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El 28 de febrero se realizará el último Foro del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica en México. 

La Junta de Coordinación Política -JuCoPo- de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión espera la presencia de directivos de Grupo LALA, Grupo Bimbo, Bachoco, Walmart; ALSEA; FEMSA; Kimberly Clark; Farmacias del Ahorro; Citi Bank; Santander; HSBC, y BBVA, entre otras. 

También se prevé la participación de empresas generadoras de electricidad como Enel Green Power, Acciona, Intergen, AES Corporación, Minera Autlán, Frontera México Generación, Generadora FÉNIX, EVM Energía del Valle de México, GPG Energía México, Electricidad Águila de Altamira, Fortius Electromecánica, Ammper Generación, entre otras más. 

La empresa española Iberdrola ha hecho pública su decisión de no participar. 

El pasado jueves diez de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a “una pausa” en las relaciones con España. 

Polémica y ambigua la declaración de AMLO generó incertidumbre en la relación diplomática entre México y el país ibérico. 

A la semana siguiente matizó: se trata de una pausa con empresas españolas, no con su gobierno ni el pueblo español. 

López Obrador acusó abuso e influyentismo en que habrían incurrido negocios privados de origen español en México y atajó que no se permitirían más. 

En el sector periodístico hubo quienes apreciaron en la afirmación del presidente mexicano una medida distractora tras el escándalo por la llamada “casita gris” de su hijo José Ramón López Beltrán en Texas, Estados Unidos. 

Un reportaje sobre el uso de esa vivienda por el hijo del presidente y su familia -fue rentada-  ha generado un enfrentamiento inusitado e inútil entre AMLO y el periodista Carlos Loret de Mola durante casi tres semanas. 

El caso es que Iberdrola hizo acuse de recibo del mensaje presidencial y no irá al Foro del Parlamento Abierto por la reforma eléctrica. 

Tal reforma ha sido propuesta por el ejecutivo y requiere de una negociación entre grupos de legisladores para modificar la Constitución. 

El tema, además, es motivo de un debate internacional entre empresarios de Estados Unidos, su gobierno y el gobierno mexicano. 

Para contextualizar debemos añadir la existencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte -ex TLCAN hoy TMEC- cuya suscripción obliga a Canadá, Estados Unidos y México a respetar acuerdos -entre otras materias- en lo referente al libre mercado en todas las áreas susceptibles de inversión privada como la energética: incluyendo la eléctrica. 

El gobierno de Estados Unidos ha enviado funcionarios del gabinete a dialogar con sus pares y con el presidente López Obrador, sobre el respeto a los acuerdos del TMEC y con el objetivo específico de proteger a sus empresarios. 

No aceptan la posibilidad de un retroceso a los acuerdos signados en julio del 2020. 

Del lado mexicano, para el ciudadano común toda acción oficial generadora de una disminución “en el pago de la luz” resulta plausible. 

Una afirmación de tal naturaleza es sinónimo de aplauso masivo e inmediato. 

Frente a ello, ajustar estructuras legales en tratos con empresas privadas nacionales y extranjeras por parte del Estado mexicano no es nada sencillo. 

Se han invertido miles de millones de dólares y hay nerviosismo entre empresas norteamericanas, españolas y sus gobiernos. 

El sector privado mexicano vela también por sus intereses. 

De un lado y otro, además, se apela a preocupaciones sobre las energías limpias, la lucha por el calentamiento global y otros elementos de la agenda ecológica mundial. 

Tales temas son importantes y se plantean a nivel internacional pero la firma Iberdrola piensa en pesetas antes que en la ecología mundial, mientras Joe Biden está planeando su reelección antes de perder una hora de sueño por el deshielo en la Antártida. 

¿Usted se imagen a los dueños de la cadena de OXXO llorar por la desaparición de las vaquitas marinas, antes de pelear con garras los millones de pesos de sus tiendas? Yo tampoco. 

En el tema de la reforma eléctrica en México todo es política, dinero y lucha de intereses privados asociados a grupos de poder. 

A los Foros del Parlamento Abierto por la reforma eléctrica llegan chimuelos expertos en mascar tuercas… 

El propio gobierno mexicano defiende su proyecto de Estado al mismo tiempo de pensar en la sucesión presidencial del 2024. 

Todo se mezcla. 

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Se aprecia difícil el escenario del Congreso Mexicano donde se requiere mayoría calificada en ambas cámaras -la de diputados y la de senadores- para lograr una modificación constitucional. 

Además de la eléctrica hay otras dos propuestas de reforma, la electoral (INE) y la de la guardia civil. 

Una posible solución será cambiar las propuestas enviadas por el Ejecutivo y poner y quitar condiciones a petición de la oposición. 

MORENA atendería así observaciones de panistas, priistas y perredistas. 

El tema de las reformas constitucionales también se vincula obligadamente con el calendario electoral 2022, 2023 y 2024 y todo acuerdo con diputados y senadores opositores estará marcado por los comicios que vienen. 

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Las reformas constitucionales propuesta por AMLO atienden dos temas estructurales del Estado mexicano: el jurídico y el económico a partir de la visión estatista de López Obrador, con antecedentes en la expropiación eléctrica de Adolfo López Mateos en 1960 y el desarrollo estabilizador de Antonio Ortiz Mena entre 1954-1958 y 1970. 

Para el sureste de la República la 4T impulsa el corredor interoceánico de gran contraste con la política estatista pues el gobierno se limita a mejorar la estructura vigente de los puertos en Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, así como la conexión férrea a lo largo de 307 kilómetros en el istmo de Tehuantepec. 

Ahí se apuesta a las inversiones privadas, nacionales pero sobre todo internacionales, asiáticas, europeas y norteamericanas. 

Sin el éxito del corredor interoceánico y las inversiones privadas de alto calado el sureste mexicano seguirá sumido en el retraso endémico macro y microeconómico. 

Hablamos de nueve entidades federativas: Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se ubica poco menos de la cuarta parte de la población nacional y el mayor número de pobres -el Estado de México, también destaca al respecto-. 

Frente al boom generador de empleos surgido por la extracción de petróleo y la inversión oficial en el ramo petroquímico, el sureste mexicano apenas ha sido abastecedor de materia prima para las zonas industriales del centro y norte de México. 

El corredor interoceánico representa una inversión de 8 mil millones de pesos que contrastan con los más de 8 mil 400 millones de dólares de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. 

A largo plazo será más productivo el corredor interoceánico que la refinería, pero su éxito depende del interés y aportación privada, la cual encontrará atractivo invertir en un país con estabilidad política y económica, con una estructura de seguridad sólida, con respeto a los tratados internacionales y con una política lo más abierta posible al mercado libre. 

Sin tales condiciones la inversión se aleja y la esperanza de combate a la pobreza muere. 

Todo ello está en juego en la pugna por la reforma eléctrica. 

Del éxito de acuerdos hacia el exterior y hacia el interior del país, en los planos políticos y con el sector privado, depende el futuro al que podremos acceder.