​* Eusebia quiere auditoría y sanción  * Orfis: probable daño patrimonial  * Chiquiyunes ya se parece al Peje  * Ahora el su “amigo” el dueño del Heraldo  * Morena financia a AMLO con dinero del Congreso: Eva  * Coatza: coyotes del deporte  * Y también malosos  * Saúl quiere depurar el cabildo  * La candidata, su secuestro y su extraño rescate

“Haiga sido como haiga sido”, Eusebia ya es regidora. Y con ese lenguaje muy suyo, muy llano, a veces peladito, salpicado de yerros verbales, exige auditoría, que su alcalde, Víctor Carranza, se aplique y no se haga, apretando a su antecesor, Joaquín Caballero, y que lo enfrente a la ley.

Limitada sí, pero Eusebia Cortés toca la fibra que duele al joaquinismo, hoy huérfano. Y de paso al PRI, que ya desterrado del poder, siente que uno de los suyos, el ex alcalde de Coatzacoalcos, anda en riesgo de cárcel.

Así como se ve Eusebia, vilipendiada en exceso y presa del escarnio popular, con el golpe y la burla que desató la encomienda de sus comisiones municipales, por encima de todo la de educación, toca lo que otros no se atrevieron a demandar.

Demanda saber si la crisis de la basura es artificial, y quién la orquestó, y conocer cómo manejó Joaquín Caballero —y su banda— los recursos del ayuntamiento de Coatzacoalcos.

Viernes 12. Pide la palabra y habla al cabildo. Detona algo más que el tema de la basura, sus causas, sus alcances. Quizá deba saber a la par de la crisis por la falta de recolección, las unidades motoras dañadas o inservibles, el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo pecó por omisión y dolo.

Hay, tras esa crisis de limpia pública, de dos semanas creciendo las montañas de basura en las calles, un negocio a la medida del Clan de la Succión, los Robles y los Hillman, con sus allegados los Quintanilla, encaminando la privatización del servicio, el procesamiento de los residuos en un terreno de Chinameca, junto al predio Chacalapa, pese a la repulsa de los vecinos.

Eusebia Cortés incide en un punto más explosivo: el manejo de los recursos públicos en los días en que Joaquín Caballero era presidente municipal. Y sacude al alcalde Carranza, tan iluso que imagina que las aguas no se habían de agitar.

Una pista para que la regidora los haya trabajar, se halla en el dictamen de la cuenta pública del ayuntamiento joaquinista, correspondiente a 2016, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior. Ahí se concluye un presunto daño patrimonial por casi 51 millones de pesos.

Son seis rubros en los que el ex alcalde de Coatzacoalcos no pudo solventar el uso de los recursos que debió cuidar con extremado celo. Los dos de mayor cuantía: la construcción irregular de mil cuartos con fondos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y el pago de ejidatarios de Tatahuicapan, de filiación morenista, para evitar el sabotaje a la presa Yuribia que abastece de agua a Coatzacoalcos y Minatitlán.

De los mil cuartos de la Sedatu, que debieron construirse en zonas con condiciones específicos de pobreza, Orfis determina que no se presentó “expediente técnico”, se rebasaron los tiempos de ejecución, del 19 de julio al 16 de septiembre de 2016; no se cuenta con un padrón de beneficiarios autorizado por la Sedatu. El monto total fue de 43 millones de pesos y la empresa beneficiaria fue GEN-33, la cual no cumplía con el requisito de capital contable mínimo, amén de haberse maquillado la licitación y ser la misma compañía que aparece en la construcción de más de 20 pozos que arrojaron agua salada, no apta para ser usada con fines domésticos, finalmente facturados por casi 100 millones de pesos.

De acuerdo con el documento, hay lagunas graves. “En la etapa de solventación presentan cuatro estimaciones, todas con un periodo de ejecución del 19 de julio al 01 de agosto de 2016 (14 días naturales) las cuales arrojan un monto ejercido de $26,063,607.07 (más de la mitad del monto del contrato) que se consideran inconsistentes dado que el periodo de ejecución para los 763 cuartos adicionales adosados planta baja y 237 cuartos adicionales en primer nivel tenían un periodo de 60 días naturales comprendidos del 19 de julio al 16 de septiembre de 2016; no se cuenta con un padrón de beneficiarios autorizado por la SEDATU; asimismo presentan bitácora convencional en donde con fecha 7 de septiembre de 2016 se suspenden temporalmente los trabajos por falta de recursos, procedimiento que resulta incongruente dado que la comprobación del gasto presentada registra fechas anteriores, no se cuenta con un Acta de Suspensión Temporal de la obra y no presentan las Actas de Entrega-Recepción de los cuartos terminados”.

Refiere Orfis que el ayuntamiento que encabezara Joaquín Caballero presentó “bitácoras alteradas”, “respaldan el gasto con las mismas facturas presentadas con anterioridad, modificadas en su descripción y que suman el monto ejercido, rebasando el monto de estimaciones”.

Más adelante, Orfis apunta:

“No presentan padrón de beneficiarios autorizado por la SEDATU, levantamiento físico de los dormitorios avalado por el Despacho con generadores, reporte fotográfico, Actas de Entrega- Recepción a los beneficiarios y reporte fotográfico que permitan realizar la comparativa entre los gastos pagados y cargados en la obra con lo realmente ejecutado”.

Luego señala:

“No presentan autorización de la Secretaria de la Función Pública para la utilización de la bitácora en forma convencional, justificación de la suspensión de los trabajos ni del incumplimiento al periodo contractual”.

Cita Orfis:

“No se pudo realizar la visita de campo por carecer de la localización de cada uno de los cuartos antes mencionados, por lo que no se tiene certeza de que los trabajos autorizados se encuentren efectivamente ejecutados. Posteriormente en la etapa de solventación se presenta Acta Circunstanciada elaborada con fecha 16 de agosto de 2017, donde participaron miembros del Ayuntamiento y el representante técnico del Despacho Externo que realizó la auditoría, mencionando que ‘… después de la revisión documental correspondiente y constatado en campo se encontró un pago improcedente de $683,955.02 (Seiscientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco pesos 02/100 M.N.) incluido el I.V.A.; por diferencia entre lo reportado y lo ejecutado…’ que fue soportado con transferencia de recursos entre fondos, considerando que no hay recuperación de recurso que beneficie al erario”.

Para Orfis, hay un pago improcedente con probable daño patrimonial por 26 millones 679 mil 953.16 pesos. Y “falta de documentación comprobatoria de las erogaciones”.

Otro punto, el de los pagos a las bases de Morena en Tatahuicapan tienen que ver con el convenio suscrito entre el gobierno de Veracruz y los tatahuis que usaban la presa Yuribia como arma de presión. Para evitar sabotajes, el gobierno duartista acordó un pago de 4 millones de pesos mensuales. Sin embargo, en la contabilidad del ayuntamiento de Coatzacoalcos se detectan pagos por 2.5 millones de pesos al mes.

Ahí también hay trampa. Mes con mes el ayuntamiento joaquinista cumplía con lo acordado con la gente de Eloy Martínez, Calixto Cruz, Lino Bautista, cabezas de Morena. Sólo que se solventó el pago con “recibos simples”.

Entre el 9 de febrero y el 13 de diciembre de 2016, se realizaron 26 erogaciones. En total 18 millones 250 mil pesos.

De ellos, 17 millones 50 mil pesos se “solventaron” con recibos simples. Del millón 200 mil pesos restante no hay comprobante.

De acuerdo con la Observación Número: FM-039/2016/014 DAÑ, se usaron recibos simples “sin el correspondiente comprobante fiscal”. Se presume posible evasión. Un caso para la Secretaría de Hacienda.

En sus conclusiones, Orfis presume la “existencia de responsabilidad resarcitoria por un probable daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal de $50,985,131.57 pesos”. Y no descarta acción penal contra Joaquín Caballero.

Y en 2017 fue peor.

Haiga sido como haiga sido, la regidora Eusebia Cortés tiene la pista para que su alcalde, Víctor Carranza, abandone su silencio, la complacencia, y actúe contra su predecesor.

 Caballero huele a carcel.

Archivo muerto

“Mi amigo”, le dice Miguel Ángel Yunes Márquez a Eduardo Sánchez Macías. Y sí, su “amigo” ya se proclama candidato del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano a diputado federal por Martínez de la Torre. Hará unos meses, el yunismo acusaba a Sánchez Macías de ser parte de la runfla que saqueó a Veracruz. Ofrecía Miguel Ángel Yunes que su gobierno investigaría a los propietarios de la cadena de pseudoperiódicos El Heraldo. A los Sánchez Macías les pagó Javier Duarte 230 millones de pesos en su sexenio, una gesta infame pues a los “heraldos” no los leen ni sus trabajadores. Fueron un barril sin fondo en el duartismo, dinero tirado al drenaje que no sirvió para mejorar ni recuperar la imagen del maltrecho Javier Duarte. Ahí, el suegro incómodo del ex gobernador, Jesús Antonio Macías Yazegey, alias el Comandante Tony, destapó a Héctor Yunes Landa para contender por la gubernatura. Ahí le dieron la de ocho columnas a Miguel Ángel Yunes Linares cuando sintieron que Héctor Yunes era un caso perdido. Después se la volverían a jugar con Héctor Yunes. Por años le quemaron incienso a Javier Duarte, pero el día en que apareció una corte de Guatemala, en vías de ser extraditado a México, se rayaron con su fotografía de primera plana: lanzado al piso de la camioneta, como un vulgar malnacido, esposado de las manos, se veía al ex gobernador, vergonzante la estampa. Así de marrulleros son. Y ahora se afilian al yunismo azul. Y Chiquiyunes trata a Eduardo Sánchez Macías de “amigo”. Qué falta de dignidad… Eva Cadena suena a dulce venganza. De Morena dice que es la peor opción política y que usa recursos públicos, los que le da el Congreso, para el proselitismo de Andrés Manuel López Obrador. AMLO, precisa, usa la simulación, el engaño, la venta de la esperanza a un pueblo necesitado de creer, para ganar adeptos en su eterna aspiración de llegar a la Presidencia de México. Suya la tribuna del Congreso de Veracruz, fustiga la diputada por el distrito Coatzacoalcos Rural al partido en el que creyó, al que la masacró tras los videos en que se le ve recibir dinero que presuntamente iría para el Dios Peje, que la retiró de la candidatura a alcaldesa de Las Choapas, que le imputó ser infiltrada del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, mientras el panista la tildaba de recaudadora de López Obrador. Al Congreso le reclama su desafuero, pese a saber que el argumento de las “pruebas ilícitas” le daría la libertad. “Lo hicieron así para proteger a López Obrador —agregó—, sin importarles el linchamiento mediático que éste asunto iba a causar, como causó, en mi contra y contra mi familia”. Sostuvo Eva Cadena que es una práctica común en Morena recaudar fondos públicos para al campaña de AMLO. “Si bien es cierto que todos los partidos son iguales, no me queda duda que los dirigentes de Morena son los peores, porque navegan con una falsa bandera de honestidad, engañando a la gente”. Eso para empezar. Luego vendrán las acciones legales que habrán de enfrentar Rocío Nahle, Cuitláhuac García y Amado Cruz Malpica, candidatos al senado, gobierno de Veracruz y distrito de Coatzacoalcos, respectivamente. Acción legal y escándalo cuando las campañas apenas comiencen… Con la uña afilada, llega el morenismo al poder. Le ponen precio al campo deportivo, al estadio, al arbitraje, a la venta de alimentos. Con hambre de negocio se mueven los adalides de la esperanza en la Dirección Municipal del Deporte, en el feudo de Tomás Téllez, su titular, suponiendo que eso es gobernar. Fuera y dentro del ayuntamiento de Coatzacoalcos, la repulsa es general. Increpa al alcalde Víctor Carranza la regidora priista Lenis Pauling Aparicio, con la comisión de deportes, urgió en sesión de cabildo, el viernes 12, a esclarecer si el ayuntamiento morenista contempla el cobro de una cuota por el uso de espacios deportivos. Sábese que los “supervisores” de la Dimude ya le pusieron precio a sus igualas “porque si ustedes ganan, también el ayuntamiento necesita dinero” Pero los cobros serán sin recibo oficial, bajo la mesa y la venta de alimentos y bebidas la realizarán los familiares de los nuevos funcionarios. Si eso inquieta, hay algo peor. Pululan los malosos en el área deportiva, gente ligada a capos, de pasado violento y presente siniestro. Lo bueno que Morena en el poder es la raíz de la esperanza. La esperanza del bajo mundo… Más zafado que antes, Saúl Wade ya depura el cabildo de Minatitlán. O eso cree. Remite oficio al alcalde de Nicolás Reyes Álvarez —al que hizo ganar con el voto priista, el de los petroleros— y tácitamente le instruye retirarle las comisiones de Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la Tenencia de la Tierra a la regidora del PRD, Erika Verónica Burgoa Gutiérrez, por el litigio que el hijo de su “cónyuge o concubino”, según califica el vesánico y arbitrario Saúl, mantiene en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el ayuntamiento. Duele la herida al hijo del cacique petrolero Jorge Wade González, que en sus días de tesorero municipal —y alcalde real, pues TítereCheng era precisamente eso, un títere— clausuró el negocio Javier Soberano Torres, mejor conocido como El Chatarrero, esposo de la edil y el fallo adverso provocó un daño patrimonial de algo así como 200 millones de pesos. Arguye Saúl Wade —l’enfant terrible— que por el vínculo familiar, Erika Burgoa debe excusarse de accionar en esa comisión o estaría violando la Ley Orgánica del Municipio Libre. Y le receta al alcalde de Morena: “De mantenerla o no excusarse de presidir dicha comisión, resultaría no sólo en responsabilidad para la misma funcionaria, sino para quien la propuso (Nicolás Reyes) y para quienes autorizaron dicha propuesta de comisión”. Prueba de fuego para el edil de Morena: o le cumple el capricho a Saúl, con el que se entendió para ganar la elección, o lo batea y saca la casta. Si es que la tiene… ¿Quién es esa candidata, agraviada por la delincuencia, privada de su libertad en el pasado reciente, liberada con medios propios, pero usada por el gobierno duartista para simular el combate al secuestro? Dos pistas: es del sur y parte del dinero del rescate se quedó en manos de los que habrían de liberar pero no lo hicieron…

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