​Un dardo agudo —más ponzoña que veneno— da en el yunismo azul, imputándole Cuitláhuac un engaño burdo, un fraude de mil millones, un sistema de videovigilancia que así como está ha de servir para matar —por lo menos de risa— a los cárteles que hacen de Veracruz el paraíso de la violencia sin fin. Y Yunes sólo ve, lo mide y desafía al gobernador.

Al quinto mes de gobierno, Cuitláhuac García centra su embestida en el programa de vigilancia y seguimiento para reforzar la seguridad pública, del que Miguel Ángel Yunes Linares, su antecesor, alardeó y no terminó de arrancar.

Ahí, dice el gobernador, y  más aún su tripulador oficial, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, hay corrupción, pagos indebidos, incumplimiento, daño al erario y una burla a Veracruz.

Sumado al coro, el tercero a bordo, Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública, describe el incumplimiento de la compañía Comtelsat y lo detona en la prensa nacional.

Y Yunes acusado de ser parte del fraude.

Agazapado, el gobernador no acudió a interponer la denuncia. Acudieron a la Fiscalía General de la República, el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros, y el titular de Seguridad. Y activaron una bomba que no se sabe a quién le va a reventar, si al destinatario o al que la armó.

Yunes, en sus días de gloria, se ufanaba que con ese sistema de videovigilancia Veracruz tendría un mejor instrumento para enfrentar a los cárteles y a la delincuencia común. Serían 6 mil 324 cámaras instaladas en las principales ciudades y en áreas donde la incidencia delictiva es mayor.

Fiel a su costumbre, fijó una fecha para la interconexión: 15 de septiembre de 2018. Y llegó la fecha y Comtelsat no cumplió.

Desde agosto de ese año, Comtelsat debió entregar el programa funcionando. Y falló. Alegó problemas en la instalación de la fibra óptica y la ubicación de las cámaras. Solicitó una prórroga en términos del contrato suscrito con el gobierno de Veracruz y se le concedió, so pena de serle aplicada la multa de 500 mil pesos diarios.

Yunes concluyó su mandato el 30 de noviembre de 2018. Anunció entonces que se había interconectado el sistema y que había entrado en operación. 

A Cuitláhuac no le cuadra. De las 6 mil 324 cámaras, sólo funcionan mil 695, el 28 por ciento operando con deficiencias, según el shérif Hugo Gutiérrez. Hay 4 mil 354 equipos sin operar.

Según datos oficiales, la inversión fue de mil 100 millones de pesos y los puntos de instalación se ubicaron en los C4 y C5 de Pánuco, Poza Rica, Fortín, Xalapa, Veracruz y Cosoleacaque.

A la fecha, el incumplimiento es brutal: en Fortín, de las 676 cámaras, ninguna funciona; en Poza Rica, de mil 120 equipos, funcionan 10; en Cosoleacaque, de 990 programadas, funcionan 62; en Xalapa, de mil 228 cámaras, trabajan 339; en Veracruz, la región de control yunista azul, de mil 631 dispositivos, funcionan mil 196, y en Pánuco, zona de influencia zeta y del Cártel del Golfo, de 380 instalados, operan 88.

Acusados de ser corresponsables en el fraude de mil 100 millones, los yunistas se defienden. Jaime Téllez Marié, ex secretario de Seguridad, detalla cómo fueron los tiempos de instalación, el retraso en que incurrió Comtelsat, que debió entregar el programa funcionando en agosto de 2018, la prórroga que solicitó en términos del contrato y la penalización de 500 mil pesos tal día.

Llegado Cuitláhuac García al poder, inició la embestida política, el uso mediático y el amago judicial. Y los errores del gobernador.

Vencidos los tiempos, aplicadas las penalizaciones, Comtelsat intentaba proseguir los trabajos de instalación del sistema de videovigilancia, pero no pudo. La SSP los bloqueó.

Vía su representante legal, Gabriela Montaño Zúñiga, cursó oficio a la directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, Alliet García Cayetano, en el que acusó que a partir del 29 de enero pasado “de manera extraoficial se ha negado el acceso a Comtelsat al proyecto”.

Agrega el documento que se podría implementar “una excluyente de responsabilidad” al haber entregado los bienes —cámaras, equipo eléctrico, dispositivos de enlace— se realizó en su totalidad y su entrega para funcionamientos se halla en “etapa de conclusión”.

Cuitláhuac y su equipo tripulador iniciaron la rescisión del contrato SSP-UA-111-17, suscrito por el gobierno de Yunes y Comtelsat el 7 de diciembre de 2017. Pero viciaron el procedimiento.

Hugo Gutiérrez Maldonado pregona que el sistema es un fraude, a medio instalar, si acaso el 28 por ciento de las 6 mil 324 cámaras.

Comtelsat arguye que si no han continuado los trabajos es porque la SSP les impidió desde el 29 de enero acceso a las instalaciones para proseguir con la instalación e interconexión.

“Mi representada se ha visto impedida para llevar a cabo actividad alguna tendiente a la finalización del proyecto”, dice la apoderada legal.

Comtelsat atribuye el retraso en el proyecto a modificaciones solicitadas por el gobierno de Yunes, en cuanto a realizar instalación inalámbrica para no afectar la imagen de algunos pueblos mágicos, por las condiciones de la orografía, por inclemencias ambientes y por la veda electoral de 2018, que abarcó cuatro semanas.

También señala que el gobierno de Cuitláhuac García solicitó adecuaciones al inicio de su gestión.

El abogado Rodolfo Reus, apoderado externo de Comtelsat, sale al paso de la denuncia del gobierno morenista de Cuitláhuac García y refrenda la negativa de la SSP a que la empresa continuara realizando los trabajos.

Y esgrimió que Comtelsat solicitó una prórroga de 160 días para dejar funcionando el sistema de videovigilancia, que no le ha sido concedida.

Estridente, la denuncia tiene un defecto de origen. Si la SSP impidió a Comtelsat acceso a las instalaciones para continuar con la colocación de cámaras, contribuyó al incumplimiento.

Craso error de Cuitláhuac. 

Hay otro ingrediente cáustico. Según el periodista Víctor Hugo Arteaga, en Central FM, Alliet García Cayetano, directora jurídica de la SSP, es media hermana del gobernador Cuitláhuac García.

O sea, nepotismo, negligencia y mano sucia.

Dice Víctor Hugo Arteaga:

“Alliet García, la directora jurídica de la SSP es media hermana del gobernador del estado y a pesar de que la empresa en reiteradas ocasiones ha sido reconvenida por altos funcionarios de Cuitláhuac García, sigue sin permitir a Comtelsat ingresar de nueva cuenta para continuar el proyecto”.

Quinto mes y del combate a la corrupción tácitamente nada. Si acaso los 55 millones en renta de vehículos en la Sedesol estatal, que Indira Rosales, la extitular, atajó, y los 5 millones en la Secretaría de Educación por autoasignación de plazas, según la versión del secretario Zenyazen Escobar, el Tarzan Boy en sus años de striper.

En números, una minucia.

Le quedaba el sistema de videovigilancia y Alliet García lo vicia.

Y Yunes los ve. Y vuelve a la vida pública. Saluda a los amigos, se deja ver. Sonríe como lo hacía ante los 400 Pueblos mientras era asediado, volando las piedras, insultado, a punto de ser linchado a las puertas del Congreso y vuelve a reír. Así torea al gobernador.

Ataca Cuitláhuac y Yunes lo desafía.

Archivo muerto

“Estoy llegando de Nueva York —expresó Claudia con un dejo de pedantería— y estoy en la ciudad de México. Esa camioneta no es mía”. Luego agregó: “Yo no tengo pareja sentimental ni estoy casada. Pueden investigar. Saludos cordiales”. Y así su deslinde inútil mientras su “novio”, Mario “N” era trepado en una patrulla, aprehendido por Policía Naval, tras la detención a manos de ciudadanos y una sarta de golpes que le asestaron. Los navales se lo llevaron. Los navales lo pusieron a disposición, acusado de violación a una menor de 13 años. Negaba Claudia Balderas Espinoza, la senadora de Morena, esa relación mientras en el frente opuesto atizaban el fuego las huestes de Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía donde el tráfico de influencias es ya factor de corrupción. No era su novio y horas después, apenas rayando el día, los portales de los maras de Rocío Nahle difundían la historia negra del príncipe azul de la joven senadora de Morena, Mario “N”, alias El Gato: una detención en Utah, Estados Unidos, acusado de posesión de drogas, y su condición de asesor en el Senado de la República con salario de 15 mil pesos mensuales. Sabrá dónde quedaron los filtros para el reclutamiento de personal. Sabrá dónde dejó la ética la senadora. Y el contrato suscrito en el Senado en los portales y las redes sociales. Y seguía negando el romance cuando se conocían las fotos, de manita sudada, y el abrazo con el atarantado secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros, y El Gato Violador como testigo; refutándola los habitantes de Villa Allende, advirtiendo que a todos lo presentaba como su esposo; y la airada defensa de su amor en las redes con lenguaje soez, increpando a la esposa oficial del señor Gato, con aquello de que “le abres las patas a medio Belice”. Wow. La Cartilla Moral del Dios Peje en su máxima expresión. Entre Eusebia, la regidora, y la senadora ex de Nahle, con palabrotas de arrabal, ni a cuál irle. Y horas después la justicia adquiere color Morena. Por violación a los derechos del presunto violador y por que el padre de la víctima se arrugó, la jueza de control, Glenda María Zúñiga Meza, lo deja ir. Juntos, pues, siguen haciendo historia… 

Osiris piró. Cayó bajo las balas de un grupo rival, a unos metros del Café del Mar, el restaurant que montó a espaldas de Petrocinemas, sobre el canal y área verde que divide la Petrolera de la Puerto México. Cayó el cuñado del Comandante H, alias Hernán Martínez Zavaleta, célebre éste por el crimen de cuatro niños y sus padres, en julio de 2017, y por su condición de líder zeta en Coatzacoalcos, y por su desparpajo para entremezclarse con el jet-set, convivir con alcaldes, pagarle la cuenta a militares y navales, disfrutar de los favores de hoteleros de algún Atracadero y sentirse dueño, no sólo de la plaza sino de la ciudad. A Osiris García Castillejos lo alcanzaron las balas de los rivales, la limpia que ejecutan a diario sus enemigos. Su muerte implica —implicará— algo más… Ya casi es subdelegado del IMSS en Coatzacoalcos y Guillermo Ibarra aún despide tufo a corrupción. Llega de la mano de Martín Cabrera Zavaleta, nuevo titular en la Delegación Veracruz Sur, su brother que sucumbe al tráfico de favores y por un avión particular, el del constructor, lo coloca donde hay. Huele a joaquinismo, a negocios turbios y otros trastupijes, el descomunal robo de los pozos de agua no apta para el baño y el aseo de utensilios de cocina, perforados en tiempo récord para enfrentar los constantes cierres de la presa Yuribia cuando los ejidatarios de Tatahuicapan gustaban de apretar, chantajear y lucrar con sus 2.5 millones de pesos al mes. Aquel atraco lleva un autor, Joaquín Caballero Rosiñol, y un operador, Guillermo Ibarra, entonces director de Infraestructura del ayuntamiento de Coatzacoalcos. Al constructor de los pozos le quedó a deber 700 mil pesos por un contrato de 8 millones de pesos. Pero en la contabilidad se registró 40 millones, desviados vía pagos a empresas amigas, una de ellas denominada GEN33, la misma que aparece en los reportes del Órgano de Fiscalización Superior. De las trapacerías de Guillermo Ibarra constan las conversaciones con el constructor, admitiendo adeudos y luego negándolos. Y suponer que esto es lo que Martín Cabrera Zavaleta quiere para el IMSS Coatzacoalcos… 

De los archivos del Congreso emerge un acta de cabildo, la que avala la concesión de la cancha con pasto sintético a favor del presidente de la liga Futbol 7, Ember Ballinas. Fuera de esa, no hay otra, ni la apócrifa que exhibió el secretario del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Miguel Pintos Guillén, con todo y su peritaje balín. Categórico, el titular del área de Amparos del Congreso, Amadeo Condado Espinoza, responde al juez noveno federal que el acta de cabildo de fecha 24 de octubre de 2014, es la que contiene la concesión a Ember Ballinas. Ahora viene el ajuste de cuentas, que el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo y el coordinador jurídico, Agustín Jiménez —sobre todo éste— asuman su responsabilidad; que Pemex revise en qué condiciones se aprobó la entrega de 60 millones de pesos del programa PACMA para la construcción del espacio ecológico Parque Central en un predio atestado de litigios, donde el Comediante Supremo ha violado amparos, destruido instalaciones del campo Revolución, incluido el robo de un minisplit, porterías y dinero, por lo que están denunciados en la Fiscalía Regional y ahora ante la Fiscalía Anticorrupción. A Ember Ballinas sólo le podrán tumbar su concesión mediante un juicio civil, y eso se lleva unos años. ¿Cómo se verá el Comediante Supremo bajo arresto, previo juicio de desafuero, of course?… 

Hartos de la treta y la dilación de pagos, un grupo de empresarios van sobre el alcalde Víctor Carranza. Primero, le reventarán las sesiones de cabildo. Luego le bloquearán el malecón de Coatzacoalcos. Más adelante, le apostarán su maquinaria de manera permanente en el parque Independencia y le bloquearán los accesos a la Expo Feria. Y todo por no pagar. Y por joder… 

¿Quién es ese político en desuso, alcohólico 24/7, que la noche del jueves 4 estampó su vehículo contra una palmera del fraccionamiento Balcones del Mar, donde tiene una casa, y luego se enfiló a su segundo hogar, en Iquisa? Ocurrió el siniestro a eso de las 9 de la noche, en Olas Altas, entre Playa y Revolcadero, sin que los vecinos se inquieten pues ya conocen las andanzas del empedernido borrachín, alias el Marianín…

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