Técnicamente han sido dos golpes contra el Cártel del Golfo, Políticamente, en cambio, la captura de Sergio Enrique Ortiz Tlapanco, alias Z-44, y Ana Georgina Domínguez Macías, la “Conta Gina”, es la evidencia que Veracruz se convirtió en santuario de los zetas, el grupo de sicarios de la organización que aún encabeza Osiel Cárdenas Guillén. Z-44 fue atrapado el martes 8 en Puebla por el Ejército mexicano. Tenía a su cargo la operación del narcotráfico en Tabasco, Campeche, norte de Chiapas y sur de Veracruz. Fue fundador de los Zetas y uno de los personajes míticos por la preponderancia que ha adquirido ese brazo armado del narco. A la Conta Gina la detuvieron elementos militares ayer 10 en Coatzacoalcos. Se movía como responsable de la contabilidad en las operaciones del líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, y supuestamente se le ubicó por información que Z-44 aportó cuando se le aprehendió.
Se trata, pues, de un doble golpe al narcotráfico que cimbra las estructuras del brazo armado y del esquema financiero del poderosísimo Cártel del Golfo. Pero más allá del sesgo judicial que tendrán estos operativos del Ejército Mexicano, hay otra lectura que implica las insuficiencias del aparato de poder, la complicidad de las corporaciones policíacas y el disimulo con que se ha pretendido tratar a los Zetas en Veracruz. Políticamente, el caso es de extrema gravedad. Veracruz —aquí se escribió ayer y se ha sostenido así desde hace dos años— es el santuario de los Zetas. Se les concedieron territorios; se les trató con inusitada suavidad y tersura; se pretendió hacer creer que no existían, que eran una leyenda, y, peor aún, se impuso una mordaza en las instituciones judiciales y en la prensa para omitir una verdad que carcome y que duele, pero que está ahí: los Zetas existen y sometieron a las instancias de poder. De ahí la condición de Veracruz como territorio Zeta. ¿Qué nos llevó a ese escenario? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué?

Un documento suscrito por el gobierno de Veracruz, reconoce a la sucesión Bringas Burelo como propietaria de las 12 mil hectáreas que comprenden el predio Tierra Nueva, sobre la que se asienta la mayor parte del municipio de Coatzacoalcos. Se trata del convenio signado el 23 de marzo de 1992 entre el entonces secretario de Desarrollo Urbano, Porfirio Serrano Amador, y el albacea de la sucesión Bringas, Raúl Bringas Burelo; como testigo firmó el director de Patrimonio del Estado, José Francisco Esparza López. En el documento se acredita la sucesión Bringas es propietaria del gigantesco terreno, del que un espacio de 10 hectáreas fue sujeto de regularización, ya que se hallaba invadido por solicitantes de vivienda. Ese convenio, validado por el gobierno de Dante Delgado Rannauro, demuestra que existe un reconocimiento oficial y fue certificado por el extinto notario No. 8 de Coatzacoalcos, Hermenegildo J. Carrión, el 1 de julio de 2003. ¿Cómo le hará el gobierno de Veracruz para demostrar que las escrituras de la sucesión Bringas no tienen valor cuando un gobierno anterior las validó?... No replicaron el “empresario” Jesús Antonio Macías Yazegey ni el titular del Registro Público de la Propiedad (RPP) de Coatzacoalcos, Mario Rafael Contreras Castro, sobre el señalamiento hecho aquí de que el primero trafica con el nombre del gobernador Fidel Herrera Beltrán y que el segundo retira anotaciones marginales de las escrituras que se hallan en el RPP. En INFORME ROJO de ayer, se abordó el tema, aunque no se citó un caso específico. Sin embargo, la que replicó fue una persona de nombre Bertha Alicia Ponce de León, quien remitió a este columnista un correo electrónico en el que se lee el texto siguiente: “Con todo respeto, le hacemos llegar el acuerdo del Sr. Juez Lic. Raúl Juárez Bárcenas del día 08-Septiembre-09, para que sí usted quiere pueda rectificar sus comentarios lejanos a la verdad”. En el oficio 4801, el juez Raúl Juárez Bárcenas hace saber al encargado del Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos que pese a que en la escritura del Parque Tecnológico Puerto México aparece una anotación de “no movimiento en las inscripciones” y de “embargo precautorio” promovido por Vivienda Industrializada de Coatzacoalcos, el citado tribunal “no ordenó ningún embargo sobre tales bienes en virtud de que aún no se ha depositado el veinte por ciento de la suma citada”, correspondiente a la fianza. Por lo tanto, “deberá quitar la anotación de embargo precautorio y no movimiento, traslado de dominio y cesión de bienes”. Lo publicado ayer en INFORME ROJO no hacía referencia alguna al embargo del Parque Tecnológico Puerto México, pero Bertha Alicia Ponce de León lo trajo a cuentas. En el oficio 4801, el juez Juárez Bárcenas confirma lo publicado en INFORME ROJO: las anotaciones marginales sí se habían realizado y el embargo por 142 millones sí se trabó. Ahora, por no haber acreditado la fianza, el juez ordena el retiro de las anotaciones marginales. El embargo promovido por el constructor Oscar de la Cruz, propietario de Vivienda Industrializada de Coatzacoalcos, desarrollador de Punta Diamante, congela operaciones del gobierno de Veracruz, INVIVIENDA y Parque Tecnológico Puerto México en la reserva territorial. El lunes se publicará el alegato judicial del consorcio legal que representa al constructor Oscar de la Cruz, en que se ahonda sobre las extralimitaciones en que incurrió el Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos. Para algo sirven los anzuelos…