* Manjarrez, el poder tras el trono  * Un zar chupaducto, su cliente  * Pésimos números de la Feadle  * Caso Gibrán: van por Bermúdez  * Tres de sus policías, detenidos  * Eva Cadena: el desafuero va  * Lo que Manuel Huerta le ocultó al Peje  * Caso Potro: ¿mensaje para quién?  * Milo Vela: a seis años del crimen

Miguel Ángel Manjarrez vive en dos dimensiones: la del defensor de periodistas en la PGR y la del que por una paga defiende a huachicoleros, chupaductos, ladrones de combustible. Brillante contradicción.

Manjarrez es un zar, más poderoso que el ex fiscal, Ricardo Nájera, y que el fiscal actual, Ricardo Sánchez, al que lo abruma el desastre y lo destroza el caos, la inacción y el fracaso, la estadística infame que refleja la impunidad en que se mueven los violentos que asedian y golpean, que agreden y dan cuenta de la vida de  los periodistas.

Manda Miguel Ángel Manjarrez Téllez en una Feadle —Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión— inútil, en que las cifras evidencian que la justicia ante el crimen de comunicadores es sólo una expresión.

De 798 denuncias por agresión, sólo tres han tenido sentencia condenatoria.

Y peor cuando el zar de la Feadle gustaba de defender imputados de robo de combustible.

Su caso trascendió cuando aún no era el zar de la defensa de los periodistas. Hoy es director general en la Feadle, controlando una costosa estructura de resultados a medias.

De Manjarrez reseñaba La Jornada, el 10 de agosto de 2011: fue defensor de integrantes de una banda dedicada al robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos. Y un año después, titular de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP) de la Procuraduría General de la República.

En abril de 2010, Manjarrez Téllez se encargó de solicitar una orden de aprehensión contra quienes habían sido sus clientes, de acuerdo con documentos de la PGR y en actuaciones, invocados como prueba por La Jornada.

En esa búsqueda, reacio a dar su opinión ante la imputación de haber defendido a denunciados por robo de combustible a Pemex, el rotativo detectó que su hermano, Marco Antonio formaba parte del cuerpo de asesores de la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, “lo cual se constató en el directorio oficial de funcionarios de esa institución que se publica en el portal de transparencia del gobierno federal”.

Aquella investigación estableció que Alfredo Martínez Vallejo y José Alberto Pavón Ramos a quienes el hoy director de la Feadle defendió en 2010, según consta en la averiguación previa PGR/DGCAP/DF/ 011/2010, habrían estado relacionados con la banda que encabeza el llamado Rey de las gasolinas, Francisco Guízar Pavón.

“La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal —agregó La Jornada— emitió el 6 de abril de 2006 un boletín de prensa en el que informó que dos individuos que presuntamente se dedicaban a sustraer combustible de tomas clandestinas localizadas en los estados de México, Hidalgo y Querétaro, fueron aprehendidos por elementos de la Policía Federal”.

De los defendidos de Manjarrez Téllez, se estableció que estarían implicados con la operación de diversas tomas clandestinas, una de ellas localizadas en un predio ubicado en el kilómetro 759+700 de la autopista México-Querétaro, a la altura de Tepeji del Río.

Según boletín de la SSP federal, el juzgado primero de distrito de procesos penales federales con sede en Hidalgo había girado una orden de aprehensión en contra de Martínez Vallejo y Pavón Ramos por el delito de sustracción de combustible, luego que el Ministerio Público Federal los acusó en la citada averiguación previa.

Luego que Martínez y Pavón fueron capturados por elementos de la Policía Federal, nombraron al penalista Miguel Ángel Manjarrez Téllez como su abogado defensor, según consta en la causa penal 78/2010.

Dice el documento obtenido por La Jornada:

“En la ciudad de Pachuca, siendo las 9:30 minutos del 7 de abril de 2010, estando en audiencia pública el licenciado Aureliano Varona Aguirre, juez primero de distrito en el estado de Hidalgo, comparece en el local de este juzgado federal el licenciado Miguel Ángel Manjarrez Téllez (...) quien manifiesta que sabe y conoce la designación que en su favor le hicieron los procesados José Alberto Pavón Ramos y Alfredo Martínez Vallejo, nombrándolo como su defensor particular en la presente causa penal, refiere el expediente judicial 78/2010”.

Ricardo Nájera pasó por la Feadle y se fue. Manjarrez, vegetando, siguió ahí.

Llegó llegó Ricardo Sánchez y no da una. Manjarrez controla todo.

Las cifras de la Feadle son pavorosas. Nada resuelve. El grupo de Manjarrez pareciera tener la encomienda de que los Casos de periodistas agredidos e incluso asesinados permanezcan impunes.

El portal Animal Político lo expone:

“De acuerdo con la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en algo más de seis años -de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016- se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas.

“Pues bien, de esas 798 denuncias, de las cuales 47 fueron por asesinato, la FEADLE informó en respuesta a una solicitud de transparencia que solo tiene registro de tres sentencias condenatorias: una, en el año 2012; y otras dos en 2016. O en otras cifras: el 99.7% de las agresiones no ha recibido una sentencia.

“El caso del periodista Moisés Sánchez es un ejemplo de lo anterior. Sánchez, editor del semanario La Unión de Medellín, fue privado de su libertad en Veracruz por un grupo armado el 2 de enero de 2015 y posteriormente asesinado.

“Por este homicidio hay cuatro personas que recibieron formal prisión, pero ninguno ha sido sentenciado a la fecha. Además, el exalcalde de Medellín, Omar Cruz, presunto autor intelectual del asesinato según la Fiscalía, sigue libre y prófugo más de 700 días después del suceso.

“Por otra parte, de las 798 denuncias por agresión a periodistas, la FEADLE informó que solo 107 han dado como resultado que el presunto agresor fuera consignado ante un juez. Esto es, el 13% de los casos, o solo uno de cada 10. El resto, continúan impunes”.

Un informe obtenido por este reportero en la Feadle, señala:

“Quienes dirigen la fiscalía junto a Manjarrez son Nahum Pedro Zárate, como director general adjunto, quien su única función es dar cursos pues la falta de conocimientos no le permite involucrarse en los asuntos; Erik Roberto Gómez Rodríguez, director del nuevo sistema acusatorio, y Alejandro Carrillo Velasco Director de área.

“Estos funcionarios están liderados por Manjarrez. Él es quien dirige en su totalidad la Fiscalía, incluso más allá que el propio fiscal. Es por ello que los directores, Erik y Alejandro, no toman decisiones sobre las investigaciones, si la orden no es dada por Manjarrez. Están al 100 por ciento a la orden de éste, en tanto al director general adjunto solo se encarga de impartir cursos preventivos a periodistas por toda la República. 

“Los elementos para no resolver los casos serían falta de conocimientos de directores , falta de interés y tal vez un tema de poder de Manjarrez que quiere abarcar todo y no logra mucho es un tema de control total sobre directores ministerios públicos secretarios pero desconozco su verdadero interés en llevar todo de esa forma. Claro que con los antecedentes que tiene Manjarrez da pie a muchas dudas”.

Así pues, un defensor de chupaductos es quien defiende a los periodistas.

Archivo muerto

Por tres policías matones, Arturo Bermúdez pasará el resto de su vida en prisión. Aprehendidos por la Fiscalía General del Estado, son piezas clave en el crimen del cantante Gibrán Martiz Díaz, levantado junto con otro amigo, el 7 de enero de 2014, en Xalapa, hallados sus cuyos cuerpos 11 días después en la carretera Coatepec-Conejos, en un montaje, simulando que fueron víctimas del crimen organizado, que les habría quitado la vida. 

Les será imputado el delito de desaparición forzada y bastará que admitan que la orden provino del ex secretario de Seguridad Pública del gobierno duartista para que el falso general Bermúdez pierda toda esperanza de abandonar el penal de Pacho Viejo, confinado ahí, entre los que fueron sus cómplices y los que hizo encarcelar, mientras es juzgado por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. 

Hoy se explica la difusión del audio en que implica a Héctor Yunes Landa, de quien sostiene recibió mil 300 millones de pesos del erario público, vía un acuerdo con Javier Duarte, para su fallida campaña a gobernador de Veracruz. Y luego la carta manuscrita con que Bermúdez confirma la entrega del dinero. 

Si Héctor Yunes abandonó a Bermúdez, Bermúdez hablará. A menos, claro, que un día de estos amanezca sin lengua… Rehén de Yunes, de Peña Nieto, de la mafia en el poder, Eva Cadena perderá el fuero. Así revele que las pruebas de la Fiscalía de Veracruz —dos videos editados, viciados de origen— son ilegales, la consigna es retirarle la inmunidad y llevarla a juicio. Y con ella en los tribunales, mantener el golpeteo y el desgaste a Andrés Manuel López Obrador. 

Sólo Morena no capta la profundidad del caso. Pretendió desprenderse del lastre, tirar a la diputada sureña por la borda, denunciada ante la PGR y masacrarla ante la Fiscalía de Winckler, abogado súbdito de Yunes, el gobernador, y lo que único que obtuvo fue que persiguiendo a Eva Cadena se prolongue la persecución al Dios Peje. Dice su mentor, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, alias El Tigre de Santa Julia, que Eva ha traicionado a todos. Que explique entonces por qué, sabiendo una noche antes que estallara el escándalo de los videos —abril 23— lo que publicaría El Universal y la referencia a los empresarios que Amado Cruz Malpica recomendó para financiar su campaña a la alcaldía de Las Choapas, calló. 

Eva traiciona, pregona Judas Huerta, mientras la conversación en WhatsApp evidencia que el líder de Morena en Veracruz sabía lo que estaba por venir y se lo ocultó a López Obrador. El lunes 26, en sesión privada, la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, aprobará o desechará el dictamen de la Comisión Instructora, en la que por cierto toma parte el diputado priista Fernando Kuri Kuri, sobre quien pesa una denuncia que, mínimo, lo llevaría a su propio desafuero… Siete disparos, quizá más, tienen al Potro al filo de la muerte. 

Dieron en la humanidad de Antonio Cervantes Laguna, por años inspector de alcoholes, hoy cercanísimo al tesorero municipal, Alfonso Morales Bustamante, diríase que un operador hacia los giros negros. Salía de un establecimiento comercial, El Lancero, en la esquina de Carranza y Díaz Mirón, en el centro de Coatzacoalcos, el lunes 19, cuando se escucharon las detonaciones. Lo que traía en las manos —verduras y fruta adquirida en el local, así como una almohada, que no se sabe por qué estaba ahí— lo soltó. 

Cayó abatido Toño Cervantes, El Potro, su cuerpo en un charco de sangre pero aún con vida. Auxiliado por vecinos, rodeado de curiosos, custodiada la escena por la Policía Naval, El Potro fue llevado al hospital Comunitario donde ingresó en estado crítico. Tres horas tardaron en estabilizarlo —reponiendo sangre, normalizando el ritmo respiratorio— e ingresó al quirófano con múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en brazo derecho, tórax, abdomen, según versión surgida del Comunitario. 

En “hueco pélvico” presenta proyectil de arma de fuego que llevó a practicarle una laparotomía exploradora. En su ingreso al quirófano mostró “estabilidad hemodinámica”. ¿Qué implica el atentado? No hay nada claro. No se sabe si fue contra El Potro o un aviso al tesorero municipal, Alfonso Morales Bustamante. Hoy, las clausuras a giros negros —depósitos de cerveza y licor, cantinas, table dance— son un suicidio. Todos pagan cuota. Y un día sin funcionar irrita a las bandas del crimen organizado que les dan protección. 

A sus 38 años, Toño Cervantes, marcelista, novio de una colega periodista en otros tiempos, lucha por su vida… No amanecía, aquel 20 de junio, cuando los disparos de odio abatieron a Miguel Ángel López Velasco, su esposa Agustina Solana Melo y su hijo Misael López Solana. Aquel día, hace seis años, iniciando el trágico gobierno duartista, comenzaría a escribirse una páginas más negras y dolorosas del periodismo veracruzano. Milo Vela y Misael trabajaban para Notiver. 

Va de Nuez, su columna, cimbraba a diario al medio policíaco y político, revelando corruptelas y trastadas, connivencia entre elementos y mandos de las corporaciones y las bandas del crimen organizado, y sus implicaciones políticas, los que abrían las puertas a la impunidad, y los empresarios que violando la ley serían intocables, marcando así al gobierno de Javier Duarte. 

Con su estilo, Milo Vela marcó al periodismo veracruzano; con su terrible final, sacudió a gremio nacional. A su hijo Miguel Ángel López Solana, desde entonces en el exilio, un abrazo y nuestro infinita solidaridad… 

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