* Terco Theurel; insiste en que a Coatza no le suspendieron el SUBSEMUN  * Descogelan fondos a otros 33 municipios y Coatza sigue frío * El chofer del secretario de Obras espía secretarias

Rebasado por la violencia, Javier Duarte de Ochoa vive su propia guerra contra el crimen organizado sin más armas que la retórica, la demagogia y una sobradísima cuota de soberbia. Falto de credibilidad, ausente la autoridad moral por provenir de un régimen que permitió todo, ve el embate de la inseguridad en Veracruz, atentados, explosiones, secuestro y muerte de migrantes, el asesinato artero de inocentes bajo las balas de las instituciones y ahora granadazos sobre turistas.

 

Se halla el gobernador de Veracruz en una encrucijada inédita. Dos eventos —el atentado en la Plaza Cívica de Tuxpan y la agresión con granada en el Acuario de Veracruz— lo llevaron a transitar de la altanería para enfrentar a los malosos al pasmo que le provocó el saldo trágico, la muerte del padre y las lesiones sufridas por la esposa y dos menores, en el malecón del puerto.

 

Duarte es un político por demás predecible. Cuando ocurrió el atentado en Tuxpan –agosto 9— lo primero que se le ocurrió fue externar que tomaría “medidas fuertes” para meter al orden a los autores de la explosión en la Plaza Cívica, a unos metros de la alcaldía donde despacha Alberto Silva Ramos, alias El Cisne, alcalde de farándula política, favorito entre favoritos en la corte duartista.

 

Arrogante, Javier Duarte visitó ese día en dos ocasiones Tuxpan. Y cómo no, si lo que estaba en juego era la piel del Cisne. Primero lo hizo para constatar lo ocurrido y luego para encabezar la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Ahí pronunció una perla del duartismo, la soberbia en letras de molde: “No pasa nada en Tuxpan, que es hermoso, donde hay paz y tranquilidad”. Se nota.

 

Un par de días después —agosto 11— habría de emitir, vía radio y televisión, en cadena estatal, un posicionamiento sobre la inseguridad, plagado de advertencias a quienes amafiados con la delincuencia, sean servidores públicos, empresarios, periodistas, profesionistas y grupos diversos, han medrado al amparo de la impunidad.

 

Textualmente, el gobernador de Veracruz señaló:

“Por esta razón expreso a todos aquellos servidores públicos que por este medio o por interés económico estén coludidos con grupos delincuenciales tendrán que responder a la sociedad por sus malos actos, por la traición depositada en ellos y serán sancionados con todo el peso de la ley.

 

“Y que no podemos autoengañarnos y cerrar los ojos ante la participación de otros actores quienes se escudan entre empresarios, periodistas, profesionistas y otros grupos sociales.

 

“En Veracruz no hay ni habrá impunidad. Perseguiremos a todos los transgresores del orden, desde el delincuente más insignificante hasta el de mayor nivel. No descansaremos hasta que todos los delitos tengan como consecuencia el castigo que la ley establece”.

 

Torpemente diseñado, el discurso del gobernador Duarte evidencia un error garrafal. A nueve meses de su inicio, externa que ahora sí hará cumplir la ley, no motivado en el respeto al estado de derecho sino en el susto que le asestaron a su Cisne de cabecera, Alberto Silva.

 

Conocedor de las entrañas del monstruo que le tocó jinetear, Javier Duarte hurga en una llaga recientemente abierta: la colusión entre la delincuencia y “empresarios, periodistas, profesionistas y otros grupos sociales”. ¿Si ya conocía esa perversa vinculación, por qué no procedió en tiempo y forma en instancias ministeriales? ¿por qué hacerlo tras el calambre al Cisne de Tuxpan?

 

Hay fisuras de sobra en el discurso del gobernador de Veracruz. Promete aplicar el estado de derecho y no permitir impunidad alguna. Barre, pues, en el patio del vecino y deja la basura y pestilencia en casa propia.

 

Militante de la fidelidad, sin la cual no sería nada, menos gobernador, Javier Duarte cierra los ojos a las corruptelas del régimen anterior y a la existencia de peces gordos, herencia de Fidel Herrera, y a otros rufianes del duartismo, operadores de campañas fraudulentas, de robo de votos, de compra de conciencias, de una estrategia electoral basada en el fomento de la pobreza y en la entrega de migajas, vía despensas y materiales de construcción, al ejército de miserables veracruzanos que sustentan las sólidas bases del PRI, cobijados en el gobierno actual que él encabeza.

Alcaldes de uña larga, tránsfugas de la honestidad, a quienes el Organo de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) detectó desvíos y daño patrimonial en sus administraciones, hoy son funcionarios de alto nivel en el gobierno duartista. Gladys Merlín Castro, de Cosoleacaque; Vicente Escalante Macario, de Agua Dulce, o Marcelo Montiel Montiel, de Coatzacoalcos, son ejemplo sustentado y documentado de la impunidad tolerada, tramposamente solapada por el gobernador Javier Duarte.

 

Otros malandros de la fidelidad —Marcos Theurel y Roberto Chagra, alcalde y síndico de Coatzacoalcos, de finanzas oscuras en la Secretaría de Comunicaciones; Alfredo Gándara Andrade, vocero del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, comprador del aplauso de la prensa vendida con fondos fantasmas; Carolina Gudiño Corro y Salvador Manzur, cuyas alcaldías de Veracruz y Boca del Río se obtuvieron vía fraude electoral, son cómplices de la debacle financiera del gobierno estatal, una como figura decorativa en el Congreso y el otro en la subsecretaría de Ingresos— participaron en la conjura contra el estado de Veracruz y los veracruzanos, amafiados con el proyecto para consumar la permanencia del régimen de la docena trágica.

 

Acusado de andar siempre en el agua, en estado etílico (ver Enlaceveracruz212.com), pero sobre todo de enriquecimiento inexplicable (ver Diario del Istmo), Reynaldo Escobar Pérez es la joya de la corona del carnaval duartista.

 

Funesto secretario de gobierno con Fidel Herrera, protagonizó mil y un desmanes, violaciones a normas electorales y uso de la prensa para golpetear a sus adversarios. Hoy es, para colmo de la decencia política, procurador de Justicia de Veracruz.

 

Un dato: el avance de la delincuencia, el crimen organizado, las bandas del secuestro y la extorsión tuvo sus mejores registros en el régimen de la fidelidad. Al gobernador Fidel Herrera se le imputó públicamente su anuencia para otorgar territorios, cotos de poder, y consecuentemente el disimulo de la autoridad. Así se constituyó el santuario del narco, feudo de los malosos.

 

Uno más: la policía veracruzana se convirtió en traficante de migrantes, extorsionadora y cuando encontraban resistencia, asesinos de ciudadanos indocumentados. El caso más ilustrativo se dio en Agua Dulce, al sur de Veracruz, con saldo de tres muertos una veintena de lesionados.

 

Sobran casos delincuenciales a los que se podría avocar el gobernador Javier Duarte, ahora enfundado en la playera del vengador justiciero. Por cualquiera de ellos podría empezar.

 

Otros más están documentados en el Operativo G-5, la estrategia electoral que operó Fidel Herrera Beltrán para llevar al gobierno de Veracruz a Javier Duarte (ver Semanario Contacto). En él se detalla cómo el PRI se apropió de los programas sociales del gobierno federal, de sus recursos, y los destinó para su clientela electoral, cuya meta era obtener un millón 400 mil votos en la elección de 2010, así fuera transgrediendo principios constitucionales.

 

Tiene materia, pues, don Javier Duarte para aplicar la ley, sin descartar los negocios familiares, los 350 millones de pesos del gobiero de Veracruz, aplicados en un proyecto familiar, el Parque Tecnológico Puerto México, en Coatzacoalcos, del que el principal beneficiario es su suegro, el incómodo Jesús Antonio Macías Yazegey.

 

Bien que el gobernador Duarte prometa hacer cumplir la ley y enfrentar al crimen organizado y sus cómplices. Mejor aún, que aplique la justicia a la delincuencia política que habita a su lado, en las esferas de poder.

 

Hoy, sin embargo, al gobernador Duarte le inquieta el escándalo provocado por el granadazo ocurrido el domingo 14 en el Acuario de Veracruz, que alcanzara a una familia de turistas, con saldo del padre muerto, y la esposa y los dos hijos, menores de edad, lesionados.

 

Se trata de un hecho cobarde, a todas luces condenable y, sobre todo, injustificable. Evidencia la barbarie con que se comporta el crimen organizado, crecido ante la deb¡bilidad de las instituciones de Veracruz.

 

Ojalá, pues, que el gobernador Javier Duarte tenga algo más que discursos para combatir a los malosos.

Ojalá.

 

 

Insiste Marco César Theurel Cotero, alcalde de Coatzacoalcos, en hacer el ridículo. Reitera que Coatzacoalcos recibió recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN) y que no tuvo problemas con la segunda partida presupuestal, como difundió la prensa. “No sé de dónde salió eso”, dijo Theurel para reforzar su intento de desmentido. Lo cierto es que Theurel miente. El reporte de Avance 2011 del SUBSEMUN, emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, excluyó a 14 municipios veracruzanos, entre ellos Coatzacoalcos, que tienen derecho a los recursos, bajo el argumento de que incumplieron los requisitos y las normas de operación del programa. Sin embargo, entre el lunes 15 y el martes 16, le fueron entregados los fondos a 33 de 172 municipios que tenían suspendida la segunda ministración, ninguno del estado de Veracruz. Pese a lo que diga el obcecado Theurel, Coatzacoalcos permanece congelado y será cuando acredite que cumplió con las normas de operación, que podrían bajar los recursos del SUBSEMUN. Si alguien no le platicó bien la historia al alcalde de Coatzacoalcos, bien haría en consultar la página del Sistema Nacional de Seguridad Pública para salir de su terco error; ella es: http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/378/1/images/2a_ministracion_subsemun-2011_A.pdf…

 

Toda una ficha, el chofer del secretario de Obras Públicas Municipales de Coatzacoalcos, Adrián Pérez Martinez. Tiene dos defectos: gusta de husmear en los equipos de cómputo de las secretarias de oficina y exhibe una prepotencia agraviante cuando le llegan los reclamos. Comete sus fechorías cuando las empleadas dejan su lugar y las PC quedan encendidas y los programas abiertos. Así llega el sabueso de Adrián Pérez al Messenger, Facebook y Twitter y viola la privacidad de sus compañeras de trabajo, para levar luego chismes y secretos ajenos a su patrón. Reconvenido por esa aberrante conducta, el rufián simplemente dice que así es él y que, por si alguien no lo sabía, es matón. Un caso para el Ministerio Público donde le quitarían lo sabroso al delincuente. Por eso dicen que la culpa no es del indio sino del secretario de Obras Públicas que lo hizo compadre…

 

twitter: @mussiocardenas