​José Luis Ortega Vidal 

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La captura de Jhovany Aguirre Benítez (a) “El vany” -la noche del pasado sábado catorce de agosto en la ciudad de México- representaría un hecho clave para visualizar los vínculos entre la política y el crimen organizado en el sur veracruzano. 

En una conferencia de prensa realizada el lunes dieciséis -a dos días de la captura- el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, acusó a Jhovany Aguirre de haber impulsado actos de violencia durante el proceso electoral 2020-2021 en el municipio de Jesús Carranza, ubicado en la frontera con el estado de Oaxaca; amén de haber intentado incidir ilegalmente en la elección de Sayula de Alemán. 

“El vany” Aguirre Benítez contaría con orden de aprehensión por delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, secuestro, extorsión y narcotráfico dentro y fuera del país. 

Estos datos fueron aportados a la opinión pública por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la ciudad de México luego de su captura en la delegación “Álvaro Obregón”, a bordo de un vehículo Mercedes Benz, color blanco sin placas donde le encontraron un kilo de cocaína y una pistola tipo escuadra con 19 cartuchos útiles. 

La SSC ubicó la presunta vinculación del detenido con el cártel de “La familia michoacana”, donde sería responsable de adquirir droga en sudamérica, vigilar su traslado a México y operar su distribución en Michoacán. 

En Veracruz Aguirre Benítez contaría con domicilio en la población de Suchilapan de López Arias, municipio de Jesús Carranza. 

Ahí el diecinueve de junio del 2021 un grupo de personas quemó boletas y paquetes electorales de los comicios municipales, frente al OPLE. 

En el mismo sitio ocurrió un enfrentamiento de ciudadanos con policías de Seguridad Pública del Estado enviados a fin de trasladar la documentación comicial al Organismo Público Local Electoral con sede en Xalapa y concluir el conteo de votos interrumpido por falta de garantías para funcionarios y representantes de partidos. 

El gobernador García Jiménez acusa de la violencia a Jhovany Aguirre Benítez así como a Fredy Ayala González y Pasiano Rueda Canseco. 

“El vany” tendría como objetivo fortalecer la presencia del cártel michoacano en la parte veracruzana del Istmo de Tehuantepec mediante el apoyo a precandidatos y candidatos a puestos de elección popular en los municipios de Sayula de Alemán y Jesús Carranza. 

La investigación respectiva y las pruebas que arroje serán manejadas entre las Fiscalías de Veracruz y de la Ciudad de México, afirmó la primera autoridad del estado. 

Al estar acusado por delitos federales, los pormenores sobre las violaciones a la Ley por parte de Jhovany Aguirre Benítez serían triangulados con la Fiscalía General de la República (FGR). 

Acusado por Cuitláhuac García Jiménez ante medios de comunicación sin ofrecer detalles sobre algún expediente oficial en su contra, Fredy Ayala González es alcalde con licencia de Sayula de Alemán y fue candidato de la alianza “Va por México”, del PRD-PAN-PRI, a la diputación federal por el distrito electoral XIV con cabecera en Minatitlán, Veracruz. 

Otro señalado, Pasiano Rueda Canseco, es un ex líder de la Asociación Ganadera Local de Jesús Carranza, cargo que dejó para convertirse en candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de su municipio natal. 

Un operador importante en la candidatura de Rueda Canseco fue su primo el profesor, co-fundador y ex dirigente del Sindicato Democrático de los Trabajadores de Educación de Veracruz (SDTEV), Enrique Canseco Cruz, a quien no mencionó el jefe del ejecutivo. 

Ni Fredy Ayala González ni Pasiano Rueda Canseco han realizado declaración alguna de cara a las acusaciones en su contra realizadas desde el palacio de gobierno el lunes dieciséis de agosto. 

De corroborarse la participación del cártel de “La familia michoacana” en el proceso electoral 2020-2021 en Jesús Carranza y Sayula de Alemán, esta coyuntura se sumaría a la pugna violenta, sangrienta protagonizada por los cárteles “Zetas sangre nueva”, “Jalisco nueva generación”, “Sinaloa o Pacífico”, “Del golfo”, “Zetas”, por plazas delincuenciales  en el istmo veracruzano y alrededores durante los últimos cinco lustros. 

Esta lucha con saldo de muertes contadas por cientos en más de cuarenta municipios  incluye afanes por extender su influencia en los terrenos electoral, institucional, financiero de Ayuntamientos en todo el sur. 

Las historias específicas sobre esta historia general suman cientos con relevancia en Las Choapas, Playa Vicente, Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, San Andrés Tuxtla, Cosoleacaque, Sayula de Alemán, Uxpanapa, Texistepec, Soconusco, Oluta, San Juan Evangelista, Ciudad Isla, Juan Rodríguez Clara, Cosamaloapan, Hueyapan de Ocampo, Jesús Carranza, Jáltipan, Chinameca, Agua Dulce, Catemaco, José Azueta, Oteapan, Nanchital, Hidalgotitlán, entre muchos otros. 

Esta situación ha modificado el tejido social, la seguridad para el convivio pacífico de la población, la disminución de capitales ya instalados y la fuga de inversiones millonarias con la consabida pérdida de: empleos, desarrollo económico, circulación monetaria, estabilidad financiera, así como el incremento de pobreza. 

Hay numerosos señalamientos periodísticos por parte de un reducido sector reporteril nativo y avecindado en el sur de Veracruz -abundan quienes pasaron a formar listas nominales al servicio de intereses ilegales- a cuyas voces y plumas se suman espacios de difusión, así como algunos conocedores e investigadores desde las capitales de la entidad, del país y desde el extranjero. 

La captura de “El vany” coadyuva al retiro de una cortina sobre un proceso electoral -2020-2021- con vidas perdidas antes de su inicio el 15 diciembre del 2020, luto durante su desarrollo hasta los comicios del seis de junio del 2021 y los días, semanas y meses posteriores a dicha jornada. 

Una vez más, resulta esencial la referencia al discurso de Cuitláhuac García Jiménez, quien exhortó a nuevos ediles el pasado catorce de junio a: 

“Que impidan que los grupos delictivos se les acerquen, que impidan dar la dirección de policía municipal al jefe de plaza de su municipio, la tesorería, la dirección de Obras Públicas. Que no permitan que se les infiltren. 

En esta ocasión van a ser alcaldes en una circunstancia diferente. Hoy sí se combaten a todos los grupos de la delincuencia organizada. No hay pactos, se acabaron los pactos, vamos a ir tras ellos”. 

Ante dicha exposición cabe la pregunta: ¿Y cómo podrán evitar los alcaldes -de darse cada caso en particular- responder a la presión de: “o plata o plomo”?