​Políticamente disléxico, el alcalde Carranza ve claro lo turbio y recto lo inmoral. Apenas sentado en la silla presidencial, ya teje el primer negocio para su clan, el de la Succión, el de Nahle, el de los Quintanilla, que en la basura de Coatzacoalcos ven un filón de oro. 

Algo apesta, pues, en palacio.

Unos días en el poder y Morena ya cuaja el primer proyecto del grupo Robles-Hillman, una planta procesadora de basura, en terrenos de los hermanos Quintanilla —Jaime, el panista converso al duartismo, luego verde y ahora del pejepartido, faldero de Mónica Robles, y Enrique—, en tierras pedregosas, donde no crece ni el maíz ni el frijol, donde ni el más ínfimo cultivo puede pegar.

Arranca así Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el petrolero jubilado metido a presidente municipal, un gobierno que prometía esperanza y en los hechos protagoniza un caos descomunal, con inspectores de comercio que cobran piso, con vivales que lucran con el deporte y un director de policía que abdicó antes el Comandante H vuelva a circular.

Su primera crisis formal es la de la recolección de basura. Y tiene tintes de crisis artificial que abra las puertas a la privatización de la Limpia Pública.

Por donde sea, en el centro o las colonias, las calles de Coatzacoalcos son un muladar, con montañas de desperdicio y la ausencia de unidades motoras que dejaron de cubrir sus rutas por el capricho de un papanatas y su corte de bufones que lo aconsejan mal, de no dotarlas de combustible suficiente para cumplir su labor.

Inició la crisis de la basura cuando Carranza aún no comenzaba a gobernar. Un día de asueto, el 1 de enero, se presentó a desayunar con el personal de Limpia Pública y a arrancar la recolección de los residuos. Ah, qué ingrata es la memoria. Casi se queda solo. Olvidó que ese día era descanso obligatorio. Y así tuvo que degustar con los suyos los tamales con sus consabidas moscas que abundan ahí. 

Al día siguiente la dislexia política se volvió gobierno. Y Carranza siguió en su misión de vender negocios con la máscara de proyectos públicos, mostrando que no es lo mismo ser burócrata en el complejo petroquímico Pajaritos que darle rumbo a un municipio.

A las 48 horas de ejercer el poder su brújula entró en coma. Y al tiempo que crecían las montañas de basura en las calles, asomaba el rostro del Clan de la Succión, los Robles-Hillman y sus pupilos, los Quintanilla Hayek, y su negocio que apesta.

De Jaime y Enrique Quintanilla, hermanos de Arturo, el compadre cómodo de la diputada federal Rocío Nahle García, es el predio ubicado en el municipio de Chinameca que habría de ser usado para confinar los residuos sanitarios y operar la planta procesadora de basura. Un negocio de oro.

Carranza lo vende como la panacea en cuestión de saneamiento. Tendrá, pregona, un valor agregado: producirá energía.

Del proyecto hay historia. Habló de él Cirilo Vásquez Parissi, en su primera gestión como alcalde de Cosoleacaque, en marzo de 2014. Diría entonces que con ello se resolvería la acumulación de basura en la región.

Bio Proyecto Ecológico (Biocesa S.A. de C.V.), empresa de Monterrey, señaló Cirilo Vázquez, tendría a su cargo el procesamiento de los residuos. Su costo, 250 millones de pesos. Operaría en un predio de Chinameca.

Días antes de asumir la alcaldía de Coatzacoalcos, el alcalde Carranza ya perfilaba el proyecto. El 27 de diciembre señaló que las 450 toneladas de residuos domésticos serían trasladados a Chinameca, que el costo de 4 millones de pesos lo seguiría absorbiendo el ayuntamiento y que sólo restaban unos cuantos trámites ante la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de Veracruz para hacerlo realidad.

En unas tres semanas, estimaba Víctor Carranza, se tendría el aval. Y descartaba usar el predio El Rebozo, adquirido en 2004 por el ayuntamiento que encabezara Marcelo Montiel Montiel, que luego fue habilitado por el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán como confinamiento de residuos industriales no peligrosos y que le otorgó al ex secretario de Medio Ambiente del gobierno foxista, Víctor Lichtinger.

Hoy, El Rebozo no cumple con la Norma Oficial que establece que el lugar de confinamiento debe estar libre de asentamientos humanos. Pero el de Chinameca está igual.

Simultáneamente, el Clan Quintanilla comenzó a divulgar que en un predio, en el municipio de Chinameca, se instalaría la planta procesadora de basura. Y resultó que el predio es suyo.

Se trata de un terreno de 187 hectáreas, propiedad de Gravas del Sureste, S.A. de C.V., cuyos socios originales fueron Jaime Quintanilla Garza, Samy y Jorge Hayek Domínguez, Eduardo Ramírez Peredo y José Antonio Vélez. Se ubica en el camino Jáltipan-Chinameca, a 42 kilómetros de Coatzacoalcos.

Según oficio de la Comisión Agraria Mixta, fechado el 7 de octubre de 1983, un grupo de ejidatarios solicitó la ampliación del ejido Rancho Nuevo Buenavista. Uno de los predios afectados pertenecía a “Graveras del Sureste”, propiedad de los Hayek y Quintanilla. Su extensión, 187 hectáreas.

Sin embargo, en la inspección ocular se determinó que el terreno ocupaba en realidad 200 hectáreas, de las cuales 100 se hallaban registradas a nombre de Gravas del Sureste y otras 100 a nombre de Samy y Jorge Hayek, Jaime Quintanilla, José Antonio Vélez y Eduardo Ramírez Peredo.

Todos ellos aparecen en otra firma, Inmobiliaria Parque Industrial Coatzacoalcos (IPICSA), usada desde fines de la década de los años 80 para adjudicarse terrenos entre la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán y el río Coatzacoalcos.

El gobierno hernandezochoísta les otorgó los predios con la consigna de desarrollar proyectos industriales, que nunca cristalizaron. Ahí erigieron el club deportivo y social Sporting Club, La Quilla y el fraccionamiento Dos Ríos, con escrituras que se hallan bloqueadas o sujetas a investigación.

Del predio de Gravas del Sureste habla el alcalde Carranza. Dice que “hay más de 10 hectáreas en lo que antes era una gravera. Ya están ahí los grandes hoyos, huecos o depresiones nada más para que se acondicione. Cumple con todos los requisitos”.

Falso. La gravera aún existe y la explotan Jaime y Enrique Quintanilla. Y se exceden hasta para violar la ley. Según la investigación de la Unidad Integral de la Fiscalía Distrital de Cosoleacaque, número UIPJ/DXXI/SUBCOSOL/018/2017, no sólo explotan el banco de materiales del predio vecino, propiedad de Donaciano Baeza Gutiérrez, sino que ordenaron un ataque y amago, machetes en mano, al personal que intentó proteger el área.

En la denuncia están señalados Jaime y Enrique Quintanilla y su abogado, Cosme Atonantzin René Cruz Cruz, célebres por el caso de la sentencias clonadas para cobrarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una indemnización por la supuesta afectación de terrenos que no pudieron acreditar que fueran suyos en el área donde se construye el Libramiento Vial, frente a la Central Camionera de Coatzacoalcos.

Otro de los Quintanilla Hayek, de nombre Arturo, es el vértice de este tráfico de influencias. Compadre de la diputada federal Rocío Nahle, según admitió la legisladora al periodista Ignacio Carvajal, del periódico Liberal del Sur, sería uno de los beneficiarios del negocio de la basura.

“Hasta donde sé —cuenta la diputada Nahle—, un terreno o lugar para verter basura debe de contar con los permisos necesarios de Semarnat. Independientemente de quien sea, deben de estar en regla y lo más importante contar con un proyecto de relleno sanitario. Voy a checar eso”.

Le faltó decir que un proyecto de tal magnitud se debe someter a licitación pública internacional.

Víctor Carranza no habla de un relleno sanitario ni de un tiradero a cielo abierto. Dice que será el espacio para la planta de procesamiento de basura sin afectar el medio ambiente y que incluso generará energía limpia.

No refiere, por ejemplo, que ahí hay asentamientos humanos, que en un radio de 7 kilómetros “se localizan los ejidos definitivos denominados Jáltipan de Morelos, Anáhuac, Palmarillo, Hipólito Landero, Chalcomulco, Rancho Nuevo Buenavista, Zúñiga, La Virgen, Chagota, Agua Fría, San José Tilapa, Huanzuntlan, Niños Héroes o Juan de la Barrera y nuevo centro de población ejidal Tierra y Libertad”, según documento de la Comisión Agraria Mixta.

Y una fracción de 26 hectáreas ociosas dentro de Gravas del Sureste las reclamaban los ejidatarios del centro poblacional Rancho Nuevo Buenavista.

Víctor Carranza no es el amigo ni el compadre de Arturo Quintanilla. Rocío Nahle sí. Hará un par de años, Nahle y su esposo, José Peña Peña, fueron anfitriones del empresario y su esposa en un viaje por el estado de Zacatecas, cuna de la legisladora de Morena. 

Hoy, el negocio asoma. Es el sueño de Roselia Barajas, la matriarca del Clan de la Succión, que en los días en que su yerno, Iván Hillman Chapoy, era alcalde casi cuajó el reciclamiento de basura con una empresa a modo, ERA 2000, con una licitación amañada, dirigida, ventajosa. Así hasta que el fraude se descubrió. ERA 2000 no disponía de terreno, no tenía recursos, no contaba con créditos para concretar el proyecto. Una vez que le cancelaron el contrato, pretendió una indemnización.

Sirve la dislexia política de Víctor Carranza. Ve la maniobra y la transa como un acto de fe. Y así lo quiere vender.

Hoy, con los Quintanilla, el negocio va.

Archivo muerto

Buen tirito, el del fiscal Wickler contra la señora Isabel Miranda de Wallace. Ella, cabeza de la Organización No Gubernamental “Alto al Secuestro”, acusa que en Veracruz creció ese delito en un 462.2 por ciento en el primer año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, respecto a los últimos once meses del sexenio de Javier Duarte. De un total de 343 casos, según la señora Miranda de Wallace, 189 fueron reportados por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro; 93 por la procuraduría General de la República y 61 consignados en medios de comunicación. Winckler la refuta y hace su show en las redes sociales. La conmina a que revele sus fuentes. Le dice que sus cifras son inexactas. Según el fiscal del yunismo azul, Jorge Winckler Ortiz, en 2016 —último año del duartismo— ocurrieron 132 secuestros; en 2017, ya con Yunes Linares en el poder, 172, derivado de que se exhortó a la población a realizar denuncias. Señala que hay casos de extorsión, engañando el plagiario a la víctima con un supuesto levantón, pero a eso no se cataloga como secuestro. En el duartismo, acusa Winckler, se falseaban las cifras que eran enviadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública; en un mes, el gobierno de Javier Duarte reportó cero secuestros. Y conminó a Isabel Miranda a acudir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y consultar sus cifras. Le responde la titular de Alto al Secuestro: de ahí obtuvo la información. Y Winckler pierde el juicio, despotrica, increpa, acusa. Describe a la señora Wallace como duartista, impartiendo cursos a personal de la Fiscalía General, auspiciada por “Culín”, el ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, y exhibe la fotografía que la evidencia… 

Isis no tuvo tiempo de nada. En segundos, azorada por los tipos que iban por ella, impactada por sus armas y el despliegue que intimida, fue llevada sin rumbo desconocido. Isis M. U. —siglas con que se le identifica, según las mamarrachadas del nuevo sistema de justicia penal—, la señora de Luis Rogelio Madrazo Lemarroy, había dejado a su hijo en el Colegio Pearson, uno de los más exclusivos de Coatzacoalcos. Eran las 7:55 de la mañana, el miércoles 17. Frente a todos fue privada de su libertad, “levantada”, secuestrada. Aterrados, otros padres veían el plagio, alertaban, vía celular lanzaban un llamado de auxilio. Luego no se supo más. Diríase que el golpe da en el jet-set, en el círculo social más in de Coatzacoalcos, pero lo cierto es que sacude y cimbra a una pareja de bien y a una pasmada sociedad ante la impunidad con que actúa la delincuencia organizada. Golpea el plagio de Isis a su familia política, los Lemarroy. Uno de sus miembros, Rogelio Lemarroy González, ex alcalde de Coatzacoalcos, es amigo personal del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Cuál es el mensaje y para quién? ¿Se ha vulnerado ya el círculo más cercano al gober azul? ¿Quién sigue? Mientras, el alcalde Víctor Manuel Carranza Ronaldo sigue provocando lástima y risa. Como leyó en el feis que Isis ya había sido liberada, lo dio por hecho. Tras una sarta de mentadas de madre, tildado de “rependejo naco” y “mentiroso”, tuvo que recular y hasta ofrecer una disculpa pública y la promesa de mejor cerrar el pico… 

Mano ivanista, los tentáculos del Clan de la Succión en el Jurídico del ayuntamiento de Morena. Y uno que otro impresentable. Rodolfo Díaz Silva, por ejemplo, tuvo un lío judicial cuando se le imputó fraude, en 2007, al vender una casa que no era suya. Lo salvó su amigo Yohan Hillman Chapoy, notario público número 2 de Coatzacoalcos, hermano del ex alcalde Iván Hillman, allegándole 800 mil pesos. Así se libró de pasar una temporada en el reclusorio Duport-Ostión. Otro, Libio León Olmos, que combina sus lances legales —y hasta legaloides— con su faceta de empresario camionero. Posee varios autobuses de tipo turístico. En los tribunales, no hay quien no sepa que es el padrastro de la ex directora del Jurídico municipal, Amaranta Mónica Castineyra Toledo, cuando Ivan Hillman encabezaba el ayuntamiento y Mariano Moreno Canepa, el cuestionado tesorero, antes pobre, hoy empresario gasolinero, era su padrino e impulsor de su causa. Con el nombre de Amaranta, que luego llegaría a ser subprocuradora de delitos contra la mujer y la familia, en el duartismo, y el terror de las agentes del MP a su cargo a lo largo y ancho de Veracruz, Libio León gustaba de abrirse paso, o por lo menos intentarlo, en los tribunales, presionando a secretarios y jueces. Equipazo, pues, en el Jurídico Municipal. Ahí la mano de Ivan Hillman. Y luego se quejan los de Morena de que se les ligue con el nefasto ivanismo. O que se les defina como el PRI-Mor, el engendro que produjo el amasiato entre lo peor del PRI y lo más balín de Morena…

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