​Un enfoque, un disparo. Otro enfoque, una imagen. Una y otra foto hasta irritar y desquiciar al poder. Y así fue construyendo Rubén Espinosa su camino a la muerte, reprimido por Javier Duarte y su gang, su policía de civil, hostigado, huyendo y alejándose de Veracruz hasta que la mano del sicario lo alcanzó. 

Exiliado, el joven reportero gráfico free-lance, colaborador de Proceso, Claroscuro y AVC, se fue un día que la amenaza lo encaró. Un tipo llegó hasta él. Sintió su aliento, la sentencia para bajarle de güevos. Y Rubén se marchó. 

Meses atrás, cubría protestas, la gente en las calles de Xalapa, caminando por Ávila Camacho hacia el palacio de gobierno, o las que hacían suya Plaza Lerdo —rebautizaba como Plaza Regina Martínez, el nombre de la periodista de Proceso también ultimada en el duartismo—, maestros y luchadores sociales, activistas y ambientalistas, increpando al gobierno de Javier Duarte. 

Un enfoque y un click. Con imágenes hacía Rubén Espinosa la crónica de esta tragedia llamada Veracruz, retratando el reclamo del ciudadano o el maestro, del que no se niega a que una presa hidroeléctrica destruya el hábitat de una comunidad, o del que denuncia que Enrique Peña Nieto no es legítimo porque es producto de una imposición. 

Captó con su lente una imagen grotesca: Javier Duarte disfrazado de policía, la mirada desafiante, los ojos desorbitados, el gesto de un enfermo mental doblemente peligroso cuando detenta el poder. Y esa foto lo sentenció. 

Meses después, el 14 de septiembre de 2013, sufrió una agresión. Plaza Lerdo se hallaba bajo control de maestros y activistas. De pronto llegaron los contingentes de policías, armados con toletes y bastones eléctricos, escudos, cascos. Y comenzó la pela.  

Huyeron todos. Y a los reporteros gráficos les arrebataron sus cámaras, se las destruyeron, obligados a borrar sus imágenes digitales, la prueba de la brutalidad duartista. 

Su vida fue, a partir de entonces, un infierno. Reprimido, hostigado, un día la amenaza fue directa, cercana a su hogar, observando que los tipos que lo asediaban ya habían tenido acercamiento en otros sitios. 

“Bájale o te va a pasar lo mismo que a Regina Martínez”, escuchó. Y seguro un frío de muerte lo sacudió. 

Decidió dejar Veracruz. Se fue el 9 de junio de 2015. Partió al ex DF, su tierra natal. Ahí enfrentó penurias, sin dinero, sin manera de colocar su trabajo periodístico en medios de comunicación, apenas teniendo para comer. 

Ahí también lanzó su última entrevista, a un sitio español en internet. “La muerte escogió a Veracruz para vivir”, dijo en algo que terminó siendo la visión de su final. 

Se le vio por última vez el 31 de julio. Fue a una reunión. Llamó por celular. Le contó a un amigo que iría a casa, pero luego cambió de opinión. Y no se supo más. 

Su cuerpo apareció en un departamento de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte. Junto con estaba su amiga Nadia Vera, activista social, originaria de Chiapas, antropóloga, que también dejó Veracruz cuando sintió la presión de Javier Duarte y el riesgo de continuar arañando la piel de la hiena. 

““Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte Ochoa y a todo su gabinete, sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en este tipo de movimientos. Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad”, le declaró a Rompeviento TV. 

Y así fue. 

Con ellos estaban otras tres mujeres: Yesenia Quiroz Alfaro, estilista; Mile Virginia Martín, modelo colombiana, y la trabajadora doméstica. Olivia Alejandra Negrete. Todos asesinados por impacto de bala. Todos, según peritajes, sujetos a tortura. 

De todos, Rubén Espinosa era el más golpeado, como si fuera una sentencia, un sacrificio, un ajuste de cuentas. 

Detenidos días después, tres malosos dirían que fueron droga al departamento. Sería un empaque que Mile Virginia Martín habría robado en el aeropuerto de la Ciudad de México. 

También dijeron que conocían a sus víctimas, que Mile Virginia y Yesenia ejercían la prostitución y que habían tenido sexo pagado. ¿Eran sus amigas y les habían pagado por una relación? 

Una vez saciado su deseo, mataron a los cinco. Plagado de contradicciones, el expediente ha movido a organismos de derechos humanos a reclamar el seguimiento de la actividad profesional de Rubén Espinosa como móvil del crimen. 

Hoy, hace dos años, la sacudida. Hoy, como hace dos años, el gremio y la familia, las ONG y figuras de talla internacional, actores y músicos, políticos y luchadores sociales, exigen que se investigue el hostigamiento y las amenazas, el exilio obligado, la pista del hombre que en el DF identificó a Rubén Espinosa días antes de ser asesinado. 

Su familia, sus amigos, el gremio que mantiene su protesta permanente exige que a Javier Duarte se le impute la autoría intelectual del crimen del fotoperiodista. 

Hoy, su familia vuelve a hablar. Alma Espinosa Becerril, hermana de Rubén, acusa: 

“Ya que lo tienen ahí. Deberían escucharnos e investigar el trabajo periodístico de Rubén y el activismo de Nadia, porque hay videos donde ellos están diciendo que fueron amenazados , y no los han tomado en cuenta”. 

Y agrega: 

“No es posible que quieran burlarse de la gente. Si el señor Duarte se fugó es por algo. Ahora lo tienen y no encuentran con qué culparlo, es ilógico. Es necesario que investiguen esa línea porque sería mucha coincidencia que dos personas que venían exiliados de Veracruz, los hayan matado el mismo día, en el mismo lugar y con saña”. 

Son dos y lo único claro es la impunidad. Se niega el gobierno del DF a seguir la pista del trabajo profesional de Rubén Espinosa, su crítica a Duarte, sus fotografías que reflejaban el nivel de protesta a su gobierno, la integración colectivos que luchan por la defensa del gremio de prensa, su decisión de no dejar en el olvido el crimen de Regina Martínez. 

“En la Fiscalía nos han dicho: ‘ya los despachamos, ya se pueden ir’. A las familias de Nadia y Yesenia los han hospedado en hoteles denigrantes cuando han venido”. 

Su caso esta empantanado. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en un amplio informe, recrimina la actuación de la Procuraduría del DF: 

“A casi dos años de ocurridos los hechos, la PGJ-CdMx continúa agotando las investigaciones; no obstante, la deficiente conducción de las mismas, la omisión de aplicar los protocolos para cada tipo de delito, la demora prolongada en la investigación, la negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas, así como la falta de exhaustividad en el seguimiento de las líneas de investigación constituyen violaciones al derecho al debido proceso y debida diligencia”. 

Con mirada de lince, crítico en su voz, intransigente con la el poder, Rubén Espinosa no cedió un milímetro ante la represión de Javier Duarte. Y cuando escuchó la amenaza y sintió la muerte, se exilió. 

Allá lo alcanzó el sicario que lo iba a ultimar. Lo ubicó, lo encaró y le expresó que sabía que el periodista que había huido de Veracruz. 

Días después, Rubén Espinosa enfrentó la tortura, brutal la golpiza, la muerte. 

Y el sistema, ya Javier Duarte en prisión por delitos financieros, rehuye imputarle la autoría intelectual del crimen. 

A dos años, la impunidad sigue. 

 Archivo muerto 

 Qué infame es Javier Duarte. Quería una mansión en Las Lomas, en pleno cerro de Chapultepec, sobre un predio que nomás le costó —nos costó, jijo— más de 42 millones de pesos. Agria revelación, la de Alfonso Ortega, el cómplice del ex gobernador. Indignante porque los pagó con lo robado a Veracruz, inyectado a empresas de papel para no dejar huella. Inmobiliaria Rohr fue la adquiriente del predio. Y así se quedó, sin poder concretar el sueño del rufián de ser vecino de otros adinerados en Las Lomas de Chapultepec. Inmobiliaria Rohr, según dijo Alfonso Ortega a la Procuraduría General de la República, la creó a instancias de Javier Duarte, recibiendo dinero desviado de diversas secretarías del gobierno de Veracruz. La mansión de Javier Duarte estaría enclavada en el número 725 de la avenida Sierra Fría, colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Ortega, vía Inmobiliaria Rohr, adquirió el predio de más de 42 millones de pesos el 12 de mayo de 2011, cuando Javier Duarte tenía apenas seis meses en la gubernatura. Con 42 millones se habrían aliviado enfermedades, se habría aplicado tratamientos médicos, se habría evitado el dolor y la muerte de muchos. Pero para el gordobés fue mejor robar. Qué infame es Javier Duarte… 

Pinta mal, pésimo, el caso Deantes. Al secretario del Trabajo en el duartismo, el que se entendía con la oposición y les untaba la mano, el que auspició rituales electorales, comidas o cenas con el PRD rojo, para fracturar la alianza PAN-PRD, en 2013; al que se escucha en un audio hablando con Javier Duarte de cómo fortalecer a Morena para impedir que Miguel Ángel Yunes Linares fracasara en su intención de ser gobernador. Acusa la Fiscalía de Veracruz que Gabriel Deantes Ramos, primo del Cisne, Alberto Silva Ramos, el vocero siniestro de Javier Duarte, incurrió en enriquecimiento ilícito y que no justifica 58 millones de pesos. Deantes insiste en que su padre le endosó 39 millones de pesos en pagarés y ahora su cuñada, la actriz María Elena Saldaña, La Güereja, habría donado un predio de varios millones de pesos a su hermana, Laura Guadalupe Saldaña Ramírez, esposa del ex operador de Javier Duarte. A ese paso y con los recovecos que ofrece el nuevo sistema de justicia penal —los criminales a la calle, los inocentes tras las rejas— seguro que Gabriel Deantes se les va. Habiendo tanto por dónde reventarlo, le abren la puerta a la libertad… 

Entra a la jaula y no tarda en salir. Entra por una orden de aprehensión. Sale porque la ínclita señora trae un amparo en la mano. Es Janet Sánchez Orozco, señora de los dineros en el sindicato de electricistas, del clan Andrade, sobre quien pesan denuncias por fraude y múltiples señalamientos de agraviados, incluso por amenaza e intimidación. Fue por ella la policía ministerial, el jueves 27, y la intervino a la entrada de la colonia Petrolera. Horas después, su ex Jesús Andrade y su hijo, junto con el abogado que se entendió con los jueces federales, la pusieron en libertad. Habrán otras denuncias contra la cuñada del ex líder sindical y actual regidor de Coatzacoalcos, ex líder del PRI local, Víctor Andrade López, porque lo suyo, lo suyo, no es andar bien con la ley… 

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