* Impune, deja la Procuraduría de Veracruz  * Con Fidel, permitió el crecimiento del crimen organizado  * Gladys agita en Cosoleacaque  * Tony ataca de nuevo  * Protegido de Theurel, inflaba el monto de las obras  * El nido de amor de Adrián  * “Novias” con cargo al erario público

Echar a Reynaldo Escobar Pérez de la Procuraduría no resuelve ni minimiza el drama violento que aqueja a Veracruz. Villano del régimen duartista, pesan sobre él graves denuncias de haber sido el ejecutor del encumbramiento del crimen organizado, ocultar y falsear información, sabotear al Ejército y la Marina, y usar el aparato de justicia para reprimir a los enemigos de la pandilla en el poder.

Tejedor de mentiras, este célebre mitómano dejó la Procuraduría el viernes 7. Lo habían renunciado decenas de veces, siempre, invariablemente, por su lengua imprudente, la mala leche de sus acciones y su dolosa actuación en los últimos episodios de sangre, el show de los narcos por el control de Veracruz, que destrozó la imagen del gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Don Rey fue un dios de barro en los diez meses que tuvo bajo sus botas a la Procuraduría de Veracruz. Encargado de despacho, primero, llegó desafiante en los orígenes del régimen. Urdió acciones legales contra empresarios de la construcción y encarceló a periodistas y políticos; a unos les reactivó denuncias y a otros les confeccionó delitos, violados sus derechos, incomunicados, tratados como narcotraficantes, torturados en las celdas del penal de Pacho Viejo, molidos a golpes.

Misionero de la fidelidad, régimen del que fue secretario de Gobierno amén de operador descarado de campañas priístas, Reynaldo Escobar no podía ser procurador por impedimiento constitucional. Debía esperar un año sin cargo público para ser fiscal del gobierno. Para él se armó la reforma de ley. Pasó al Congreso. Legislada a ciegas, los lacayos legislativos, los diputados locales, hoy sumidos en la vergüenza que provoca la complicidad, retiraron los candados y, así, el angel exterminador pudo apropiarse de la Procuraduría de Veracruz.

Motor de conflictos, metió en un brete al gobernador Javier Duarte cuando acusó a la periodista Yolanda Ordaz, reportera de Notiver, de tener vínculos con el narcotráfico. Secuestrada, torturada, violada y finalmente decapitada, Yolanda fue agraviada doblemente por el gobierno duartista. No bajaba a su tumba cuando se le imputaba una innoble conducta: ser informante y propagandista del crimen organizado.

Notiver exigió su renuncia. Le recordó que otros crímenes seguían ahí, estancadas las indagatorias, evidente su incapacidad. Un mes antes, otro periodista de Notiver, el columnista Miguel Angel López Velasco, de tamaños para redactar su nota roja, revelador de misterios y secretos entre la delincuencia y el aparato de justicia, fue acribillado en su hogar. Murió él, su esposa y su hijo Misael, fotorreportero, ligado profesionalmente al ex candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Veracruz, Miguel Angel Yunes Linares.

Una más hizo don Reynaldo en la Procuraduría. Denunciada la policía veracruzana y el Ejército por el crimen de tres ciudadanos inocentes en las cercanías del aeropuerto El Lencero, a las puertas de Xalapa, la capital de Veracruz, el procurador deslizó el manto de la impunidad a los criminales. Sus peritos ignoraron las evidencias. Diagnosticaron que la muerte ocurrió por impactos de bala, y nada más. No. Las familias de las víctimas evidenciaron huellas de tortura, que habían aparecido en otro vehículo que era el suyo, y hasta el tiro de gracia.

No fue eso lo peor. El gobierno de Veracruz incurrió en la bajeza de tildarlos de sicarios, asesinos a sueldo, matarifes, cuando en realidad se trataba de tres trabajadores ejemplares que retornaban de su empleo a sus hogares. Don Rey, con su área de peritajes, terminaron avalando la coartada perversa de los policías que masacraron a los inocentes del Lencero.

Armó la tramoya de los tuiteros —María de Jesus Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera— que difundieron la versión falsa de atentados en escuelas del puerto de Veracruz. Erudito en leyes, sí pues, pudo el desprocurador del régimen duartista emitir un consejo sensato: no había caso, no había delito, no había marco legal para llevarlos a prisión, menos acusarlos, como lo hizo Reynaldo Escobar, de terrorismo y sabotaje equiparado. Sin embargo, los denunció y consignó.
Humillante fue desistirse de la denuncia, la cola entre la patas, la vergüenza en los poros de la piel.

De no haber dado marcha atrás, Maruchi y Gilberto habrían salido del penal con un amparo federal que les otorgarían dos días después. Mientras, el gobernador Javier Duarte daba vueltas en páginas escritas, radio, televisión y portales en internet, atado a la imagen del represor político, vituperado dentro y fuera de México.

Boca del Río y sus 35 muertos, Veracruz y los 14 cadáveres, y finalmente los 36 cuerpos hallados en casas de seguridad, también en el puerto jarocho, fueron la puntilla del desprocurador Reynaldo Escobar.

Inventó datos. Acreditó su versión de que se trataba de delincuentes y usó como argumento Plataforma México, una base de datos del gobierno federal. “Todos”, dijo, con antecedentes penales. Falso. El gobierno federal lo desmintió y también al gobernador Javier Duarte, a quien don Rey embaucó y lo hizo pronunciar absurdos.

Atrapó a ambos un episodio colateral: el de los Matazetas, presunto autores de la masacre de Boca del Río. Negada oficialmente su existencia, caló hondo en la sociedad la certeza de que los paramilitares ya trabajan en el exterminio de narcos. Fluye también la versión de que ha vuelto la guerra sucia. Como en los años 70, el Estado no aplica la ley ni le interesa; toma a los criminales y los aniquila. Los enfrenta y si quedan vivos, los mata. No es paz social; es la paz de los sepulcros.

Hubo más. Cuando el periódico Notiver difundió la lista de nombres de los 35 muertos de Boca del Río, arrojados en la avenida Ruiz Cortines, bajo un paso a desnivel, el gobierno de Veracruz negó que se tratara de un dato exacto. La lista era, según la vocera oficial, María Gina Domínguez, apócrifa. Sostenía Notiver que los muertos no tenían antecedentes penales, contrario a lo dicho por el procurador.

Entre el 29 de septiembre y el 7 octubre, transcurrieron dos renuncias. Don Rey sería el pararrayos de la crisis en que sumió al gobierno de Veracruz. Una fue desechada. “Hasta el momento”, dijo el gobernador Javier Duarte, sigue siendo procurador. Vendría luego el hallazgo de 36 cadáveres en el puerto jarocho, el jueves 6. Un día después rodaría la cabeza de Reynaldo.

Irse así, por la puerta trasera, como los ladrones nocturnos, no arregla el cochinero en que se ha convertido Veracruz. Dijo Gina Domínguez, puntualmente torpe, que se fue Reynaldo por “motivos personales”. Se fue por sobradamente lángara, hablador irresponsable, manipulador de datos, perverso consumado que atribuyó a inocentes vínculos con el crimen organizado e hizo del atropello a la justicia una política de estado.

No acabará ese drama violento que vive Veracruz con la renuncia de Reynaldo Escobar a la Procuraduría estatal. Habrán más muertos, acciones criminales, atentados, rebasadas las instituciones, porque ese fue el clima al que don Rey contribuyó cuando era secretario de Gobierno, en el régimen de Fidel Herrera Beltrán.

Dejar la Procuraduría sin rendir cuentas, es treparse al carrusel de la impunidad. Decía Reynaldo Escobar, secretario de gobierno del fidelismo, que las únicas Zetas que había en Veracruz eran las del abecedario. Seis años encubrió las acciones del grupo criminal, privilegiado don Rey con información de oro, aportada justamente por su policía político, el hoy secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, silencioso cómplice de los malosos fieles.

Faltar a la justicia, agraviar a inocentes, dejar intocados a los grupos que hoy detentan un poder ilegal, sembradores de muerte, son, quiérase o no, acciones criminales. Reynaldo, con su disimulo, cometió crímenes por los que debe pagar.
No basta la renuncia a la Procuraduría de Veracruz. No aminora así el clima de violencia, la zozobra ciudadana, el terror en las calles, el drama de miles agobiados por el secuestro, la extorsión o la muerte.

Queda invetigarlo, llamarlo a cuentas, esclarecer por qué en seis años no vio más zetas que las del abecedario, mientras el grupo criminal se apoderaba de Veracruz.

Dejarlo ir sin exigir que explique por qué mintió en el caso de los muertos de Boca del Río, en el caso de la periodista Yolanda Ordaz, en el caso de los inocentes del Lencero, sería otorgarle patente de impunidad, ser cómplice y encubridor solidario.

Don Reynaldo, el mejor abogado de Veracruz, según sus propagandistas, se fue empequeñecido, sin derecho a nada, destruido el mito del implacable de la mano dura y el puño pesado, el mote del fiscal de hierro.
De huevos es Reynaldo, decian sus apologistas. Estrellados quedaron tras su vergonzosa salida de la Procuraduría.
 
Archivo muerto
Rastrea el C-4, la policía política del gobierno de Veracruz, dónde desatará Gladys Merlín los primeros brotes de ingobernabilidad en el municipio de Cosoleacaque. En tres semanas, según informes extraoficiales, la ex alcaldesa y ex diputada local y federal mostrará el músculo político. Con grupos porriles, alcohólicos y drogadictos egresados de sus “centros de rehabilitación”, realizará protestas y reclamos contra el presidente municipal Cirilo Vázquez Parissi, aún panista, próximamente atraído a las filas del PRI. Es la intención de Gladys Merlín evidenciar dos temas: que Cirilo es un auténtico cero a la izquierda, y que el cacicazgo de los Merlín no tiene fecha de caducidad. Abusiva del poder, manofloja para donar terrenos que no eran municipales, Gladys Merlín le aprieta el nudo al PRI sin reparar en la consecuencias legales. Supone que así será candidata a la diputación federal; que el legislador fidelista Antonio Benítez Lucho no pesa, y que el gobernador Javier Duarte no tiene —no debe— meterse en la nominación, en Cosoleacaque. Volada, la señora…

Privilegiado entre los privilegiados fue Tony Parra, allá entre el 2000 y el 2004, cuando gobernaba Coatzacoalcos, por primera vez, Marcelo Montiel. Inflaba el monto de los contratos, facturaba obra adicional y obra extraordinaria más allá de lo que la ley permite. Defraudaba así, sin recato y sin miramientos, al Ayuntamiento. Eran tiempos en que caminaba de la mano de Marcos Theurel, entonces director de Obras Públicas, y con él se sabía impune. Tony Parra —José Antonio Parra Cortaza, según su CURP— está de regreso, remasterizado, corregido y aumentado. Regentea otra empresa, no la que lleva su nombre como razón social, sino Ingeniería Ambiental y Procesos, S.A. de C.V (IAPSA). Sí, la misma que es “propiedad” de Brian Carlos López Mendoza, involucrado en la fabricación de tapetes ecológicos, violando patentes y derechos, detenido por agentes de la Policía Federal Preventiva, y puesto en libertad poco después. Tony Parra es “supervisor de obra” en IAPSA, o sea la máscara con que encubre que el mandamás de la empresa es él. Contratista de chueco, Tony Parra hoy va por más. Para eso le sirve Marcos Theurel…

A media luz, persiste Adrián en usar su departamento de la colonia Puerto México como nido de visitas conyugales, de las que su amada esposa no tiene ni idea. Lleva ahí a la joven morena con quien se deja ver a diario, la prudencia perdida y el cinismo en todo su esplendor. Un donjuan resultó don Adrián, financiados sus amoríos con recursos públicos: el salario de sus amantes, diversiones, pachangas y reventones. A su nido lleva a la flaca morena, pero también han desfilado otras más. Bueno, hasta su esposa, de visita en este puerto, ha usado la cama de las noches locas…