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Resuelto el tema de la Reforma Judicial –la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el voto que faltaba- podemos esperar que en lo sucesivo la presidenta Claudia Sheinbaum se aboque con mayor profundidad a la agenda económica del país.

La jefa del ejecutivo mantiene su discurso de un segundo piso de la 4T basado en el rechazo al neoliberalismo y el fortalecimiento de un modelo económico nacionalista o estatista.

Ahora bien, una cosa es el discurso político y otra cosa es la práctica macroeconómica…

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El pasado treinta de octubre, Sheinbaum firmó el decreto por el cual CFE y Pemex vuelven a ser empresas públicas del Estado y dejan de ser empresas productivas del Estado.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación y puesta en vigor a partir del viernes primero de noviembre, la reforma signada por la presidenta avala la propuesta del ex presidente Andrés Manuel López Obrador enviada en febrero de este año.

De este modo se tira, se cae, se entierra la reforma energética impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto durante el año 2013.

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Durante dos sexenios se mantuvo la reforma constitucional que permitió la participación amplia de privados en los ramos petrolero y eléctrico.

Sobre las cantidades invertidas por empresas particulares -cotizadas en miles de millones de dólares- frente a las aportaciones del gobierno mexicano a través de subsidios y facilidades fiscales -contabilizadas en cientos de miles de millones de pesos- ambas partes se acusan…

Me explico: sólo en el rubro de electricidad y de acuerdo al sector empresarial, durante el periodo 2013-2022 México ganó porque sus empresas invirtieron unos 44 mil millones de dólares para producir más y mejor energía eléctrica en el país.

Por parte de funcionarios de la CFE -integrados al gobierno de López Obrador- se afirma lo contrario, al asegurar que el sector privado sólo invirtió 11 mil millones de dólares durante esos nueve años y a cambio recibió beneficios oficiales por el orden de los 490 mil millones de pesos.

Los datos anteriores fueron extraídos de una nota publicada en el periódico La Jornada del 22 de febrero del 2022 y firmada por Alejandro Alegría bajo el título: Subsidios a generadores privados asciende a 490 mil mdp: CFE. (1)

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Hasta aquí la parte nacionalista del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum y su aterrizaje en un decreto que aplica el proteccionismo, nacionalismo o estatismo económico en PEMEX y CFE…y sólo en una parte de ambas.

¿Por qué una parte?

Bueno, el decreto firmado por la presidenta el 30 de octubre establece que el gobierno manejará el 54 % de la inversión en PEMEX y CFE y los empresarios podrán invertir hasta un 46 %.

Añado un dato por mi cuenta: con respecto al gas natural México compra dicho energético a empresarios de Texas quienes lo envían mediante un ducto submarino a los puertos de Altamira, Tamaulipas, y Tuxpan, Veracruz.

Dicho proyecto de importación se empezó a construir durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y se puso en operación a partir del 2019, al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Durante el sexenio anterior, tras el arranque del primer piso de la 4T, dio inicio una ampliación del gasoducto Texas-Tamaulipas-Tuxpan, para hacerlo llegar hasta Coatzacoalcos.

La obra está en marcha y se planea concluir el próximo año, 2025, para usar el gas texano en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en la refinería Olmeca de Dos Bocas y en el sector industrial de Yucatán.

La inversión en el gasoducto submarino suma 4 mil 500 millones de dólares por parte de la empresa TC Energy, antes denominada TransCanada, que firmó un contrato con la CFE a cargo de su ex director Manuel Bartlett bajo el aval del expresidente AMLO.

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El pasado miércoles 6 de noviembre -a menos de una semana de la puesta en vigor del decreto que retorna a PEMEX y CFE a su condición de Empresas Públicas del Estado- Claudia Sheinbaum recibió en palacio nacional a Larry Fink, presidente de BlackRock, una sociedad de inversión multinacional con sede en Nueva York, por cuyas manos pasa alrededor del 7.7 % del Producto Interno Bruto del mundo.

Dicho en palabras simples: la presidenta de México platicó en sus oficinas con el gerente del organismo privado más poderoso del mundo.

BlackRock representa a miles de empresas privadas del planeta, cuyo dinero administra, contabiliza y coloca o invierte en mercados de unos cien países, entre ellos el nuestro. 

CONTINUARÁ.​