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En la jerga judicial durante la llamada dictadura perfecta ejercida por el PRI, se escuchaba en los pasillos de los juzgados mexicanos: “un auto de formal prisión y un vaso de agua no se le niega a nadie”. 

¿Es el caso de la vinculación a proceso aplicada a Juan Manuel Del Río Virgen de complicidad intelectual en el asesinato de Remigio René Tovar Tovar en Cazones de Herrera, Veracruz? 

Ya lo sabremos dentro de un año y tres meses; es decir allá por el primer trimestre del 2023, cuando el caldero preelectoral para la sucesión de Presidente de la República y de Gobernador de Veracruz esté ardiendo a un grado mucho más fuerte que el actual, de suyo muy candente. 

De origen, era imposible no politizar más un crimen cuyo parto fue político por necesidad: el del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera por el Movimiento Ciudadano. 

El proceso electoral 2020-2021 podría quedar registrado como el de mayor vínculo con la violencia en la historia veracruzana; y no sólo eso, sino el de mayor empleo de herramientas de Estado destinadas a la prevención de delitos y la procuración de justicia, en la búsqueda mezquina de objetivos partidistas. 

Es decir, el del 2020-2021 sería un proceso con circunstancias preelectorales, electorales y postelectorales sucias por haberse manejado con elementos de elección de Estado, participación directa o indirecta del crimen organizado y el arribo al poder de ciudadanos por los cuales el electorado no votó o no tuvo una conciencia plena para votarles o votó por ellos con el resultado de minoría de sufragios -es decir, perdieron- pero quienes obtuvieron una mayoría real fueron impedidos de asumir el Poder por estar presos, bajo condiciones legales de origen dudoso. 

Las historias particulares son numerosas y hay también decesos por causas naturales que han terminado beneficiando a tal o cual color partidista pues en eso de “el muerto al hoyo y el vivo al bollo” nos pintamos solos. 

En el municipio de Jesús Carranza habrá nueva elección en marzo pero Ponciano Rueda Canseco -abanderado del PT- no tomará parte porque está preso, acusado -entre otras cosas- de haber ideado la quema de papelería electoral el 19 de junio pasado frente al OPLE local. 

En Cazones de Herrera asumirá el cargo edilicio Miguel Ángel Uribe Toral, tercer personaje en la trama… 

Esto luego del asesinato del candidato del MC, del encarcelamiento Omar Ramírez quien fue impuesto como candidato suplente y es señalado como autor intelectual de aquel crimen atroz y también -para anexar al contexto- de la vinculación a proceso de Juan Manuel el Río presunto cómplice intelectual en el drama cazoneño cuya evocación a las tragedias políticas de Shakespeare resulta inevitable. 

En Lerdo de Tejada asumirá un suplente porque el alcalde electo -Jorge Fabián Cárdenas Sosa- está preso señalado como presunto secuestrador de una víctima que resultó asesinada y cuyo caso se resolvió casi de inmediato. 

La detención rápida de los presuntos autores materiales del secuestro y asesinato por los que se detuvo al edil electo de Lerdo, acaso ocurrió porque la víctima pertenece a una familia sumamente poderosa en el ámbito político veracruzano: la de los Montano, ligados desde los años 30s a la dinastía Alemán en cuya currícula aparecen una Presidencia de la República, dos gubernaturas, dos Senadurías y un cacicazgo clave para entender el devenir del sur veracruzano durante la segunda mitad del siglo XX. 

Hay más casos: en Sayula de Alemán asumirá la alcaldía una viuda. A su esposo lo mataron cuando ejercía el cargo de edil, declaraba públicamente sus afanes de convertirse en Alcalde y pedía transparencia en el manejo de los recursos públicos del Ayuntamiento sayuleño. 

Ciertamente, hay detenidos y presos acusados del asesinato del político de Sayula, pero la estabilidad política no termina de arribar a este pueblo. 

En Soconusco es alcalde electo un hermano lleno de dolor: su consanguíneo -Jorge Baruch Custodio- interesado en buscar una candidatura para repetir como titular del poder local, también fue retirado de la precontienda a base de balazos mortales. 

En Minatitlán, Nicolás Ruiz Rosete- candidato del PAN/PRI/PRD- recibió votos a su favor pero no le resultaron suficientes pues no pudo hacer campaña porque estaba y está preso, acusado de privar de la libertad a ciudadanos ligados a la industria de la construcción. 

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Aclaremos: una cosa es la condición de inocente o de culpable; tema, decisión, determinación de fiscales, defensores legales y finalmente de jueces. 

Aquí exponemos sólo datos, datos, datos de historias, historias, historias… 

El tiempo pondrá más datos sobre estos temas para dejarlos en claro. 

Y para acercarnos, también, al fondo o los fondos del proceso electoral 2020-2021 buscando respuestas a estas interrogantes:  

¿Dónde hubo a ciencia cierta elementos de elección de Estado, como sería el caso de Rogelio Franco Castán, sujeto con fama de rufián y antecedentes probados de golpeador de mujeres, pero al mismo tiempo ciudadano con derechos para ser electo diputado federal vía su partido el PRD, como se lo propuso, como lo logró y no pudo arribar al Congreso federal por estar preso? 

¿Dónde ocurrió la intervención de grupos del crimen organizado para eliminar precandidatos o candidatos contrarios a los intereses ilegales? 

¿Dónde el gobierno actuó exitosamente y en apego pleno a derecho, en el combate a los grupos delincuenciales enemigos del estado de Derecho y la democracia? 

¿Dónde hubo elecciones plenas y ganó quien el pueblo decidió que ganase y será dicho triunfador el próximo o la próxima edil? 

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Por lo pronto, desde el caso de Juan Manuel “N” recordamos la cínica frase surgida en los tiempos de la dictadura perfecta del priísmo: “un auto de formal prisión y un vaso de agua no se le niega a nadie”. 

Nomás hay que actualizarla a modo de pregunta: ¿Una vinculación a proceso y un vaso de agua no se le niega a nadie? 

¿En eso ha consistido el cambio democrático, la corrección de un sistema político anacrónico? 

¿En eso estamos convirtiendo los resultados de la lucha por un México y un Veracruz más justo, sin pobreza ni corrupción, cuyos antecedentes históricos nos remiten -por citar una fecha cercana- a la Revolución de 1910? 

No lo sabemos aún; pero lo sabremos… 

El tiempo dará resultados específicos sobre los encarcelados y los muertos en la preelección, la elección y la postelección 2020-2021. 

Este tema no ha concluido y está lejos de concluir este viernes 31 de diciembre. 

Apenas termina un año más en el calendario, pero los procesos políticos vividos por el país y nuestra entidad están bien abiertos y en plena ebullición. 

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Fuentes de la Fiscalía General de la República nos acercaron a estos datos: Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y el resto de consejeros del Instituto Nacional Electoral denunciados por la Cámara de Diputados luego del intento de bloquear o posponer -¿se trató de un eufemismo?- la consulta para la revocación de mandato en 2022, estuvieron a punto de ser detenidos. 

Sí, tal acción habría constituido una erupción cuasi volcánica en las instituciones democráticas del país. 

Desde 1990 -cuando nació el Instituto Federal Electoral, IFE luego ajustado en su nombre por el acrónimo INE- el país ha ido avanzando en el rostro electoral de su democracia. 

Ello demanda -en la práxis- un árbitro comprometido en su totalidad con la norma jurídica que le rige y el espíritu de libertad otorgado a sus acciones sin menoscabo del alto grado de responsabilidad que ello implica. 

Sí, señores del INE, toda libertad implica obligaciones pues de otro modo se convierte en libertinaje: político-electoral en este caso. 

Frente a este panorama la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendió el reclamo de la Cámara de Diputados efectuado por Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva. 

Puesta la instrucción en la mesa, el INE debe acatarla y concentrarse en la planeación y ejecución de la consulta ciudadana sobre la revocación de mandato. 

Empeños en contrario desde el INE derivaron en la denuncia contra los Consejeros del INE. 

Se optó por la prudencia política ante la decisión de la SCJN y el Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó un no frente a la denuncia, cuyo fundamento jurídico está debidamente sustentado, de acuerdo a la fuente consultada en la FGR. 

Sergio Gutiérrez Luna hizo una lectura desde la sensatez política y en apego a la manifestación del jefe del ejecutivo. 

Ya no se ratificó la denuncia. 

El tema, desde esa perspectiva, fue cerrado porque la consulta para la revocación de mandato vendrá, tal y como se demandó desde varios frentes: ciudadanos, político, sectoriales del país incluyendo la cámara baja del Congreso. 

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Ahí quedó otra historia, para el anecdotario político mexicano.