* Presión de Fuerza G a futuros regidores de PAN * Les cumplen compromisos o desatan protestas * Millonaria indemnización a Pepe Chagra por demanda a APINAN * Premio a la ineficiencia * Goyo y Emilio León con Pepe Yunes Zorrilla * Primer aniversario de Alianza Generacional de Yunes Landa * Stevanato pretendía tomar aguas del arroyo Tatahuicapan para el proyecto Yuribia II * Lo frenó la población

 

G5 es el nombre clave del operativo priista en que se montó la campaña de Javier Duarte de Ochoa para convertirse, vía la mecánica del fraude electoral, en gobernador electo de Veracruz.

A grandes rasgos, G5 operó el uso del aparato burocrático tanto en el gobierno del estado como en más de cien municipios; recursos públicos, incluso provenientes de programas federales; empleo de información confidencial de dependencias del gobierno calderonista, y obligó a cientos de funcionarios municipales a incurrir en simulaciones jurídicas, a través de acuerdos de cabildo, para desviar ayuda social hacia votantes potenciales.

Al frente del G5, en calidad de director general, fue incrustado Moisés Herrera Beltrán, hermano del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, principal impulsor de ex candidato del PRI, Javier Duarte, el doctor patito, a través del cual pretende continuar ejerciendo el poder durante un sexenio más.

G5 es la trama electoral mejor montada en la historia política de Veracruz y su operación y funcionamiento constan en un documento electrónico de 29 cuartillas guardado celosamente por la pandilla fidelista, en cual se revelan nombres, cifras y estrategias para asegurar la imposición de Javier Duarte, así fuera por la vía del fraude electoral.

Segmentado, el documento —una copia obra en poder de INFORME ROJO— presenta la “Estructura Operativa de G5” y en él se leen cinco rubros: grupo de apoyo para población objetivo; perspectivas 2010; estrategias estructurales; estrategias operativas, y requerimientos.

Bajo las órdenes de Moisés Herrera Beltrán, se hallaba el secretario de gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, y tres personajes de más alto nivel.

Un misterioso personaje, del cual no se revela el nombre, figura como asesor externo a partir de enero de 2010. Según consultas realizadas a funcionarios del gobierno estatal, del PRI de Veracruz y del círculo cercano a la fidelidad, ese asesor fue identificado con la clave BHF.

G5 tenía como uno de sus principales objetivos manipular los recursos provenientes de importantísimos programas federales, Oportunidades y 70 y Más, y desviarlos hacia la obtención de votos para el PRI en la elección de gobernador en Veracruz.

Se valió para esa misión de tres enclaves: el Centro de Operación Territorial (COT); el Grupo Operativo Distrital (GOD), y el Grupo de Operación Municipal (GOM). El primero tuvo ocho figuras operativas y los otros dos, cinco cada una de ellas. En el Centro de Operación Territorial fungía como responsable Felipe Vázquez Hernández

G5 dispuso de cientos de operadores en todo el territorio veracruzano, al cual dividieron en tres zonas: norte, centro y sur. Tuvieron dinero a manos llenas —salarios de 15 mil pesos mensuales en promedio para cada operador, vehículos y equipo de cómputo—. En unos cuantos meses consumió cerca de cien millones de pesos.

G5 y otros documentos, audios, videos, facturas de compra masivas de cemento, fueron la vía para llevar a Javier Duarte de Ochoa al gobierno de Veracruz y perpetuar a Fidel Herrera en el poder por seis años más.
G5 es apenas la punta del iceberg. Hay podredumbre de sobra.

Focos rojos en el PAN de Coatzacoalcos: se sabe que vía la Fuerza G, el ex candidato panista a la alcaldía, Gonzalo Guízar Valladares intentará controlar a los futuros regidores del Partido Nacional en el cabildo porteño. Quien no cumpla compromisos, quien no atienda a los gonzalistas transfigurados en pitufos azules, quien no haga eco de sus demandas a Marco César Theurel Cotero, sufrirá el acoso del gonzalismo. Ahora entenderán los panistas lo que significa tener cotos de poder y, peor aún, tener en sus filas al grupo más nefasto que haya exportado el PRI...

 

Versión de que José Antonio Chagra Nacif, líder de la organización fidelista Nuevo Tiempo Veracruzano y repartidor de cemento a manos llenas, le va a sacar hasta los ojos a la Administración Portuaria de Nanchital (APINAN), de la que fue director. Pepe Chagra fue renunciado a fines de 2009, luego que el gobernador Fidel Herrera Beltrán trinó y tronó contra el Clan del Camello Audaz, por andar coqueteándole a su peor enemigo político, Miguel Ángel Yunes Linares, entonces director del ISSSTE y a quien desde entonces le venían tamaños para gobernador. Pepe Chagra, que no estaba dispuesto a irse con las manos vacías —faltaba más en alguien de estirpe libanesa— acudió a la vía legal y obligó a APINAN a otorgarle una millonaria indemnización. La versión corre en el PRI, en el fidelismo y entre la prensa del puerto de Veracruz. Lo que todo mundo se pregunta es qué hizo Pepe Chagra de positivo en la APINAN. Su paso por ese organismo de gobierno fue intrascendente, plagado de promesas incumplidas y un sueño que terminó convertido en pesadilla. Nada logró don Pepe Chagra, pero finalmente obtuvo su premio a la incapacidad...

 

Gregorio León Celaya, funcionario de la Sección 11 del sindicato petrolero, y su hijo, José Emilio León Villa, líder del comité municipal de la Confederación de Jóvenes Mexicanos, adherida al PRI, estuvieron de lo más movido en el evento que conmemoró el primer aniversario del grupo priista Alianza Generacional, el sábado 28, en el World Trade Center de Veracruz. Ahí se le vio dialogando con el diputado federal y ex líder del PRI estatal, José Francisco Yunes Zorrilla, quien instantes después acompañó al líder de AG, el diputado Héctor Yunes Landa, y al gobernador electo, antes del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), Javier Duarte de Ochoa...

 

Descobijada al ex presidente del Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos, Giorgio Stevanato. El alcalde de Tatahuicapan, Esteban Bautista Hernández, reveló que el entonces funcionario de CMAS pretendió realizar entre 2005 y 2007 el proyecto Yuribia II, con el que obtendría una millonada, supuestamente para solucionar los problemas de abastecimiento de agua en el municipio de Coatzacoalcos. Para ello, tomaría las aguas del arroyo Tatahuicapan, en las cuales a diario las mujeres del lugar lavan ropa y muchos niños se bañan. Stevanato fue atajado por los pobladores que no estuvieron dispuestos a soportar que la ambición modificara el ritmo de vida de la población. Ahora ocurre lo mismo, pero el gobierno de Veracruz se vio obligado a cumplir sus compromisos con Tatahuicapan; de lo contrario sería bloqueado el suministro de agua a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque...