Sobre un embuste teje Tania Cruz la impunidad de su hermano Jonathan “N”, acusado de pederastia, de obligar a una relación sexual a una joven hondureña —16 años, refugiada— en días de campaña, cuando Morena iba por la diputación federal y lo mismo pedía el voto que hacer justicia, cuando en el discurso se denuncia la violación a los derechos de los olvidados y el atropello de los que detentan el poder.

Aprehendido, enfrentado a la ley, Jonathan fue remitido este sábado 6 ante una juez venal que apenas lo vio le varió el delito por el de estupro y lo dejó ir.

Fue detenido pero Tania Cruz dice que no. Cuenta que se apersonó.

Fue intervenido por agentes ministeriales, revisado por un médico, leídos sus derechos y puesto en las bondadosa manos de la juez Ludivina García Rosas, de acre fama y pésimo historial.

Pero Tania Cruz sostiene que no.

“Acudió por su propia voluntad”, cuenta la diputada federal por Coatzacoalcos, resguardando el nombre y el parentesco, aludiéndolo sólo como “la persona que se señala como familiar”.

Hará cuatro meses, y unos días más, Tania Cruz instaba a votar para Morena, darle el voto a López Obrador, retener la diputación federal en el distrito 11 de Veracruz, ganarse una curul en San Lázaro, así terminara siendo, por su bajo perfil, una diputada del montón.

Hará cuatro meses comenzó la pesadilla de la que puede despertar.

Andaba en calles de tierra, en colonias y congregaciones. Pregonaba el cambio, el nuevo destino de México en manos de Andrés Manuel López Obrador. Tocaba puertas, estrechaba manos, recibía cumplidos, sonreía y escuchaba el reclamo de los pobres, la voz de los que demandan otro rumbo para Coatzacoalcos, para Veracruz y para la nación.

Y entre su porra y sus huestes, en la avanzada y la reta, un grupo singular: la juventud morenista. 

Y ahí uno de ellos, el más preciado, su hermano Jonathan.

Jonathan, instructor de pesas, ganador de preseas, laureado deportista, comandaba al equipo juvenil de campaña. Y entre ellos una joven nativa de Honduras, menor de edad, de identidad reservada, con la que trabó amistad… y algo más.

Un día, 30 de abril, la contactó vía mensaje en la red social WhatsApp. Le pedía salir. Le dijo la joven que sus padres se oponían y a cierta hora le retiraban en teléfono celular. Le expresó, sin embargo, que ya tarde podría escapar.

A eso de la 1:30, Jonathan pasó por ella. Y fueron a “platicar” mientras circulaban en el vehículo azul, con logo de Morena, el partido de López Obrador, según consta en un documento del juicio que enfrenta el hermano de Tania Cruz.

Enfilado hacia el centro de la ciudad, Jonathan decidió entrar al motel Secreto, ubicado sobre avenida Universidad. Ahí, según dijo a la joven, platicarían y verían televisión. Ya en el interior de la habitación la chica entró al baño y al salir observó las luces estaban apagadas aunque la oscuridad no era total. Se sentó en la orilla de la cama y Jonathan la tomo de la mano. 

“Él agarró mi mano derecha y se la puso en el pecho. Sentí que estaba desnudo. Mi reacción fue quitar la mano y le dije ‘qué te pasa si íbamos a platicar nada más’. Y agarró y me empezó a jalar mi pantalón de mezclilla. Yo lo empujaba pero él como que me abrazaba pero muy fuerte y me lastimaba mi piel. Me quitó mi ropa tanto interior como mi brazier y blusa (…) En eso me hizo un movimiento muy rudo y me jaló hacia él y me rasguñó la espalda. Me lastimó la entrepierna. Me abrazó mi mano. La tenía hacia abajo y él me tenía abrazada. Y su miembro me lo metió en mi vagina. No recuerdo cuánto tiempo pasó esto. Una vez terminado esto, (él) se metió a bañar”. 

De ahí, según el relato contenido en la indagatoria, Jonathan “N” llevó a la joven hondureña a una Farmacia Iza y le compró un anticonceptivo. Eran ya las 5 de la mañana del 1 de mayo. Ahí los ubicó la familia que entonces se movía con una patrulla de la policía.

En su denuncia, la chica revela el nombre de un antiguo novio. Seis meses antes —dijo— sostuvo relaciones pero no sangró. “Con Jonathan sí sangré poco”, expresó.

Según exámenes practicados por el área forense, hubo ruptura de himen y desgarro vaginal. 

Aquel día Jonathan estuvo detenido. La chica formalizó su declaración asistida por su papá, Franklin   Edgardo Cabrera Silva. El asesor jurídico del padre era Eddy Iván González Santiago.

Era la versión de la víctima y el padre y su familia la avalaron. Se le apercibió de las penas que le resultan a quienes emiten declaraciones falsas a la autoridad. Y dijeron que esa era la verdad.

Horas después, según versiones periodísticas, la familia de Tania Cruz abogaba por Jonathan. Invocaban la condición migratoria de los padres de la víctima, su origen hondureño. Argüían que aquello no era ni violación ni pederastia. Se ofrecía —según las notas de prensa— un auto y dinero a cambio de desistirse. Pero el caso siguió.

Enfrentaba el proceso penal 143/2018 por su presunta responsabilidad por el delito de pederastia agravada en agravio de la joven menor de edad de identidad reservada a la que se le identifica como 87A, a la que conoció en campaña, en las filas de la juventud morenista de Coatzacoalcos.

Y Jonathan se mantuvo en libertad.

Así, libre, hasta el sábado 6. Cuatro meses después le fue ejecutada la orden de aprehensión 933/2018 de fecha 8 de mayo de 2018. Lo abordaron agentes ministeriales sobre la avenida Universidad en el estacionamiento de Plaza Cristal.

Esa noche del 6 de octubre trascendió la detención de Jonathan. Al día siguiente —domingo 7— se realizó la audiencia en el juzgado de Control y Ludivina García Rosas, su titular, le varió el delito de pederastia a estupro, ignorando que la chica declaró haber sido forzada, otorgándole al imputado beneficios para enfrentar el juicio en libertad.

Ahí se vio a la diputada Tania Cruz, según relatan periodistas y personal del juzgado, cabildeando para lograr que la justicia se aplique en la milpa ajena y no en la familia de la diputada federal.

Horas después, Tania Cruz negó la realidad.

“Logramos saber —expresó en un comunicado— que en ningún momento se ejecutó orden de aprehensión alguna, por lo que es preciso aclarar que la persona que se señala como familiar, acudió por su propia voluntad ante la instancia procuradora de justicia a hacer valer su derecho a defenderse ante los señalamientos que se le imputan. De igual forma, el antes citado en ningún momento estuvo eludiendo la acción de la justicia, toda vez que jamás fue requerido por la autoridad competente para aclarar tales señalamientos.

“La persona señalada como mi familiar, obtuvo su libertad bajo las reservas de ley, ya que la autoridad no encontró elementos suficientes para solicitar su retención”.

Su engaño es frágil. Y una patraña. Hay evidencia de la aprehensión, ejecutada a las 18:50 del sábado 6 en el estacionamiento de Plaza Cristal. Jonathan no se entregó. Y no obtuvo su libertad bajo las reservas de ley. Está sujeto a juicio y la Fiscalía de Veracruz de inmediato apeló a la variación del delito concedido por la juez de control de pederastia a estupro.

Invoca la fracción IV del artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece que incurre en pederastia agravada “quien contacta a su víctima mediante el uso de internet, telefonía o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación hubiese contactado y propuesto a la víctima un encuentro”.

Pero a la juez le valió.

Ludivina García, la juez que le suavizó el cargo, enfrenta denuncias públicas por facilitar la liberación de acusados de pederastia y de aplicar sentencias mínimas a agresores de mujeres. 

Su esposo o ex, Marco Antonio Lozada Moo, subprocurador fidelista y duartista, es el director de Capacitación de Jueces en el Poder Judicial de Veracruz. Fue señalado en el caso que consigna declaraciones de integrantes de Los Zetas como parte de una red de protección, en Córdoba, detonados por la revista Proceso.

Una auxiliar de Ludivina García Rosas sufrió, hará un par de meses, un atentado en Coatzacoalcos, rafagueado su automóvil, ella en su interior, incrustándose algunos cristales en su cuerpo, uno de ellos en su ojo. Luego pidió su cambio a Xalapa.

Es Ludivina la tabla de salvación de Jonathan, el hermano incómodo de la diputada federal Tania Cruz. Andará libre a menos que la Fiscalía logre que prospere la apelación y se le juzgue por pederastia agravada con una pena de 40 años de prisión.

Primero fue Aarón Azahel Ayuso Collins, asesinado junto con su esposa, en la colonia 24 de Octubre, al poniente de Coatzacoalcos. Se halló en su vivienda marihuana y crack. Aarón era hijo de María Sandra Collins Coronel, operadora de la senadora Rocío Nahle y actual directora de Programas Sociales del ayuntamiento de Morena.

Luego Jairo Jafet Dzib Lara, inscrito en la nómina municipal, adscrito a la presidencia municipal, acusado de ser el autor intelectual del secuestro de la estudiante de Medicina, Lesly Bucio Palma, en Boca del Río.

Ahora Jonathan “N”, hermano de la diputada federal Tania Cruz Santos, imputado de pederastia agravada contra una joven de 16 años de origen hondureño.

Los tres de Morena, los tres del círculo de plata de Rocío Nahle.

¿Cómo era? Ah, sí: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo.

Y mientras, la diputada, hermana de Jonathan, maniobra y miente.

Con un embuste tiende un puente hacia la impunidad.

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Archivo muerto

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Por algo, a Víctor Carranza le da por jugar con el juez federal. Juega al desacato, a la soberbia, a la violación de un amparo. Vapuleado, tiene ya dos suspensiones en contra, una provisional y otra definitiva, en el juicio 1132/2018 que impiden la construcción del Parque Central Miguel Hidalgo, proyecto del Clan de la Succión de los Robles y los Hillman, y sus rémoras, la Nahle y el presidente municipal Víctor Manuel Carranza Rosaldo, o los Pintos y los Fosados, trepados todos en la inversión de Pemex, vía el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), de 60 millones de pesos. Y cuando debió acatar y mantener todo “en el estado en que se encuentra”, según la resolución del juzgador federal, Carranza prosigue las obras como si lo suyo fuera —y sí que lo es— violar la ley. Por si alguien no se lo contó, la suspensión definitiva surte efectos sobre la totalidad del inmueble, los 96 mil 101 metros cuadrados, casi 10 hectáreas, contenidos en la “Unidad Deportiva Miguel Hidalgo”, como se denomina a ese predio y como especifica la escritura 47,057, de fecha 3 de diciembre de 2014, pasada por la fe del notario público Francisco Montes de Oca Zárate, con la que se desincorporó ese bien del fundo legal para incorporarlo al patrimonio municipal del ayuntamiento pero que no concluyó su trámite en el Congreso de Veracruz. O sea, el alcalde Carranza tiene, no uno sino dos problemas: por una cuestión de trámite y legalidad, el ayuntamiento de Coatzacoalcos no es propietario del predio y oficialmente el uso de suelo es “deportivo”. Alguien en su equipo legal, por error o con dolo, le ocultó qué tan profundo es el pantano en que anda metido. Alguien lo engaña con el cuento de que la suspensión definitiva otorgada por el juez Juan José Contreras Moreno a la Liga Municipal de Futbol no surte efecto sobre toda el área deportiva y por ello, fuera de los espacios que ocupan las canchas de las diversas ligas, se puede construir. Vil patraña. La suspensión definitiva aplica sobre las 10 hectáreas que ocupan el inmueble en disputa. Mientras, el alcalde Carranza ya violó el amparo, que es violar una resolución del Poder Judicial Federal, que implica sanción, y si persiste, multa, destitución del cargo y cárcel… A las puertas de catedral, se solicita el exorcismo del alcalde. Que Víctor Carranza deje los golpes de pecho y se humanice, que no construya tesoros en la tierra sino en el cielo, que ya no despida personal. Que cese el atropello laboral —rueguen por él—. Que vuelva sus ojos misericordiosos al trabajador de a 2 o 3 mil pesos al mes —rueguen por él—. Que reinstale al empleado que tiene familiares enfermos, unos inválidos, otros con esquizofrenia, los que sufren accidentes de trabajo y el IMSS se resiste a reconocerlos como tal —rueguen por él—. Y al padre Nicasio le dicen, lo conminan: “Sólo le pido que lo exorcice y le saque el chamuco”. Y que el alcalde de Coatzacoalcos no sea “come santo y caga diablo”. Y que Víctor Carranza Rosaldo cese en su afán de dejar sin empleo a trabajadores de carne y hueso, no aviadores, los que perciben una miseria frente a los de la élite de Morena, los que llegaron con el alcalde y ganan una fortuna por hacerlo todo mal. Así sea…

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