* García Bringas pacta con los amigos de Fidel  * Los 300 mil que OXXO pagó por nuevos puntos de venta  * Eran para la tesorería y terminaron en la cuenta del síndico  * Brian Carlos y las licitaciones fraudulentas en SECOM  * Marcelo en la luna y el marcelismo se dispersa  * Peyreffite a la CNOP  * El acuerdo con Montano

 

Con ese toque de genialidad que lo distingue, Javier Duarte de Ochoa conduce a Veracruz por caminos de injusticia, de justicia manipulada y de extravío judicial, tentado irrefrenablemente por la represión a sus críticos, obsesionado por la censura.

Se ha trabado en la idea de controlar las redes sociales. Tuitero de corazón, polemista de bajo nivel, su carne ha sentido el golpe de las palabras recias, enfrascado en interminables sesiones dimes-que-te-diré, que han medido la intolerancia del gobernador de Veracruz y su desprecio al comentario adverso.

Desencajado, pues, Duarte ha visto cómo la red social Twitter hace trizas su condición de gobernador. Cuestionado su actuar, inverosímiles sus proyectos ilusorios para salvar a Veracruz de la debacle social, no digiere la crítica que lastima, el reclamo social.

Naturalmente represor, no tuvo freno para encarcelar a dos usuarios de Twitter, María de Jesús Bravo Pagola, Maruchi, y Gilberto Martínez Vera, por la difusión de mensajes sobre inexistentes ataques del crimen organizado contra niños de escuelas del puerto de Veracruz.

De entonces a la fecha, Javier Duarte vive días negros, días turbulentos, noches de pesadilla, sacudido por la condena total. Tuvo la malsana ocurrencia de acusar penalmente de terrorismo y sabotaje a los dos infelices tuiteros, cuyo pecado fue replicar información extraoficial difundida por una página en internet de nombre narcoviolencia.com, y con el hashtag #verfollow

Bien merecido, Javier Duarte obtuvo el repudio de medios de comunicación nacionales, extranjeros y organismos de evidente influencia internacional. Imputar terrorismo y sabotaje, y hacerlos acreedores a 30 años de prisión por retuitear mensajes, es un exceso demencial.

Su procurador, Reynaldo Escobar Pérez, no es el mejor abogado de Veracruz, como presume, pero sí el mejor embaucador del estado. Pudo evitarle una vergüenza al gobernador Duarte y no lo hizo. Prefirió sumirlo en el fango del escándalo.

Se sabe que el desprocurador de Veracruz atizó la hipótesis de que encarcelar a los dos tuiteros, incomunicarlos, impedir ser asistidos por un abogado de su confianza, instruir al juez que decretó el auto de formal prisión y orquestar una campaña mediática para linchar públicamente a Maruchi y a Gilberto Martínez.

Don Javier Duarte enfrenta, pues, una batalla perdida de origen. Hay evidencia de que el pánico en el puerto de Veracruz comenzó antes que Gilberto Martínez emitiera su primer mensaje vía Twitter. Como sea, Maruchi y Gilberto no fueron los iniciadores de la información tendenciosa y falsa, pero sí incurrieron en irresponsabilidad al propalarla sin asegurarse que fuera veraz.

Eso, sin embargo, no obedece a terrorismo o sabotaje, menos aún a ciberterrorismo, figura jurídica inexistente en el Código Penal del Estado de Veracruz.

Es frecuente que en Twitter se esparzan rumores. Allá quien los crea. Decenas de usuarios, el viernes 20 de mayo, enviaron mensajes que daban cuenta de un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado y luego con el Ejército minutos antes de que iniciara el Festival de la Salsa, en Boca del Río. Hubo pánico, pero el hecho fue cierto y a nadie se le ocurrió imputar denuncias por terrorismo.

Como los gatos, el gobierno de Veracruz tapa ahora sus pestilencias. Javier Duarte propone al Congreso estatal, apéndice de su poder, operado por su burocracia priísta, una reforma legal para adicionar el artículo 373 del Código Penal y crear así la figura de Perturbación del Orden Público, la llamada Ley Maruchi. Sería delito no grave.

Intenta así otorgar simpáticamente a Maruchi Bravo y Gilberto Martínez un subterfugio para devolverles la libertad, no por inocentes sino admitiendo ser culpables de otro delito y quedar libres bajo fianza.

Peor aún. Maruchi Bravo y Gilberto Martínez fueron acusados por un delito que no existía en el Código Penal. Expresado por el gobernador Duarte, no incurrieron en terrorismo, por no existir daños graves ni muertes, sino en “terrorismo atenuado”.

Es, consecuentemente, tramposa la reforma duartista. Sabe que constitucionalmente es imposible la retroactividad de la ley y que una vez dictado el auto de formal prisión por parte del juez de la causa, este no puede ser variado.

Javier Duarte, sin embargo, va más allá. Su reforma al Código Penal se encuadra en la tentación de los gobiernos autoritarios por controlar las redes sociales, interpretar mensajes de tuiteros como intentos de perturbación del orden público y aplicación de la ley a quienes, en ejercicio de su libertad de expresión, difundan información que inquiete a los círculos de poder.

Dice el texto propuesto por el gobernador Javier Duarte al Congreso de Veracruz:

“A quien por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego, o de sustancias químicas, biológicas, o tóxicas que puedan causar daños a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de 500 a mil salarios mínimos, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.

Implica, como se ve, que sea tipificada como delito la difusión de mensajes falsos que hablen “de ataques con armas de fuego”. O sea, la información supuestamente falsa de balaceras entre narcos o enfrentamientos de la delincuencia con el Ejército o la Marina, que provoque pánico, será objeto de acción penal.

Sin embargo, negar hechos reales ha sido una constante en el régimen duartista. En Tuxpan, el primer atentado explosivo, el 30 de julio, fue enmascarado como el estallido de un transformador de luz, según la versión oficial.

Decenas de veces ha desestimado el gobierno las balaceras y enfrentamientos entre narcos o con fuerzas del orden, cuando testigos presenciales corroboran los hechos.
Oficialmente, también, se categorizó a miembros del crimen organizado como “ladrones de casas habitación” que se dirigían del municipio de Xico a Xalapa, a sabiendas que se trataba de malosos de peso completo, los cuales fueron alertados vía radio por elementos de la policía intermunicipal, desaparecida días después por su complicidad aunque sin evidencia de que se les haya procesado judicialmente.
Es ese el dilema para los tuiteros: difundir mensajes de hechos violentos ciertos que luego el régimen duartista niegue y los categorice como información falsa.

En el fondo, no digiere el gobernador el impacto tuitero que da cuenta de las cotidianas balaceras en Veracruz y su impacto en el escenario nacional, convertida la entidad en un escenario de alta violencia.

Twitter es, a la vista de Javier Duarte, un medio incómodo.
Hay que pararlo, al costo que sea.
 
Archivo muerto
Siente en la piel Miguel Angel Yunes Linares la traición de los suyos. Sus amigos de Coatzacoalcos, el clan del diputado federal Rafael García Bringas, ha trabado una alianza política con la corte de Fidel Herrera Beltrán, su acérrimo y odiado enemigo. De Fidel, en campaña, Yunes obtuvo el apodo de Can Azul, registrado el bautizo en las grabaciones telefónicas que exhibió el periódico Excélsior, alias despectivo, puntilloso, sal en la llaga, y una constante: la acusación de pederastia, su complicidad en la fuga del narco Joaquín El Chapo Guzmán, el saqueo en el ISSSTE y un pasado y presente represor. Yunista entonces, García Bringas juraba lealtad a su protector y padrino en el Partido Acción Nacional; veía a Yunes en el palacio de gobierno en Xalapa, y construía para sí el camino a la presidencia municipal de Coatzacoalcos. Menos de un año después, García Bringas mordió la mano de su amo, trabada una alianza política, nutrida con un acuerdo económico municipal, con los protegidos de Fidel. Merecido se lo tiene Yunes Linares. Los bringuistas transpiran traición…

 

A voz en cuello, frente a ediles de la cuadra priísta, Marcos Theurel soltó la frase provocadora, calculadamente hiriente: los 300 mil pesos los dio OXXO para que ingresaran a la Tesorería, no a tu cuenta. Sacudido, exhibido, moralmente despellejado, el síndico Chagra callaba, guardaba un ominoso silencio, clavada sobre él la mirada inquisidora de sus compañeros de cabildo. Theurel no dijo más y abandonó el tema. Se diluía la escena entre bromas de otros ediles, reclamantes de su derecho de mirandiña, una fracción de los 300 grandes, sólo por ver…

 

Indispensable se hizo Brian Carlos López Mendoza en la Secretaría de Comunicaciones. Servía indirectamente a su titular, Marco César Theurel Cotero, como patiño en concursos de obra, donde se jugaba con cartas marcadas, preseleccionado el ganador de la licitación. Brian Carlos, “El Gringo López”, entraba a la puja, emitía su propuesta, aleccionado que debía rebasar el tope financiero y con ello anular la posibilidad de agenciarse el trabajo. Su rol en esa farsa interminable dejó múltiples huellas. Una fue la licitación SC-IF-2007-DGIC-10, a cargo de la SECOM theurelista, de la carretera Pajapan-Cerritos, el 27 de marzo de 2007. Ahí, cumplidor, El Gringo Brian hizo lo que tenía que hacer: dejarse ganar. No fue el único. Hubo otros patiños más en concursos amañados, perdedores por encargo, cómplices del tráfico de contratos millonarios con la obra pública de Veracruz…

 

Sin pastor, dispersos, los marcelistas andan de aquí para allá, a los tumbos, sin ruta y sin destino. Desconectado Marcelo Montiel, su líder y secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Veracruz, nada imagina del caos que reina en su grupo político, atizado por el desorden, la indiferencia y falta de operación de sus alfiles, responsables de la cohesión del marcelismo en Coatzacoalcos. Tocados muchos de ellos por sus adversarios —ivanistas, chagristas, theurelistas y ahora la corriente minatitleca de la ex alcaldesa Guadalupe Porras David—, valoran la oferta de nuevos espacios en el próximo proyecto político. Unos ya se han ido; otros habrán de emprender el vuelo. Ocurre así cuando la soberbia nubla la razón. Marcelo Montiel dejó la alcaldia de Coatzacoalcos en la cúspide, su imagen hasta el tope, colmilludo en la operación electoral, necesario para el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Cuando se está cerca del cielo, suele olvidarse que existen tareas terrenas. Tiene vara alta Marcelo Montiel en el ánimo duartista y se da el gusto de reasumir la jefatura política de la plaza, humillando al alcalde Marcos Theurel. Pero hoy, paradójicamente, el marcelismo, sus huestes, es atraído por las propuestas de sus adversarios…

 

Francisco Peyrefitte Aguileta no llega al sector popular del PRI de la mano del alcalde Marco César Theurel Cotero. Asume la secretaría general de la CNOP por decisión del líder estatal, Alejandro Montano Guzmán, cumplidor, como es, a un acuerdo derivado de aquel amago de Peyrefitte de tomar el palacio municipal de Coatzacoalcos tras el asedio que Theurel le desató, desconocido Peyrefitte como líder de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla por un grupúsculo al que el edil y el síndico Roberto Chagra alentaron como parte de una venganza política. Peyrefitte vivió no sólo esa traición sino la de Marcos Theurel, a quien le operó votos y apoyos en campaña, y la de Beto Coca, a quien atajó cuando el hoy síndico pretendía imponer a su hermana Mily Chagra, orgullo del fidelismo, como regidora municipal. Quien atenuó el conflicto fue Alejandro Montano, cumplido ahora el pacto de llevar a Peyrefitte al liderazgo del sector popular del PRI en Coatzacoalcos…
 
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