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Hay hechos clave para considerar la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral 2020-2021 en varias regiones de la entidad veracruzana; se trata de un proceso vivo y por tanto algunos sucesos actuales también se le vinculan. 

En la región del istmo de Tehuantepec por el lado veracruzano -a la revisión de cuya coyuntura política se ha abocado Claroscuros durante varias entregas -desde la voz oficial del gobernador Cuitláhuac García Jiménez se ubican los comicios municipales de Jesús Carranza y Sayula de Alemán con nexos de violencia. 

Pero en este radar sobre la mezcla de fuerza bruta con el proceso electoral también aparece Coatzacoalcos a partir del encarcelamiento por ultraje a la autoridad y presuntos delitos contra la salud y posesión ilegal de arma de fuego, del líder de la CATEM y dirigente del partido Fuerza por México, Ramón Ortiz Cisneros. 

Y hay más, muchos más casos... 

El 21 de septiembre del 2021 se detuvo en Chiapas a Jesús Uribe Esquivel, ex candidato de la alianza Va por México (PAN/PRD/PRI) a la alcaldía de Las Choapas, acusado de asesinato… 

Añadamos a Soconusco donde el próximo mes de febrero se cumplirán dos años tras el ataque mortal en contra de Jorge “Coqui” Baruch Custodio, aspirante a la precandidatura del PAN a la alcaldía, hoy en manos de su hermano Cuauhtémoc Baruch Custodio.  

En la cabecera municipal soconusqueña. además, durante una gira trabajo en el 2021 el gobernador Cuitláhuac García Jiménez apuntó hacia el palacio municipal y afirmó que allí operaban delincuentes, sin dar nombres ni niveles de cargos en la administración recién concluida. 

También el próximo mes de febrero se cumplirá el primer aniversario luctuoso de Gladys Merlín Castro y su hija Karla Enríquez Merlín, joven aspirante a una candidatura a la presidencia de Cosoleacaque a quien la muerte se le atravesó en el camino. 

Aquí, hoy, hacemos apenas un asomo sobre el aspecto violento del proceso electoral 2020-2021 que aún no concluye pues hay municipios donde la elección se repetirá y  procesos judiciales conectados -así sea indirectamente- a las autoridades cuya labor apenas cumple dieciocho días este martes… 

Ocurre uno en Ciudad Lerdo -cuyo alcalde electo y su suplente fueron detenidos acusados de secuestro y asesinato- y otro en Cazones de Herrera donde el candidato del Movimiento Ciudadano, Remigio René Tovar Tovar, fue asesinado dos días antes de los comicios, su suplente fue detenido 17 días más tarde acusado de haber ordenado su muerte y el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, José Manuel Del Río Virgen, está preso señalado como cómplice intelectual del mismo crimen… 

Hubo lucha entre grupos delincuentes durante los meses previos a la campaña formal por la alcaldía en Texistepec… 

Las pugnas entre delincuentes ocurrieron por doquier al margen de, o enredadas con, la competencia legal basada en el derecho electoral y la estructura de los partidos políticos debidamente registrados ante las instancias debidas: el INE y el OPLE. 

Añadamos un contexto más para visualizar las condiciones que permearon el proceso electoral 2020-2021: durante los cuatro años de los Ayuntamientos recién entregados a los nuevos ediles se generó violencia con el saldo de cientos de ciudadanos, funcionarios públicos, jefes policiacos, fiscales, políticos de carrera, empresarios, agredidos físicamente, privados de su libertad, asesinados o atacados con afanes mortales fallidos en docenas de municipios veracruzanos, incluidos casi todos los sureños. 

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El periódico El Financiero publicó el 19 de mayo del 2021 -bajo la firma de Iván Sánchez- la siguiente nota: 

“Veracruz es la entidad con mayor violencia política, según informe de Etellekt 

`Los homicidios de candidatos en el actual proceso electoral son el 18 por ciento del total registrado en el país, según un análisis`. 

“Veracruz ha registrado 45 víctimas de casos de violencia en contra de aspirantes y candidatos a elecciones populares, lo que pone a la entidad en primer lugar de violencia política, seguido de Guerrero y Oaxaca, de acuerdo con el Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021 de Etellekt. 

La violencia contra aspirantes a cargos de elección popular se ha disparado en el presente proceso electoral en dicho estado, dejando como saldo varias personas muertas y heridas. 

Entre los hechos de inseguridad en contra de actores políticos de la entidad veracruzana se pueden contabilizar desde asesinatos y ataques armados, hasta secuestros de familiares e intimidaciones. 

En el caso concreto de homicidio de candidatos, Veracruz ha registrado 14 hechos, lo que, de acuerdo al citado estudio, representa el 18 por ciento del total de asesinatos de políticos ocurridos en México durante el actual proceso electoral. También se ocupa el primer lugar en casos de familiares de políticos asesinados. 

El cuatro de marzo se dio a conocer el asesinato del candidato a la alcaldía del municipio de La Perla por el PRI, José Melquiades Vázquez Lucas. Un mes antes, en febrero, fueron asesinadas por un comando armado la ex alcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín. 

También en febrero se perpetró el homicidio de Gilberto Ortiz Parra, precandidato a la alcaldía del municipio de Úrsulo Galván por Morena. 

En abril 12, Filogonio Hernández, candidato a la alcaldía de Tatahuicapan, denunció a través de redes sociales un atentado en contra de su hijo. 

El siete de mayo, Rafael Higareda, dirigente municipal del Partido Todos por Veracruz en Papaloapan, fue secuestrado, mientras que uno de sus acompañantes fue asesinado durante un ataque. El día dos del mismo mes Norma Angélica Diz Reyes, aspirante a la alcaldía de Acayucan, denunció ataques en contra de un vehículo suyo. 

Gabriela Ortega Molina, aspirante a la presidencia municipal de Colipa por el PRD, dijo en sus redes sociales que miembros de otro partido político la hostigaron e intimidaron. 

El 14 de mayo un grupo armado atacó la casa de campaña del candidato del partido Podemos a alcaldía de Cuitláhuac, José Said Castillo Blanco, en donde resultó herido Hugo Gutiérrez Porras, quien es su jefe de prensa. 

Dos días después fue localizado el cuerpo de José Alfredo Gaspar Gutiérrez, precandidato a la presidencia municipal de Misantla por Morena, reportado como desaparecido días antes. 

Ante el clima de violencia que se vive en la entidad, Francisco Garrido, dirigente estatal del partido Podemos exigió que el Gobierno Federal atraiga la seguridad en la entidad veracruzana. 

El senador panista Gustavo Madero criticó la situación de inseguridad que existe en Veracruz y aseveró que ello pasará factura en la votación a Morena en las próximas elecciones. 

El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez, también ha sido crítico sobre la responsabilidad del estado en el tema de violencia en contra de diversos candidatos a puestos de elección popular.” (1) 

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Hay más historias, muchos más detalles… 

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A propósito del proceso electoral 2020-2021, resultan insoslayables los nexos entre el pasado y el presente, amén de los sucesos que sacuden la estabilidad social, de seguridad en una región generando una suerte de sismo que alcanza los alrededores… 

Ayer se cumplió el primer aniversario de la masacre de doce personas -ocurrida el 17 de enero del 2021- en Las Choapas, municipio fronterizo con Tabasco y Chiapas en el sur profundo veracruzano. 

El periódico PRESENCIA,  cuya sede justamente es Las Choapas -con versión impresa, digital y referente estatal e internacional en el periodismo de investigación- recordó en su edición de este lunes lo ocurrido doce meses atrás: 

“A un año de la masacre en el Cerro de Nanchital, ni sentencia ni libertad 

El informe oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), establece que esta matanza, fue por un pleito entre dos grupos de autodefensas que antes formaban uno solo, pero tuvieron una ruptura. 

17/01/2022. Por Hernán Villarreal 

​Este lunes 17 de enero se cumple el primer año de la masacre registrada en la localidad Cerro de Nanchital, perteneciente a este municipio, que dejó como saldo un total de 12 personas acribilladas a balazos con armas de alto poder y un clima de terror. 

También 11 habitantes del Cerro de Nanchital y comunidades circunvecinas se encuentran detenidos hace casi 12 meses en distintos reclusorios del estado y hasta el momento no hay sentencia ni libertad, ya que el proceso se ha prolongado…”  

“…Los detenidos son: Juan Alfredo Reyes Barragán, Juan Yahir Reyes; Hugo de la Sancha Montes, Mario de la Sancha Aguirre, José Rodolfo González Jurado, Alfonso Martínez Salazar, Bonifacio Salazar Acuña, Rodolfo López Mendoza, Esteban Moreno Reza y Fredy Moreno Reza, cuyos familiares interpusieron sus quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador…” 

“…El 14 de agosto pasado, PRESENCIA Sureste publicó que al haber indicios y certificados médicos que sostienen que las confesiones plasmadas en la Carpeta de Investigación de los 11 detenidos fueron arrancadas a bases de tortura, un Juez de Distrito ordenó a la Fiscalía General del Estado se les practique el Protocolo de Estambul a cada uno de los involucrados en el proceso, pero dicho órgano impartidor de justicia ha retrasado ese procedimiento…” (2) 

Continúa el trabajo del periódico PRESENCIA: 

“LA MASACRE 

El 17 de enero de 2021, a partir de las siete de la noche, a través de las redes sociales, se alertaba de balaceras en ejidos como Emiliano Zapata y Tronconada, minutos después ya confirmaban el hallazgo de al menos 10 cuerpos sin vida en el camino de terracería Alto Uxpanapa-Nueva Tabasqueña, pero al acudir las autoridades de seguridad así como este medio informativo, se confirmó que en total eran 12 las personas asesinadas.  

Las imágenes que circulaban en redes sociales esa noche eran brutales; cuerpos regados en el camino de terracería, maniatados, con cinta canela alrededor de los ojos, uno de ellos envuelto de toda la cabeza, los indicios apuntan a que prácticamente fueron fusilados, ya que los hincaron y les dieron muerte. 

Las víctimas fueron identificadas como: Ramiro Gorostieta Domínguez, Miguel Barrales Rodríguez, Isidro García Morales, Alfredo Jaimes Gorostieta, Fernando Gorostieta Hernández, Teódulo Gorostieta Domínguez, Luis Hernández Hernández, Santiago Rodríguez Juárez, Bartolo Domínguez Isidro, Valentín Gorostieta Hernández, Régulo López Domínguez y Mauro Gorostieta Hernández, todos ellos habitantes de la localidad Cerro de Nanchital…” 

“Pleito de autodefensas: informe oficial 

La masacre de estas personas `derivó por un conflicto entre dos grupos de autodefensas que se peleaban el control de la zona`, razón por la que un contingente emboscó al otro cuando regresaban de una asamblea ejidal, reveló un informe ministerial que dio pase al cumplimiento de 11 órdenes de aprehensión el pasado 16 de noviembre, a un mismo número de personas que ya están recluidas en distintos penales de Veracruz, desde el 25 de enero de 2021. 

El informe oficial al que PRESENCIA Sureste tuvo acceso revela que el 17 de enero por la mañana, los ahora occisos habían asistido a una asamblea en Río Playas, relacionada precisamente a estos grupos de seguridad que operan en la zona rural. Por la tarde, “al regresar a sus hogares fueron interceptados por un grupo antagónico de autodefensas, quienes primeramente los privaron de la libertad y posteriormente les quitaron la vida para dejar sus cuerpos en un camino de terracería”​ 

Antes de que estos dos grupos se separaran y terminaran en conflicto, era uno solo; sin embargo, terminaron peleando “el control de la zona”. Luego de la masacre de las 12 personas, la Policía Ministerial llevó a cabo un operativo en la congregación Cerro de Nanchital con el objetivo de identificar y capturar a los probables responsables de dicho acto. 

Como resultado, según el informe, “fueron detenidos en flagrancia 11 personas armadas pertenecientes a grupos de autodefensas, quienes al verse acorralados agredieron a los policías ministeriales”, finalmente se logró la detención de todos por los delitos de ultrajes a la autoridad y fueron vinculados a proceso el 26 de enero del mismo año. 

Montaje de la fiscalía 

Finalmente, “tras sustentarse su presunta participación en la masacre de las 12 personas”, el Juez de Control adscrito al Juzgado  de Proceso y Procedimiento  Penal  y Oral del Vigésimo Primer Distrito Judicial con residencia en Coatzacoalcos, liberó las órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado dentro del Proceso Penal 039/2021, por lo que la Policía Ministerial al mando del comandante Ariel Aguilar Macedo, les notificó a los 11 detenidos el nuevo proceso en su contra, mismo que se ha prolongado y hasta este día no hay sentencia ni libertad para los indiciados.  

Los familiares de los detenidos ha pugnado porque intervenga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la propia presidencia de la república y que la Fiscalía General del Estado acepte sus alegatos y pruebas de presunta inocencia, pues aseguran que fueron objeto de abusos de autoridad durante su detención y que no tuvieron relación con la matanza de las 12 personas; sin embargo, el Juez sí halló los elementos para imputarles la comisión del delito de homicidio calificado…” 

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Ante hechos de tal magnitud y naturaleza nada vuelve a ser igual… 

La vida social y política de los pueblos involucrados en masacres como ésta en la zona rural en Las Choapas, padece un giro dramático en su existir. 

Se filtra, desde luego, en el devenir electoral.  

El miedo toma parte de la vida cotidiana e influye inevitablemente en los resultados de procesos electorales como el del 2020-2021. 

La masacre de Las Choapas el 17 de enero del 2021 es producto de una lucha entre autodefensas, subproducto a su vez de la existencia de un poder paralelo al del Estado; fincado en el crimen organizado que surge desde elementos de descomposición -en una historia reciente o añeja- del propio Estado.  

Dialéctica política pura. 

Por todo ello, algunos elementos de composición sociopolítica o sociológicos de la masacre del 17 de enero del 2021 en Las Choapas aparecen, se repiten, en la masacre del 7 de enero del 2022 en el camino de Ciudad Isla a Santiago Tuxtla. 

El camino donde fueron abandonados nueve cadáveres se bifurca hacia  el municipio de Tres Valles, ubicado en una región -la del Sotavento- donde han convivido por siglos pueblos oaxaqueños como Tuxtepec, con pueblos veracruzanos como Cosamaloapan. 

Esta segunda masacre se ha convertido en un suceso de trascendencia internacional a partir de la carta enviada por Brian LeBaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedir la intervención de su gobierno en una investigación de los gobiernos estatales de Morelos y Veracruz, por presuntos nexos con el crimen organizado. 

En el caso de Veracruz, Brian LeBaron basa su sospecha en el video y la cartulina generados en torno a los ejecutados en el camino de Ciudad Isla, contra el Secretario de Gobierno Erick Patrocinio Cisneros Burgos. 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha manifestado oficialmente su rechazo a tal acusación. 

El video de marras es un falso montaje sostuvo el jefe del ejecutivo al tiempo de arropar políticamente a Cisneros Burgos. 

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador tras librar el Covid retornó este lunes a la mañanera y habló sobre la carta de LeBaron.  

Dijo AMLO que no es necesaria la recomendación norteamericana porque en México hay calidad moral y política para atender casos como el planteado por Brian y de haber sustento actuar.  

Y en el caso de darse una petición del gobierno vecino se atendería porque hoy hay justicia y no hay corrupción. Eso afirmó, palabras más palabras menos, el jefe del ejecutivo mexicano… 

Lo anterior ocurre en los niveles más altos de la política nacional y veracruzana y en el ámbito mediático nacional. 

A nivel de tierra no podemos dejar de observar la presencia del crimen organizado en el proceso electoral y añadir a los pormenores de la consultora Etellekt datos duros desde cada municipio, desde cada región, desde cada micro universo distrital o comunitario veracruzano, como los establecidos en el istmo y en nuestras fronteras pero sobre todo en aquellas tierras y culturas que compartimos con Oaxaca, Tabasco y Chiapas. 

Existen múltiples análisis sobre nuestra compleja realidad sociopolítica. 

Remito a la columna “En tercer persona” de Héctor De Mauleón, publicada en El Universal en su edición de este lunes 17 de enero.  

El columnista de El Universal refiere -con ironía crítica- a la firma de acuerdos entre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la jefa de gobierno del Distrito Federal Claudia Sheinbaum realizada el fin de semana pasado con el fin de colaborar para la consolidación de la 4T. 

Luego De Mauleón hace referencia al asesinato -el pasado fin de semana en Yanga, Veracruz- del ex dirigente panista, ex candidato a la alcaldía y funcionario en tránsito estatal, Raúl Castillo Cruz; crimen que se suma a la violencia post electoral observada desde Claroscuros en Veracruz. 

En junio del 2021 fue asesinado su hermano Israel Castillo Cruz, detalla el columnista. 

“La inmersión en el dantesco infierno veracruzano de esos días enchina la piel. Según un recuento de Lantia Intelligence, la violencia político-electoral en el estado fue sobre todo `un mecanismo empleado por las organizaciones criminales para controlar carteras clave de la administración local` (contaron también intereses políticos, y de caciques de la región).”, añade Héctor De Mauleón. (3) 

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Luego de signar el convenio de colaboración entre el gobierno de Veracruz y el del Distrito Federal, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó al inicio de la tercera semana del año nuevo, durante una rueda de prensa, que se investiga a exalcaldes de Tres Valles y Carlos A. Carrillo a propósito de los hechos de Ciudad Isla el pasado 7 de enero. 

Declaró García Jiménez:  

“Estamos indagando a la administración anterior de Tres Valles y Carlos A. Carrillo porque fueron esas dos bandas, la de Tres Valles en contra de Carlos A. Carrillo porque “El gallero” y no es que yo lo sepa, es público, no ha mencionado cuál es su relación con las autoridades municipales anteriores y la actual, si había reuniones”. 

“Ojalá nos ayuden a preguntarle a los ex alcaldes de Tres Valles y Carlos A. Carrillo si tenían información de esas bandas, qué información le dio su policía municipal; que el de Tres Valles diga si conocía al “gallero” y qué relación tenían y que el actual también aporte (sic).” 

Por cierto, el ex alcalde de Tres Valles José Manuel Rodríguez es ahijado político de Tito Delfín Cano, aspirante a la dirigencia estatal del PAN preso y relevado por el nuevo líder Federico Molina. 

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El gobernador también habló este lunes sobre el acceso de cárteles a Veracruz durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Angel Yunes Linares. 

Este último respondió ayer mismo. 

Historia por narrarse…