* 24 de septiembre, fecha para el Caso Yunes-Duarte * García Bringas y el Libramiento Vial * Los terrenos afectados tienen varios dueños, dice * Los Quintanilla y la sentencia falsificada * Relevo en IFE de Coatza * Se va Adrián Arredondo * ¿Quién es ese político que estrenó Aveo por hacerla de comparsa en la elección del 4 de julio?

 

 

Hay días malos y hay días peores. Guadalupe Porras David, alcaldesa de Minatitlán, los vive por igual y con el riesgo de enfrentar su futuro, no en escenarios políticos sino en tribunales.

 

Ha sido señalada por el diputado local priista Dalos Ulises Rodríguez Vargas de incurrir en desvío de recursos públicos, provenientes de la bursatilización, y aplicarlos en campañas políticas.

 

Junto a ella, los alcaldes de Ixtaczoquitlan, Acayucan, Tlapacoyan, Panuco y Álamo también fueron citados públicamente por el legislador como responsables de usar esas partidas económicas para fines distintos a los que estaban destinados.

 

No es nuevo en Guadalupe Porras que se le imputen abusos en su actuación y tampoco es inédito que un compañero de partido la exhiba como tramposa y corrupta. Anteriormente lo hizo el entonces diputado local Leopoldo Torres Hernández, hoy alcalde electo de Minatitlán, cuando cuestionó el protagonismo de la señora Porras durante las inundaciones y los daños a los pobladores.

 

Guadalupe Porras, como es su costumbre, centralizó en su persona y en la de sus hijos la ayuda a los damnificados. Reservó espacios en la televisión y la prensa para que se hablara de su compromiso social, luciendo conmovedora y humana en las reseñas periodísticas, a todo color, en horario triple A o a ocho columnas.

 

Hará unos días, le reventó otro escándalo por la incapacidad del Ayuntamiento de Minatitlán a enfrentar sus deudas, el pago de salarios al personal de confianza y las obligaciones con instituciones de crédito. Intentó que el cabildo de Minatitlán le autorizara suscribir un préstamo bancario, pero ya nadie, incluso sus incondicionales, están dispuestos a enlodarse más en sus aceleres.

 

Doña Lupe es un desastre esférico. Por donde se le vea provoca conflictos. Durante una visita de Fidel Herrera Beltrán a Minatitlán, donde constató los daños provocados por las inundaciones, el gobernador de Veracruz desistió de descender de su helicóptero una vez que fue alertado que un nutrido grupo de colonos desatarían su ira contra la alcaldesa.

 

Ahora la acusación es más seria. Dalos Ulises Rodríguez la ubica entre los presidente municipales que desviaron recursos provenientes de la bursatilización para aplicarlos en campañas políticas. Se trata de un delito grave que, además, la exhibe como un personaje sin escrúpulos por ser dinero etiquetado para realizar obra pública.

 

Otro diputado, Alfredo Tress Jiménez, del Partido Convergencia por la Democracia, reveló que alcaldes veracruzanos no aplicaron, aplicaron mal o de plano desaparecieron los recursos de la bursatilización.

 

Guadalupe Porras tiene su futuro empeñado. Fue operadora de campañas políticas, encargada de casas de seguridad donde concentraba toneladas de despensas y materiales de construcción en el sur de Veracruz. Todo lo hizo con recursos públicos. Esa fue su misión y, aunque sabía las consecuencias de su actuar, no tuvo el valor de decir no al reto suicida que se le estaba imponiendo. Acató y enfrentará las consecuencias.

 

Los próximos cinco años es seguro que no los dedicará a la política. Los pasará en tribunales.

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Rafael García Bringas, diputado federal por Coatzacoalcos, rindió su primer informe de labores, el sábado 11, y puso el dedo en la llaga sobre la negligencia oficial que mantiene sin avances la construcción del Libramiento Vial o Acceso al Puerto de Coatzacoalcos, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dijo García Bringas que desde un principio se registraron anomalías: parte de los terrenos son zona ecológica, los derechos de vía no estaban liberados y surgieron varios propietarios de los predios donde se realiza la obra. Tiene razón: el Clan Quintanilla-Hayek se hizo pasar por dueño de 40 hectáreas, falsificó sentencias judiciales, cobró ilegalmente 5 millones de pesos a la SCT y actualmente el jefe del grupo, Jaime Quintanilla Garza, se halla sujeto a un proceso penal por el uso indebido de documentos oficiales. Otra sentencia judicial de carácter federal acaba de establecer que hubo daño patrimonial a la SCT por parte de funcionarios que, sabiendo que los Quintanilla no eran dueños del terreno, consintieron pagarle una millonada. García Bringas tiene elementos de sobra en las manos para tocar puertas, lograr que se finquen responsabilidades y prosiga la obra del Libramiento Vial...

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