​Negligente, potencialmente criminal, la Secretaría de Seguridad dejó solo, inerme, vul-ne-ra-ble a Celestino Ruiz, el periodista de Actopan, sin escoltas, nueve días sin medidas de protección, al alcance de la mano asesina. Y hoy está muerto.

Abatido por siete disparos, Jorge Celestino dejó la vida ahí, en la tienda de abarrotes que le servía para allegarse el sustento de su familia, su cuerpo entre un charco de sangre, sacudiendo al gremio y al aparato de poder y situando a La Bocanita, congregación de Actopan, municipio del centro de Veracruz, en la estadística de la violencia contra el periodismo.

De espaldas a sus verdugos, el corresponsal de Gráfico de Xalapa observaba la televisión a eso las 9 de la noche cuando los sicarios lanzaron los primeros disparos a cierta distancia. No los vio. Recibió las descargas iniciales, cuatro balas expelidas por un arma larga calibre 232. Luego irrumpieron en el negocio. Vendría el segundo tirador y con una pistola calibre 45 lo remató.

Ahí comenzó el infierno del secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado, y el del gobernador Cuitláhuac García. 

Amenazado de muerte, Jorge Celestino Ruiz Vázquez debió tener vigilancia permanente, escoltas día y noche, operativos de apoyo, ser monitoreado cada paso, cada movimiento, las horas en casa, los lugares a los que debía trasladarse, los desplazamientos del “principal”, como se cataloga a quienes están sujetos a esos protocolos de seguridad, todo bajo registro en el sistema de radiocomunicación policíaco. Pero lo dejaron solo.

Una fecha, el 2 de agosto, marca ya al sexenio de Cuitláhuac García. En el noveno mes de su fallido reinado, ocurre el crimen y Jorge Celestino Ruiz se constituye en el primer comunicador asesinado en los días de Morena en el poder en Veracruz.

Meses atrás comenzó el asedio. Había publicado presuntos desvíos de dinero en el ayuntamiento de Actopan, que provocaron una reacción del alcalde Paulino Domínguez, intentando cooptarlo con 40 mil pesos, cantidad que Celestino Ruiz rechazó, según investigación del reportero Ignacio Carvajal.

Sobre Celestino Ruiz pesaban amenazas desde octubre y noviembre de 2018. Y denunció.

Su caso lo acompañó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, instando a aplicar protocolos de seguridad que garantizaran la integridad de Celestino y su familia.

Celestino fue víctima de los sicarios y de la negligencia criminal, el desdén, la omisión oficial.

Pesaban sobre él amenazas graves, su confrontación con el presidente municipal de Actopan, el intento de soborno que él rechazó, una investigación ministerial que fluía a paso lento y la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuya presidenta, Namiko Matsumoto Benítez, siendo secretaria ejecutiva de la CEAPP fue cómplice silenciosa, perversa, ante las agresiones de la policía de Arturo Bermúdez, ex secretario de Seguridad, el rufián de Javier Duarte, a la prensa.

Alertó de las amenazas, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Delitos que Involucren a Periodistas y/o Comunicadores, el 23 de abril, vía el oficio 182/2019, carpeta de investigación 114/2018, dirigido a Gutiérrez Maldonado, instando a continuar aplicando los protocolos de protección.

El documento fue recibido por la Dirección Jurídica de la SSP, a cargo de Aliet García, media hermana del gobernador Cuitláhuac García, y por la Subsecretaría de Operaciones, cuyo titular era el capitán Eugenio Palma Bernal, cesado tras diversos señalamientos de lucrar con las permutas de los elementos de la SSP y sus constantes visitas a bares y antros en Puebla.

En dicho documento se hace referencia a los oficios 384/2018, de fecha 24 de octubre de 2018, y el 450/2018, de 4 de diciembre de 2018. En él se enfatiza en las “medidas de protección solicitadas en favor del periodista Celestino Ruiz Vázquez” y solicita continuar “proporcionando las medidas de protección y auxilio en favor suyo y de sus familiares por otros seis meses”. O sea, del 23 de abril al 23 de octubre de 2019.

Enumera el oficio tres puntos para dar cumplimiento a la protección: nombre de los elementos policíacos asignados, evidencia gráfica que acredite el cumplimiento de los “rondines” solicitados y bitácora de “visitas” con la firma del agraviado.

Sin embargo, la última ocasión que Celestino Ruiz tuvo contacto con los elementos de la Policía Estatal fue 24 de julio, nueve día antes del atentado. 

“Como dato relevante —apunta el boletín de la SSP—, en la última visita no se había reportado alguna situación de riesgo, excepto que en encuentros con los escoltas del Alcalde de Actopan, ya fuera en la calle u otro lugar, éstos le dirigían miradas agresivas o de provocación pero sin llegar a intercambiar palabra alguna”.

Y aún con ese ambiente hostil no se incrementó la protección.

Celestino Ruiz murió acribillado por la omisión criminal de la Secretaría de Seguridad Pública, al frente de ella el shérif de papel, Hugo Gutiérrez Maldonado.

Sobre Celestino Ruiz debió establecerse un cerco de protección, escoltas de tiempo completo, 24-7, que inhibieran las amenazas contra su vida.

Pero lo dejaron solo.

No había vigilancia. Efectivos de la SSP lo “visitaban”, realizaban “rondines”, lo dejaron a su suerte.

Su familia hoy alerta que está sola. Horas después del crimen, la vigilancia establecida por la SSP cesó. Los elementos policíacos se marcharon. Y el riesgo de muerte crece.

Con Cuitláhuac se reedita el desprecio a la prensa que marcó y desfondó a Javier Duarte. Eric Patrocinio Cisneros, secretario de Gobierno, es el azote, el ariete, el gatillero verbal.

Duarte le decía a periodistas “pórtense bien”, que sacudiría el árbol y caerían manzanas podridas, que algunos periodistas sirven al crimen organizado. Pero no los identificó ni los denunció.

Patrocinio retoma el ataque. Los punza. Los implica en su conflicto con el fiscal general, Jorge Winckler, y les da calidad criminal.

“Va para todos los compañeros que son periodistas —expresa Patrocinio—, va para todos los veracruzanos… con esto que está pasando en Veracruz, aquí vamos a saber quién está de lado de los veracruzanos y quién quiere ser cómplice de un pequeño grupo.

“Los que hoy defienden al Fiscal (evidenciarán) si estás con el crimen organizado o en beneficio de todos los veracruzanos”.

Y días después a Marcos Miranda lo levantaron tras recibir una amenaza del secretario Cisneros.

Y a Celestino Ruiz lo ultimaron por carecer de medidas de protección.

Y si algo faltara, el gobernador Cuitláhuac García sentencia que “no podemos ponerle un policía a cada periodista”. No, pero a los que están bajo amenaza, sí.

Su desprecio a la prensa es suicida. A Javier Duarte lo hundió.

Celestino murió porque lo dejaron solo. Y facilitaron el crimen.

Archivo muerto

Quince bolsas, cuatro cuerpos desmembrados y el Veracruz violento no cesa. En La Estancia, municipio de Maltrata, autopista Córdoba-Puebla, son hallados los restos humanos que describen la crisis de seguridad que sacude, indigna, convulsiona a la sociedad. Al sur, en Minatitlán, de un pozo son extraídos dos cuerpos, uno de los cuales corresponde a Cristian R, levantado por policías estatales el 4 de junio de 2018 y por el que familiares y amigos habrían de protestar en la sede de la Unidad Integral de la Fiscalía de Coatzacoalcos, y hoy vuelven a exigir justicia. Coatzacoalcos figura en cuarto lugar a nivel nacional en feminicidios. En este municipio, una mujer fue hallada sin vida, maniatada con un cable eléctrico en la colonia Popular Morelos. Otros cinco cuerpos fueron aparecieron en Vega de Alatorre este viernes 9. Así el nivel de violencia, mostrando el rostro del poder de la delincuencia y el sometimiento de las instituciones. Peor aún, la estampa de esa violencia, propia de cárteles, en Uruapan, Michoacán. De un puente colgaban nueve cuerpos; bajo otro puente, siete víctimas más, y en un tercer punto, otros tres cadáveres. Y en San Miguel de Allende, Guanajuato, cantinas y bares cierran sus puertas por la amenaza del narco que les dejó paquetes con droga y el mensaje de que los vendan y volverán por el dinero. Y si no, ya saben. Así el caos de seguridad, el cáncer de México, el escenario que revela que los efectos de la narcopolítica no tienen final… Sergio Gutiérrez Luna opera en el sur. A ras de piso, sondea el andar de Morena, el impacto de sus gobiernos, la cohesión, sus divisiones, los liderazgos, el potencial con y sin el efecto López Obrador. Nativo de Minatitlán, formado en la capital del país, con asesorías en el Senado, trabajo en la Cámara Baja, sobrino del priista Norberto Luna, hoy es diputado federal. De viva voz palpó este fin de semana las fortalezas y debilidades del partido de Andrés Manuel, reunido con militantes de diversos grupos. Cercano a Mario Delgado Carrillo, líder hoy de la fracción parlamentaria morenista y futuro líder nacional de Morena, conoció lo que de alcaldes, diputados y el gobernador Cuitláhuac García y su fallido equipo no se conoce a fondo en el altiplano. 2021 no será un 2018; AMLO no estará en la boleta electoral; el desgaste del presidente por tanta exposición pública —y sus “otros datos”— en sus conferencias mañaneras; la falta de comunicación política que impide aterrizar mensajes en las masas; el alcalde de Coatzacoalcos Víctor Manuel Carranza que atropella el derecho de todos y su equipo de prensa golpeando y descalificando, provocando críticas más hirientes en contra; el tema crucial, la seguridad, y su consecuencia política y social. De todo eso, y más, hablaba Gutiérrez Luna en corto, en una mesa de cuatro, de la que pocos saben, la noche del martes 6. Como para un informe a Mario Delgado… Estratégicamente situado, Jorge Franco Álvarez tiene una misión precisa: controlar los dineros del Tribunal de Conciliación. Lo que dice, se hace; lo que no, no. Lo pusieron donde hay. Y nada es casual. Es el sobrino preferido —diríase que el tercer hijo— de Edel Álvarez Peña, presidente del Poder Judicial en Veracruz. Orgullo de su nepotismo, Jorge Franco es el Señor de los Billetes en el tribunal que preside —o que supuestamente preside— Fernando Charleston Salinas. Al sobrino “cómodo” de Edel lo intentan ocultar en el directorio del PJE, citando su nombre sólo como Jorge Alonso Franco, omitiendo el apellido de su mamá, la bien recordada Mery Álvarez Peña. Otro abuso del presidente del Poder Judicial es el espacio ocupado por Jesús Obeso Martínez, subdirector de Recursos Materiales del Consejo de la Judicatura, donde se administran los 2 mil 585 millones de pesos para el ejercicio 2019. Obeso es, por si el dato andaba perdido, apoderado legal de la empresa Inmobiliaria Kabator, S.A. de C.V., propiedad del clan de Edel, con obras en Pemex y SCT de Tabasco e inscrita en los padrones de contratistas de los ayuntamientos de Coatzacoalcos y Villahermosa. Y por si quedara duda de su relación, Kabator tiene su domicilio social en Lázaro Cárdenas 801, colonia Centro, en Coatza, sede del periódico Liberal del Sur, cuyos dueños son los Álvarez-Delong. Así que nepotismo, el abuso y tráfico de influencias sobran, don Edel… Y el que ya trae solicitud de juicio político es Víctor Carranza. Por abusivo, por transgredir la ley, por desacato a un tribunal, el de Justicia Administrativa de Veracruz, el alcalde de Veracruz enfrenta el riesgo de perder el cargo y enfrentar, sin fuero, denuncias de carácter penal. Su caso, promovido por la compañía Pluvial del Golfo, a la que se resiste a pagarle la obra del último tramo del malecón de Coatzacoalcos, vencido en juicio y con apercibimiento de saldar el adeudo, ya se encuentra en el Congreso de Veracruz. Y el desgaste lo sufrirá Morena con vistas al proceso electoral de 2019. Sí mentir, sí robar, sí traicionar… Elección nacional en el PRI. Su padrón en el distrito 29, el Coatzacoalcos Urbano, refleja el desplome de la militancia, los pocos que refrendaron su afiliación. Marcelo Montiel y Carlos Brito con domicilios que hace tiempo no habitan; Joaquín Caballero, su hermana y sobrina con el mismo hogar; de los Hillman, sólo Iván sigue siendo priista; ex regidores, ex diputados, ex alcaldes, ex síndicos no podrán votar por no tener militancia efectiva. Habrá mascarada el domingo 11. Los dados están cargados a favor del ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, con el visto bueno de Andrés Manuel López Obrador. El naufragio del PRI continúa… ¿Quién es ese cercano a Carranza, tiempo atrás encerrado en un penal, por quien clama un tal Mata Viejitas, un cholo marihuano de San Andrés llamado Hernán, que pasaran una noche en confinamiento total, en zona de castigo, solos y su desnudez? Al siguiente día, el Mata Viejitas seguía preguntando a quién más había que “picar”. Dos pistas: una, no es pariente de don Venustiano, y dos, se libró de aquel fraude pero ha venido perpetrando otros más. Cuentan que Hernán lo dejó en éxtasis…

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