* No cuadran las cifras del peculado  * Acusadores se hicieron bolas  * El ex gobernador no ríe, goza  * Costo judicial será costo electoral  * ¿Quién paga a los defensores de Duarte?  * Del Toro, entre los más cotizados  * Nemi: más rayitas al molcajete  * Abdías Salomé, ejecutado  * El narcomensaje se cumplió

A su lado, Javier Duarte tiene un aliado sin par, que lo acusa a ciegas, sin cuadrar las cifras del desfalco y el peculado, sólo rasgos de una asociación delictuosa que se cae a pedazos, desmoronando el caso más sonado de corrupción en Veracruz. Su aliada es la PGR, es priista y lo quiere en libertad.

Huyó seis meses, pasando de una casa de seguridad a otra, pasaporte en mano —pasaporte falso por supuesto—, con dinero fresco y líquido, efectivo que le permitía transitar sin riesgo, evadiendo la orden de aprehensión. Si hubiera sabido que la PGR trabajaba para verlo libre, no se habría movido.

Huía el ex gobernador de Veracruz desde aquel 14 de octubre, en 2016, sabiendo que la ley lo cercaba, acusado de ocho delitos nada más, uno grave, siete para andar en libertad, ajustado a nuevo sistema de justicia penal desastroso, que favorece al criminal y deja en la indefensión a las víctimas.

A salto de mata, como los bandoleros, Javier Duarte llegó a Guatemala, tras volar del Agrocentro de Emiliano Zapata a Coatzacoalcos, a Chiapas, por los caminos que lo llevaron a la nación vecina hasta ser ubicado en el hotel La Riviera de Amatitlán, en el departamento de Sololá. Karime Macías Tubilla, su esposa, fue el señuelo para dar con él. O consumó la traición.

Su primera audiencia, una vez concluido el juicio de extradición que lo trajo de Guatemala a México, vislumbra un escenario de impunidad, indemne a la justicia, derrumbando los cargos que le imputan la PGR y la Fiscalía de Veracruz, no por argumentar mejor sino por la falta de sustento de quienes representan a la instancia judicial. Si Javier Duarte aceptó su traslado fue porque tenía todo para burlar la ley.

Hechos bolas, los abogados acusadores muestra que la Procuraduría General de la República es un fiasco.

Tienen al ex gobernador a unos metros. Le imputan lavado de dinero por más de 438 millones de pesos pero en documentos, en recibos, sin elementos de prueba, sólo pudieron acreditar 38.5 millones.

Es la audiencia inicial y resulta un desastre. Atestado de prensa, este lunes 17, el Reclusorio Norte de la Ciudad de México muestra que el priismo se habla con el priismo, se colude y se encubre.

Refieren las crónicas que aquello fue una debacle, anunciada en espacios de prensa cuando Javier Duarte aún permanecía en la prisión Matamoros de Guatemala, resaltando la fragilidad de los expedientes, la inconsistencia de las pruebas, los delitos que sin explicación ni razón fueron dejados fuera de la acusación.

“Los números no cuadran, eso está claro”, llegó a decir el mismo juez de control, adscrito al Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García.

Y si no cuadran, de qué se le va a acusar a Javier Duarte.

Premeditado o no, ese episodio evidencia complicidad o indolencia, o los dos, los arreglos del priismo con Javier Duarte, el mecenas de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto que con dinero de las arcas públicas compra impunidad, o la imperdonable impreparación de los tres abogados que representaron a la PGR en la audiencia inicial.

“Está claro que el caso se está desmoronando en estos momentos”, diría socarronamente el abogado del ex gobernador, Marco Antonio del Toro, de la firma Del Toro Carazo, al ver el desastroso papel de los abogados de la PGR.

Javier Duarte y sus abogados formularon 20 preguntas. Los abogados de la PGR terminaron siendo cuestionados, exhibidos, ridiculizados. Uno de los cuestionamientos los obligó a invertir una hora para responder. Y lo hicieron mal.

A detalle, el reportero Arturo Ángel, del portal informativo Animal Político, quien acreditó la existencia de empresas fantasma en las que Duarte y su pandilla desviaron miles de millones de pesos, describió el caso, lo que PGR tiene en documentos, el contenido de las denuncias y el papelazo que interpretó en la audiencia inicial.

“El origen del caso —señala Arturo Ángel— fue una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que registró movimientos de recursos sin justificación real.

“La trama, según la imputación de la PGR, involucra a las empresas Consorcio Brades e Inmobiliaria Terra, que simularon la compra con sobreprecio de más de 20 terrenos ejidales en Campeche. En realidad tanto las empresas como los terrenos ejidales (adquiridos con irregularidades) pertenecían a dos colaboradores de Duarte en el lavado: el empresario Moisés Mansur y el abogado Alfonso Ortega.

“Según la acusación de la PGR, a través de Consorcio Brades se habrían movilizado 223 millones 896 mil pesos, mientras que por Terra Inmobiliaria fueron 215 millones 861 mil pesos, “todo por instrucciones de Duarte”, según la Procuraduría

“Ambas empresas fachada habrían sido fondeadas con un cúmulo de más de 15 compañías fantasma, entre ellas Diseños Tevet SA de CV y Trajan Construcciones SA de CV (que forman parte de una red de empresas que solo existen en el papel como ha publicado Animal Político), y que habrían recibido recursos públicos de la administración.

“Luego de escuchar la imputación, Javier Duarte, con el apoyo de sus abogados, solicitó más de 20 aclaraciones sobre la acusación de la PGR, que terminaron convirtiéndose prácticamente en un interrogatorio para los fiscales, propiciado en parte por los mismos funcionarios, que no respondían con precisión.

“Por ejemplo, Duarte pidió que se le explicaran a detalle las fechas de compra de 20 parcelas ejidales, así como quiénes eran los dueños originales. Pero los fiscales de la Procuraduría tardaron más de una hora en encontrar y proporcionar los datos. Peor aún, cayeron en contradicciones.

“ ‘Cuando libré la orden de aprehensión (octubre de 2016), los fiscales que vinieron a exponer aquí el caso me proporcionaron datos de tres parcelas ejidales que ahora no corresponden con lo aquí planteado, No puedo fingir que no conozco ese dato. Los señalamientos de la PGR exhiben incongruencia’, dijo el juez.

“Luego, la defensa insistió en que la Procuraduría detallara de qué cuentas habían salido los 438 millones presuntamente desviados por Duarte, y tras varias intervenciones los fiscales solo pudieron evidenciar el retiro de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz.

“ ‘¿Eso es todo?’, cuestionó el juez. Los abogados de Duarte continuaron insistiendo en que se aclarara si la acusación entonces no era por 438 millones, sino por 38.5 millones. El juez Moreno señaló que era claro que ‘los números no cuadraban’, pero que esto se vería a fondo en la audiencia de vinculación.

“Las fallas siguieron. La defensa solicitó que se aclarara cómo se habían comprado cuatro departamentos en el complejo Finestre de Ixtapa, cada uno valuado en promedio en 1.5 millones de dólares, y que presuntamente se adquirieron por órdenes de Duarte, pero los fiscales reconocieron que no tenían los recibos de pago. La misma situación se registró con joyas de las que la PGR reconoció que no tenía más que la declaración del abogado Ortega.

“La Procuraduría tampoco pudo responder si Hacienda había hecho procedimientos de verificación antes de formular su denuncia.

“ ‘Estamos en el punto en que ya no entendemos realmente ni de cuánto ni en qué se sostiene la imputación. Es un caso que se está desmoronando’, dijo el abogado Marco Antonio del Toro”.

A velocidad de ráfaga, Javier Duarte se encamina a ser hombre libre. La PGR lo salva, imputándole delitos que puede llevar en libertad, a excepción del de delincuencia organizada, exhibiendo fragilidad en la prueba.

No se podía esperar menos. Entre priistas, hay colusión. Javier Duarte fue impulsor del proyecto Peña Nieto, financiando parte de la campaña presidencial, con las maletas que contenían recursos en efectivo, mil millones, por lo menos, enviados en cajas de huevos, como se le escucha decir al entonces tesorero del gobierno duartista, Antonio Tarek Abdalá Saad, en un audio de escándalo.

A Javier Duarte no se le juzga por el desvío de recursos federales a Veracruz. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estableció irregularidades por 30 mil millones de pesos, dinero no aplicado en los rubros etiquetados por el Congreso federal, simulación de devolución de partidas millonarias, abriendo cuentas para su depósito de las que volvía a ser tomado el recurso.

Arely Gómez, entonces procuradora general, desestimó el caso y lo remitió a la Fiscalía de Veracruz. O sea, a los acólitos de Javier Duarte. Ahí el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras determinó que no había delito alguno. El priismo operando la burla a la ley.

El costo, sin embargo, es monumental. De ser liberado Javier Duarte, detonará el repudio social, la repulsa al sistema penal y la condena al arreglo entre priistas.

2018, cuando se dispute la presidencia de México, el costo judicial se traducirá en costo electoral. Y el PRI volverá a ser echado de Los Pinos.

Javier Duarte no ríe. Pero por dentro goza.

Archivo muerto

Del Toro Carazo no defiende a cualquiera. Hoy es Javier Duarte. Hoy es Elba Esther Gordillo, la ex lideresa del magisterio, rehén de Enrique Peña Nieto, por pleito de mafias en la cúspide del poder. 

Ayer fueron Vicente Fox, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, que nunca ha dado golpe en minera alguna; Grupo Carso de Carlos Slim; Pemexgate (desvío de recursos de Pemex para la campaña del PRI en 2000); el ex banquero Carlos Cabal Peniche, y el caso Toallagate en que la ex vicepresidenta de México, Martha Sahagún de Fox, se vio implicada por las cifras infladas en los gastos personales de la pareja presidencial. Marco Antonio del Toro Carazo cobra una millonada por defender a sus clientes, gane o no los pleitos, evite o no que quienes cubren sus honorarios terminen en prisión. 

A Javier Duarte, imputado de desvío de recursos, lavado de dinero, delincuencia organizada y cinco delitos más, le cuesta uno y la mitad del otro que la firma de Manuel del Toro le lleve su caso. 

Del Toro se mueve en el nivel de Antonio Lozano Gracia y Diego Fernández de Cevallos, de Juan Collado, de Juan Velázquez, de los Olea. Del Toro lleva, por ejemplo la defensa de Elba Esther Gordillo por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada; son los mismos que se le imputan al ex gobernador de Veracruz. Alguien, pues, debe cubrir sus millonarios honorarios. 

O, como se ve, los sufraga el ladrón con lo que le robó a Veracruz… Si a Juan Antonio Nemi Dib le buscan, le encuentran. Sábese que en sus días al frente del DIF estatal, entregó el área de informática a una empresa particular, concesionaria favorecida para llevar las cuentas o las dobles cuentas de Karime Macías, aún esposa de Javier Duarte. 

Terciaba entonces Nemi Dib con Antonio Tarek Abdalá Saad, el jugador de basquetbol por el que tanta admiración y cariño sentía Rosa Borunda, esposa del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, entonces convertido en secretario de Administración del DIF, y de ahí, proyectado por Karime y por el mismo Duarte, a la tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación para terminar enfrentando denuncias por 23 mil millones de pesos desviados. 

Si le hurgan algo más al caso Nemi, hallarán nombres y razones que expliquen por qué concesionó el área de informática, a qué empresa y quién lo sugirió… Fue una ráfaga, y otra, una veintena de balas cortándole la vida a los dos. 

Él, Abdías Salomé Salomé; ella, presuntamente su sobrina, quien iba al volante de la camioneta donde cabina, blanca, sobre la calle Correos del Barrio Cuatro, cerca del DIF de Cosoleacaque. Un vehículo compacto los alcanzó y de él partieron los disparos que dieron en parabrisas y medallón, en la estructura del automóvil y la humanidad de los dos. 

Abdías Salomé había sido activista social, crítico del sistema, denunciando el turismo electoral, votantes traídos de Tabasco, inscritos en los padrones electorales del sur de Veracruz, en los días en que Gladys Merlín Castro reinaba en Cosoleacaque. Luego se le implicó en el secuestro y muerte de una doctora en Minatitlán, la ginecóloga Aurelia Solís Juárez, en agosto de 2011. Remitido al penal Duport-Ostión, sujeto a juicio, acusó que se incriminó a causas de las torturas que le infligieron agentes ministeriales. Finalmente fue liberado. 

En 2016, un hermano suyo, Aarón Salomé, fue ejecutado en la vía pública. Hace apenas unos días, un taxista de Jáltipan fue ultimado, destacado y dejado en el automóvil Jetta. Junto al cadáver hallaron un narcomensaje: “Raza ya estamos presentes esto les va a pasar  a todos los que  apoyen o  anden con los mugrosos del puto de abdias salomé,  concha, el panucho vas a mamar; junto con el gil, michelin, richi, curso, el perry,  olmeca, bimbo, lic y el vic pinches traidores ya verán putos chapilines la limpieza apenas comienza CJNG”. Este martes 18 se cumplió la amenaza…

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