​Fuerza Civil: denuncias sobre desaparición de ciudadanos, la impunidad policiaca 

AMLOFest: reforma eléctrica y sucesión 2024 en Veracruz 

José Luis Ortega Vidal 

(1) 

Ricardo Monreal, Senador de la República, no ceja en su empeño de eliminar el delito de ultraje a la autoridad cuyas penas fueron aumentadas en el marco de la modificación del Código Penal de Veracruz en marzo pasado. 

La LXV Legislatura con mayoría morenista realizó esta acción en la búsqueda paralela de una concordancia con la Constitución. 

El tema se encuentra en espera de ser abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la cual se han presentado señalamientos de inconstitucionalidad.  

La SCJN estableció un precedente al declarar inconstitucional el delito de Ultraje a la Autoridad en la ciudad de México durante el año 2016. 

Falta, sin embargo, se agende el tema entre los magistrados de la máxima autoridad judicial del país y resuelvan a favor de su continuidad o lo echen abajo como -se prevé- ocurriría. 

Por lo pronto en el contexto del proceso electoral 2020-2021 esta modificación legal otorgó un poder sin precedente a los cuerpos policiacos preventivos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal y a los de procuración de justicia -antes llamados policía judicial- bajo jurisdicción de la Fiscalía veracruzana. 

Ayer, en el marco de su comparecencia ante la LXVI Legislatura, el Secretario de Seguridad Hugo Gutiérrez Maldonado describió el delito de ultraje a la autoridad como una defensa de los cuerpos policiacos. 

Dijo: “este delito siempre ha existido, lo que se hizo fue armonizar con el artículo 19 de la Constitución, donde habla de prisión preventiva oficiosa, todo lo que involucre con violencia”. 

Añadió: “en el código penal de Veracruz era más castigado un taxista que no traía concesión a un delincuente que le tiraba balazos a un policía…Ahorita tenemos la oportunidad de corregir el código penal y ponerlo acorde con el nuevo procedimiento”. 

Estableció: “las reformas que se hicieron en ultrajes a la autoridad fue la anterior legislatura, y eso se los agradezco, porque el policía también es humano, el policía también tiene familia, al policía también hay que protegerlo”. 

Por su parte, el Senador Ricardo Monreal informó el lunes pasado haber solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos -a cargo de Rosario Piedra- su intervención para defender a seis jóvenes veracruzanos detenidos por haber cometido -presuntamente- el delito de ultraje a la autoridad. 

El tema fue ventilado mediante un video publicado en redes sociales el pasado 20 de noviembre por el coordinador de los Senadores de MORENA en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. 

Dicha acción generó respuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien señaló que en Veracruz se respetan los derechos de todos los ciudadanos y las instancias encargadas de impartir justicia actuarán apegadas a derecho en el caso de los jóvenes acusados por ultrajes a la autoridad a los que se refirió el Senador. 

Bien. 

Por su parte el Secretario de Gobierno Erick Patrocinio Cisneros Burgos también se subió a la palestra e invitó a Ricardo Monreal, mediante la prensa, a voltear hacia su entidad natal -Zacatecas- donde hay “muchísimas violaciones en todos los sentidos y muchísima violencia”. 

A menudo el Secretario de Gobierno de Veracruz deja solo a su jeje el gobernador; o no lo asesora o lo asesora mal pero hay fallas en el discurso político del jefe del ejecutivo a lo que debemos sumar los ataques recibidos por García Jiménez desde diversos frentes ante los cuales es común preguntar: ¿Y dónde está el jefe de su ejército político? 

 Y nada se sabe del nativo de Otatitlán e impulsor del catamarán en Tlacotalpan y la pista de hielo en Papantla… 

Sabemos del padrinazgo de Rocío Nahle al Secretario pero éste, por lo menos, debería disimular de cuál lado masca la iguana de su proyecto político personal… 

En fin, más allá de la politización evidente del tema del ultraje a la autoridad, estamos ante una decisión radical. 

En Acayucan,  al  inicio de semana, se generó una denuncia anónima sobre la desaparición de un ciudadano a quien elementos de la Fuerza Civil habrían detenido cuando viajaba en un taxi. 

A este caso se suman las denuncias por las desapariciones de David Mendoza Cortés y Ernesto Hernández Castañeda, ocurridas en Catemaco y Ciudad Isla, a manos de la misma corporación. 

Hay más: este miércoles elementos de la Fuerza Civil fueron detenidos en Coatzacoalcos por la Guardia Nacional, cuando transportaban a diez migrantes centroamericanos -cuatro menores de edad y seis adultos-. 

Los elementos de Fuerza Civil conducían las patrullas FC2541 y FC1698. 

Estos casos graves de presumible desaparición de civiles y captura de policías estatales a manos de policías federales por sorprenderlos en la flagrante violación de la ley, constituye un punto extremo de una realidad profundamente compleja en el terreno de la inseguridad, la violencia, la generación de elementos de Estado fallido y de rompimiento del tejido social. 

Ciertamente, como apunta el titular de la SSP, en el otro extremo están los casos de policías honestos atacados e incluso muertos en el cumplimiento de su deber a manos de una delincuencia protegida por la impunidad. 

Las palabras lamentables del Secretario de Gobierno de Veracruz se alejan del término medio de estas condiciones sociopolíticas vinculadas a condiciones de ingobernabilidad en Veracruz. 

La denuncia del Senador Ricardo Monreal y su queja ante la CNDH apunta más en el sentido de no radicalizar aun más un contexto social violento al extremo en suelo veracruzano, que algún afán de montar un ring político en la entidad. 

No aprecio en el aspirante a la candidatura presidencial de MORENA para el 2024, el interés mínimo de “molestar” a la clase política veracruzana mientras defiende el caso de seis jóvenes presos por ultraje a la autoridad. 

Hay muchos defensores de presos por ultraje a la autoridad, sólo que no todos son Senadores. 

El tema de la inseguridad general, vinculado a la impunidad delincuencial y a la complicidad de una parte podrida de los cuerpos policiacos veracruzanos, es demasiado serio. 

Al respecto, el incremento a la penalidad en el delito del ultraje a la autoridad no parece abonar a una solución de fondo. 

Menos, cuando el tal delito mantiene en la cárcel a media docena de políticos de oposición detenidos en tres momentos del proceso electoral 2020-2021: durante la precampaña, durante la campaña, y pasados los comicios del seis de junio… 

En este último contexto se ubica la elección interna de un partido político, el PAN, y la captura de Tito Delfín Cano. 

VARIA 

Sergio Gutiérrez Luna, por cierto, parece tener menos presión política ligada al tema de la Reforma Eléctrica. 

El tema -abordado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mensaje por el tercer informe de gobierno, este miércoles en el AMLOFest- se mueve en pantanosos terrenos de la geopolítica y particularmente en el ámbito del TLCAN, los intereses económicos de Estados Unidos, Canadá -y también Europa- al defender a sus inversionistas en el ramo eléctrico mexicano… 

Estas circunstancias han enviado el tema a la agenda del 2022 de la Cámara de Diputados. 

En la cámara baja del Congreso aún se buscan acuerdos con bancadas opositoras cuyos votos a favor de una reforma constitucional no son seguros. 

Lo anterior viene a colación por la continuidad en las giras de Gutiérrez Luna por Veracruz. 

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se fortalece junto a Rocío Nahle en sus respectivos afanes por buscar la gubernatura de Veracruz en el 2024, vía MORENA. 

Ahí está presente esa dupla, sin menosprecio de otras opciones políticas que requieren el reconocimiento del electorado veracruzano… 

Al mismo tiempo, todos los aspirante están obligados a conocer los fondos de la cada vez más compleja geografía sociopolítica y socioeconómica de nuestros 212 municipios…