​Justicia y gracia para el Capitán Tormenta, Arturo “N” o Arturo Bermúdez Zurita, al que no se le juzga por los crímenes del duartismo ni la violencia tolerada de los cárteles, ni por la desaparición forzada o los miles que yacen en fosas clandestinas.

Justicia y gracia para el ex secretario de Seguridad Pública, a quien el fiscal del yunismo, Jorge Winckler Ortiz, pide una condena de 10 años en prisión por otros delitos, los de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Ahí no figuran los crímenes que lo hundirían para siempre y lo confinarían a terminar su días en la cárcel. La policía y el levantón. La policía y la tortura. La policía y el asesinato.

A Bermúdez se le da trato de general. Sí de general de cero estrellas, sin formación militar, sin más estrellas ni más méritos que los que el duartismo le inventó.

Sus juicios van por el daño patrimonial al gobierno de Veracruz, el pago a empresas vinculadas a su familia, las que operaban los subalternos, los millones que logró liberar antes de su cese, el 2 de agosto de 2016.

Justicia y gracia para Bermúdez, al grado de no avanzar sus juicios, incluido el de enriquecimiento ilícito, hasta que no se desahoguen los amparos interpuestos para evadir la ley.

Quizá por eso sonríe Bermúdez. Quizá por eso departe con quienes lo ven en los juzgados de Veracruz, la sonrisa franca, el apretón de manos, el trato afable como si supiera que pronto estará en libertad.

Pide la Fiscalía que sean llamados a declarar seis familiares del Capitán Tormenta. Una de ellas es su madre, María Guadalupe Zurita García; su esposa, Sofía Lizbeth Mendoza Hernández, y sus hermanos Carolina, Jesús Gabriel y Miguel Ángel.

Es su familia y habrían de ser sus prestanombres, los que conforman el pull de empresas que permitieron que detonara la fortuna de Arturo Bermúdez.

Son sus negocios, firmas con las que trasluce algo turbio: inmobiliarias, agencias de viaje, constructoras. En el argot judicial, diríase que es servicio completo de lavado y blanqueo de capitales.

Bermúdez tiene ahí a quienes le operan los negocios. Y por lo menos uno de sus hermanos y su esposa aparecen en la compra de viviendas de lujo en complejo habitacional de Woodlands, en un suburbio de Houston, en Texas, Estados Unidos, según documentación oficial, aparecida a raíz de que arreció el escándalo por el saqueo a las arcas en los días en que Javier Duarte gobernaba Veracruz.

Son los dineros y la riqueza lo menos grave en el caso Bermúdez. Lo peor está en su rol en el estallido de la violencia, su pasividad ante el avance criminal, su policía involucrada con los cárteles, pasando información, como su se tratara de halcones, en el agravio a la sociedad.

Nada hizo Bermúdez por enfrentar la fuerza de los cárteles. Los dejó adueñarse de regiones y territorios. Les permitió actuar e incluso tomar el control político de municipios.

Y ante la violencia sin control, vendía sus servicios vía empresas de seguridad privada a lo largo y ancho de Veracruz.

Hoy, enfrenta una nueva reacción. Es la indignación de las víctimas. Es el dolor de los que por años han buscado a sus familiares, rascando en la tierra, siguiendo pistas, hallando lo que la autoridad, la Fiscalía de Veracruz, en los tiempos de Javier Duarte, en los días de Miguel Ángel Yunes, no han podido encontrar.

Una voz, la de Lucy Díaz de Henao, se alza contra la condena de 10 años que pide para Bermúdez el fiscal Winckler.

“Es una condena injusta, muy infame —acusa la directora de Colectivo Solecito—, cuando este señor es responsable de la libertad y posiblemente de la vida de tantos muchachos en el estado de Veracruz, es inconcebible y es más lejos de la justicia”.

10 años, dice, es ridículo, “cuando la libertad de cientos de muchachos que diezmó. Entonces estamos hablando de algo infame”.

Lleva Lucy Díaz el dolor del hijo que sin destino. Llevan las integrantes de Solecito Veracruz y otros colectivos, la angustia y el valor para desafiar al crimen organizado y al gobierno encubridor.

Lo peor es que a Bermúdez se le enjuicie por su riqueza y la malversación y no por la desaparición de miles, por la policía que se vincula a los cárteles, por el atropello policía, la tortura, el levantón de inocentes, la muerte y la creación de escenarios para encubrir la violación a la ley.

“En las narraciones de los casos están los testimonios —agrega Lucy Díaz—. Están todos, todo sale de ahí y se necesita hacer un esfuerzo mayor por parte de la Fiscalía y hay un caso documentado en la ONU de desaparición forzada”.

Son los colectivos y los que buscan por su cuenta, los que acreditan que la policía duartista se involucró con el crimen organizado. Y acreditan que ahí hay delitos lesa humanidad.

Es recurrente el elemento policíaco en la ola de violencia. Los hay levantando personas, los hay aplicando tortura, los hay desapareciendo cuerpos, borrando huella.

Un caso, el del cantante Gibrán Martiz Díaz, evidenció que fue la policía estatal la que lo plagió. Lo sacó de su departamento en Xalapa y lo llevó al fraccionamiento Las Ánimas, presuntamente a la casa de Arturo Bermúdez, y de ahí a la Academia de Policía El Lencero, donde en las tortura se les quedó.

Otro caso, el de los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, que al retornar del puerto de Veracruz, al pasar por Tierra Blanca, fueron levantados por una patrulla policíaca. Nunca aparecieron. Presuntamente los llevaron al rancho El Limón, en Tlalixcoyan, y los entregaron a una célula zeta, que tras torturarlos les habría dado muerte y luego los coció en ácido.

Hay policías en cientos de levantones, tortura y muerte. Y hay evidencia que Arturo Bermúdez, siendo secretario de Seguridad conoció la conducta de sus subalternos, sus crímenes, y los encubrió.

Fue la desaparición forzada una constante. Fue la conducta de la policía bermudista, cuyos altos mandos eran señalados de agravios contra la población y de levantar y desaparecer.

De ahí la indignación, el reclamo de los colectivos por la falta de justicia, por la resistencia del fiscal Winckler a actuar contra Bermúdez por desaparición forzada.

Sus delitos por dinero son nada. Lo suyo, lo suyo, es la implicación de su policía en crímenes lesa humanidad.

De ahí la indignación de las víctimas.

Archivo muerto

A ellas dos, policías municipales de Las Choapas, las agravió su superior. Un día, Antonino Gómez Ezquivel, su jefe, su director de la policía municipal, las llevó consigo y en un fiestón donde hasta militares hubo, las conminó a ser “damas de compañía”. Ocurrió en el rancho del alcalde Marco Antonio Estrada Montiel. Ebrio, armado, pretendía que convivieron con los efectivos del 44 Batallón de Infantería. Y las dos lo denunciaron por acoso sexual-laboral. Segundo caso: policías a cargo actuaron con fuerza bruta y se les pasó la mano. Detuvieron el domingo 13 a dos jóvenes que presuntamente habían intentado robar en una vivienda. Uno de ellos paró en el hospital con una cortada profunda debajo del mentón, casi degollado, producto de la tortura a que lo sometieron los subordinados de Antonino Gómez Ezquivel. Tercer caso: Carlos Mario Aguirre Domínguez intentó evadir una revisión de rutina. Fue apresado por elementos de la Policía Municipal, reportado como sospechoso en las cercanías de la tienda Dipepsa. Esposado, controlado, caminaba junto a los elementos que cumplían con su labor. A su encuentro sale una policía alevosa, prepotente, cargada de ira. Se trata de Yeni Hernández, quien lo abofetea y patea ante la mirada cómplices de los elementos policíacos. A la distancia, algunas voces se escuchan. Son los reproches de los testigos que con su teléfono celular captan la escena, y luego la suben a las redes sociales, y luego se vuelve viral. Sigue esa barbarie, con su estilo periodístico, la reportera Janeth Cardona, reportera de Presencia, revelando cómo la policía municipal es peor que la delincuencia común. Y el alcalde Marco Estrada nada dice. Y los ediles se agazapan. Y Las Choapas es, como en los guiones de cine, un pueblo sin ley… Se agencian los Yunes el corredor Veracruz-Boca del Río. Confirma el Tribunal Electoral de Veracruz el triunfo de la alianza PAN-PRD en el puerto histórico, donde Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, gobernará a partir del 1 de enero de 2018. Desechó el tribunal las impugnaciones del PRI y Morena por presunta violación a los topes de campaña, luego que el área e fiscalización del Instituto Nacional Electoral había establecido que Fernando Yunes había excedido el gasto permitido. Luego se expresó un nuevo criterio y se alejó la posibilidad de que la elección se anulara. Sólo por la vía federal podría revertirse el fallo del TEV, pero difícilmente se le podrá revertir el triunfo…Muy híbridas serán las alcaldías del sur. Una de ellas, la de Nanchital, tendrá funcionarios panistas, perredistas, priistas, ex priistas, lo que queda del balderismo y los enemigos de Ramón Hernández Toledo, el líder de la Sección 11, a quien sus otrora amigos y beneficiarios no dudaron en traicionar. Llega la doctora Zoila Balderas de Piña, hija del extinto dirigente, Francisco Javier “Chico” Balderas Gutiérrez, abanderada por la alianza PAN-PRD, cuyo éxito no fue derrotar al PRI sino a Morena, el partido de López Obrador, que no operó porque no tuvo con qué, divididos los morenistas porque la candidatura resultó imposición, porque la diputada federal Rocío Nahle se empeñó en enviar al ruedo a su incondicional, Esmeralda Mora, y aquello no detonó. Con Zoila Balderas llegan muchos, y entre ellos los allegados al ex alcalde, Salvador Hernández Castro, que a fin de cuentas terminó más lejos de Hernández Toledo de lo que él mismo pensó… ¿Cuál es esa oficina del sur que de día es dependencia de gobierno y de noche es nido de amor, de tórrido romance entre quien fuera su titular y un funcionario de segundo nivel? Una pista: el galán anduvo en temas de vialidad…