​Son los muertos, la tortura, las fosas clandestinas, el peor activo del duartismo. Y sus capos, Bermúdez, Nava, Meza y la tropa operando la limpia criminal, levantando al maloso y al inocente, unos por ser “halcones” y otros sin serlo, hasta disponer de sus vidas e inundar de sangre a Veracruz.

Miles desaparecieron así. Unos 3 mil 600 entre malandros y gente buena, plagiados por una policía infame, de los que nada se volvería a saber.

Un día —rezaba el modus operandi— iba por ellos la Fuerza de Reacción, la mano siniestra del falso general Arturo Bermúdez Zurita, entonces secretario de Seguridad, detectando su objetivo y atribuyéndoles ser peones de la delincuencia organizada, sus ojos y sus oídos, los que alertaban, los que reportaban cada paso dado por la policía y las fuerzas militares. Una vez en su poder, venía la tortura. Una vez en sus manos, la golpiza salvaje, el abuso sexual, hasta hacerlos “confesar”.

Otro día, la Fuerza de Reacción tomaba lo que quedaba de los “halcones” o los inocentes que nada tenían que ver y los ponía en las garras de la Fuerza Especial, a cargo de Roberto González Meza, cabeza de la Fuerza Civil, el cuerpo de élite de Seguridad Pública, al que siempre se acusó de levantar, torturar y ejecutar, en los días en que Javier Duarte mal gobernó a Veracruz. Su misión era desaparecer todo rastro de las víctimas. Y así lo hacía.

Fue, según la tesis del yunismo, una “limpia” de halcones.

Fue, según la pesquisa del fiscal Winckler, el exterminio de malosos a manos de la Policía de Veracruz. Y hasta de inocentes.

Fue una “guerra sucia”, la que usa el aparato de estado para eliminar adversarios.

Siguiendo esa tesis del yunismo, la policía de Javier Duarte actuó fuera de la ley, con acciones de tortura a “halcones” para llegar a las bandas del crimen organizado, a los sicarios, a los capos. ¿Para qué? ¿Para someterlos? ¿Para desmantelarlos? ¿Para llevarlos ante la justicia?

Que se sepa, según el discurso de Miguel Ángel Yunes Linares, antes y ya siendo gobernador, Javier Duarte y Arturo Bermúdez se aliaron con la delincuencia organizada. Entregaron su policía a los malosos. Fueron sus cómplices. Y dejaron correr la violencia.

Y ahora dice el fiscal Jorge Winckler que la razón de desaparecer “halcones” era obtener información de la delincuencia.

Inédita, pues, la aventura del fiscal Jorge Winckler Ortiz y su jefe político, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, llevando a juicio a la cúpula policíaca del duartismo, imputándoles desaparición forzada a dos ex secretarios de Seguridad, Arturo Bermúdez y José Nabor Nava Holguín; a la cabeza de la Fuerza Civil, Roberto González Meza, y a otros mandos: José López Cervantes, cuyo alias es Comandante Black, jefe de la Fuerza Especial; a Oscar Sánchez Tirado, ex director de Prevención Social del gobierno de Veracruz.

Vía el operativo “Tiro de gracia”, fueron aprehendidos 17 elementos y ex integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. A Bermúdez y Sánchez Tirado les oficializaron la orden de aprehensión en los juzgados aledaños al penal de Pacho Viejo, donde se encuentran recluidos enfrentando otros procesos penales. A González Meza se le detuvo en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde planeaba instalar un bar de lujo.

Hay acción penal contra 31 mandos y policías. Doce de ellos, entre los cuales se halla Nava Holguín, uno de los que recibían las tarjetas informativas de los “halcones” e inocentes levantados y torturados, están prófugos.

Winckler sostiene en la denuncia que de las detenciones de “halcones” no había registro oficial. Eran levantados, llevados a la Academia de Policía El Lencero, en el municipio Emiliano Zapata, en la conturbación con Xalapa. Y ahí vivían su infierno.

No había registro oficial de su ingreso pero sí tarjetas informativas que sustentaron el modus operandi de la acción criminal. Testimonios al interior de la SSP establecieron una dinámica siniestra, orquestada por Arturo Bermúdez, el general de cero estrellas, a la que ni remotamente sería ajeno su jefe político, Javier Duarte.

2013 registra por lo menos 15 casos de jóvenes desaparecidos, sometidos a tortura, levantados por la policía criminal del duartismo.

A todos se les llevó a la Academia del Terror. Y ahí, a “cantar”, a explicar por qué en sus teléfonos celulares había mensajes ubicando las acciones de la policía y militares. Y aunque sirvieran a Los Zetas, no tenía por qué haber tortura, ni muerte, ni cuerpos en fosas clandestinas.

Consta en el expediente qué mandos y tropa actuaron violando la ley, sus áreas de adscripción, su rango, las patrullas en que se realizaba el levantón.

De las 202 carpetas de investigación en que se imputa desaparición en Veracruz, Winckler consigna sólo 15. Y con eso detona el operativo “Tiro de Gracia”

Por El Lencero pasó Gibrán Martiz, el joven cantante que participara en el certamen La Voz México, en Televisa. Un día fue por él un grupo policíaco. Lo sustrajo de su departamento en Xalapa. Con él fue llevado un amigo de Gibrán.

Todo ocurrió a plena luz del día, sin pudor, sin inmutarse, irrumpiendo en el edificio ante la mirada de asombro, atónitos los vecinos. Hubo fotografías que identificaron la patrulla.

Días después, luego que el gobierno duartista implementara una campaña de lodo, vinculando a Gibrán Martiz con el crimen organizado, difundiendo fotografías donde empuña un arma, pero extraídas de un videoclip promocional, los jóvenes fueron hallados sin vida. 

Bermúdez y su banda realizaron un montaje —un mal montaje—. Simularon un enfrentamiento entre malosos y en uno de los autos aparecieron los cadáveres.

A través del GPS del teléfono celular de Gibrán, su padre logró establecer que estuvo en un sitio cercano al domicilio del ex secretario Bermúdez y luego en la Academia de Policía El Lencero. Y después le arrancaron la vida.

A Jacqueline Espejo, mujer policía, la torturaron sus compañeros para que incriminara a un jefe del mismo apellido. Debía decir que él tenía vínculos con el crimen organizado. Y ella asumir que tenía en su poder tabiques de marihuana.

Increíble su resistencia, Jacqueline Espejo sobrevivió a la tortura. Denunció el atropello ante sus superiores y Bermúdez ordenó su traslado a Pánuco, tierra de Zetas.

Era 2013. Jacqueline Espejo hizo público su caso. Lo supo la prensa. Lo supo la opinión pública. Lo supo Javier Duarte. Y la labor de exterminio siguió. 

Yunes, fiel a su estilo, se rebasa hoy en elogios a Winckler. A medias tiene razón. “Tiro de gracia” es la primera acción contra un régimen criminal, el de Javier Duarte, que usó a la policía estatal para aplicar la tortura, matar “halcones” e inocentes, desaparecer a las víctimas. Y Winckler les imputa desaparición forzada que es delito lesa humanidad, el que no prescribe, el que refundirá en prisión a Javier Duarte.

“Tiro de gracia”, sin embargo, concierne a 15 casos y el Jacqueline Espejo. Hay 202 carpetas de investigación abiertas. Hay 3 mil 600 desaparecidos en Veracruz, herencia del duartismo, y 67 víctimas halladas en fosas clandestinas en el gobierno yunista.

Winckler es apenas parte de lo que sostiene Yunes, el fiscal incomprendido y denostado, criticado y vapuleado, el que aguantó la felpa mientras le seguía la pista a la policía criminal de Javier Duarte.

Y Winckler se infla. Y ha de creer que merece el aplauso y que le hace el favor a Veracruz. Dar resultados no es un favor; es su obligación legal.

Su desdén a las madres de los desaparecidos, sus frases oprobiosas, su silencio, su cerrazón, lo refunden en el drenaje de la historia. Que si no tiene caso reunirse sólo para platicar. Si no siente en la piel el dolor de las madres que buscan a sus hijos, que no las agravie.

Y se rodea de lo peor. Que si el niño fiscal duartista, Luis Eduardo Coronel Gamboa, con su insultante frase: “¿Y cuál es la prisa, si están desaparecidos?”, antes de lanzarse al reven en El Barezzito de Xalapa.

Lo detestan las madres de los desaparecidos. Lo quieren fuera las señoras del colectivo Solecito. Detestan también a Marcos Even Zamudio, otro duartista, implicado en trapacerías y omisiones del ex secretario de Turismo, Harry Grappa. Amigo del fiscal Winckler, Even ahora quiere ser fiscal anticorrupción. Y Satanás ha de querer ser cardenal.

Y todo bien para Winckler, sólo que algo no encaja.

Duarte y Bermúdez fueron, según el discurso yunista, cómplices de la delincuencia organizada. Dinero del narco, del Cártel de Los Zetas, sufragó parte de su campaña del priista Javier Duarte al gobierno de Veracruz. ¿Qué caso tenía torturar a los “halcones” para saber quiénes eran los mandos de Los Zetas si con esa banda había un pacto de impunidad?

Tesis ilógica de Winckler que muestra a Bermúdez, Nava, González Meza, otros mandos y decenas de policías levantando y torturando “halcones” para combatir a la banda criminal con la que se entendían a la perfección.

O sea, con operativos ilegales —tortura, asesinato, desaparición— trató el duartismo de acabar con la delincuencia que lo ayudó a llegar al poder. Winckler lo podrá explicar.

A menos que desde 2013 Javier Duarte y su clan hubieran desconocido pactos. A menos que con su policía haya desplazado a otros grupos criminales para disponer de todo Veracruz.

Y así nació el Cártel de Duarte.

Archivo muerto

Una más del tesorero municipal José Manuel Pozos Murillo. Sin más, niega facturas por pago de contribuciones y derechos, entre ellos el impuesto predial. Y así le complica la vida a empresas e instituciones que requieren del comprobante que les ha de servir como deducible ante la Secretaría de Hacienda. Hay ya quejas verbales, aún no formales, en la SHCP. Y en breve, de continuar la reticencia del tesorero municipal de Coatzacoalcos, habrá una cascada de denuncias que impactarán una vez más a la administración del inexperto alcalde de Morena, Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Aduce el personal de la Tesorería que no pueden generar los sellos fiscales, que no hay sistema para vincular el pago con la SHCP. Y sí, la página oficial del ayuntamiento carece de la aplicación para realizar el trámite y obtener la factura. En 42 días del gobierno morenista, el tesorero Pozos Murillo no ha podido resolver la demanda de los contribuyentes. Y muchos, los que requieren la factura para deducir impuestos, han dejado de pagar. Hacienda ya tiene evidencia de la evasión fiscal. Sólo resta que las denuncias fluyan y de entrada, como medida de apremio, clausurará las cajas de Tesorería. Y el alcalde Carranza hecho una contradicción: pregona que su reingeniería administrativa le generará más recursos y su tesorero ahuyentando a los contribuyentes por su negativa a facturar. Pues que la SHCP lo apriete y santo remedio… 

En corto, Joel Alejandro Arellano Torres le desliza al alcalde Carranza qué decir y cómo hacerlo. Su nuevo vocero, traído del Michoacán violento, cuando Fausto Vallejo se hablaba de tú con los Caballeros Templarios, y de la Cámara de Diputados, hace las veces del chícharo del edil de Coatzacoalcos. Preguntan los reporteros y el alcalde Víctor Carranza Rosaldo escucha. Y de pronto, casi montado en su espalda, Joel Alejandro Arellano le marca la ruta. Releva el joven comunicador a Roberto Pérez López, quien sólo duró 30 días al frente de la Dirección de Comunicación Social del ayuntamiento, ahora convertido en subdirector —con un gramo de dignidad, lo mejor hubiera sido renunciar—. Le brota la pus a Joel Alejandro apenas asume el cargo. Le actualizan una información que circula en internet en que se da cuenta que el vocero del alcalde fue director de Comunicación Social en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Michoacán, y en su Procuraduría estatal, y en ella le imputan tráfico de influencias y vínculos con policías que ejercían la tortura. Más que por su estadía en Michoacán, Joel Alejandro Arellano llega por su cercanía con la diputada federal Rocío Nahle García, de quien fue operador de prensa desde el 24 de octubre de 2017 en la fracción de Morena hasta que lo enviaron a Coatzacoalcos a moverle las cuerdas vocales al alcalde. Con la señora Nahle, era el que atendía a la prensa nacional, los reporteros de la fuente acreditados en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y cuando se le ve susurrarle al oído al alcalde, viene a la memoria la célebre frase de Rubén Aguilar interpretando las tres neuronas de Vicente Fox: “Lo que el presidente quiso decir”…

Llegando, llegando, la uña afilando. Y el señor Rendón, pieza del yunismo azul para vaciar lo que queda de CMAS, ya instruye a abrir una cuenta especial para aquellos usuarios del servicio de agua a los que trae en la mira. Cuentan los insiders que lo vivido con Rafael Abreu Ponce en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos —o CAEV— es nada comparado con lo que se ve venir. Ahí siguen las edecanes, los pistoleros, los cuates y los “aviadores” con los que simulan que operan el voto para el candidato de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano a gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez. Ahí anduvo —y anda— la ilustre secretaria nudista, la de las fotos en las principales oficinas de CAEV Coatzacoalcos con las que detonaría un escándalo, cuyo silencio costó varios miles. Y minutos después se le vio trepar en el auto de un voluminoso líder de una Llave Ciudadana que no abre ni la puerta de la casa del perro. Pero nada como crear cuentas nuevas para jugosos cobros a colegios particulares, hoteles, lavados de autos y tintorerías. Algo despide tufo a rata. Por algo será… ¿Quién es ese juez, cuestionado juez, del que se sabe compró el título para ejercer como abogado, recordado por aquel incidente en sus años mozos, irritado hasta perder la cabeza y amenazar con una tijeras a la catedrática que le impartía la clase de Biología en el “prope”? Emite sentencias, sí, pero no las elabora. Para eso tiene a un auxiliar con el colmillo retorcido. ¿O no don Edel?…