canticas. De miedo y viene algo peor. Se calentarán las plazas, Veracruz entero. Habrá guerra entre cárteles y los inevitables daños colaterales. 

Un infierno en el Veracruz yunista que requiere un golpe letal… Mal y de malas, la periodista-taxista, con tres concesiones obsequiadas por el ex titular e Transporte Público en el gobierno de Javier Duarte, Ricardo Orozco Alor. Ahora enfrenta una denuncia por fraude, señalada por el presidente del Departamento de Jubilados de la Sección 11, Genaro Fernández González, según el expediente 3891/2016/V, radicado en el Juzgado Municipal de Nanchital. Se vislumbra un escándalo, máxime que la “reina del sur” se enfila a ser regidora en el próximo ayuntamiento, de la mano de su protector, el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, José Santos. Con ese antecedente, su majestad no llega y le tumba votos al sol azteca…

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