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La serie de marchas realizadas en la capital del país y docenas de ciudades de México y el extranjero en contra del llamado Plan B de la Reforma Electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en un momento histórico. 

Se trata de una continuidad de la marcha efectuada el pasado mes de noviembre, cuando la consigna fue “El INE no se toca”. 

Ayer, la arenga de miles fue “Mi voto no se toca” y aun cuándo en apariencia las marchas plantean temas diferentes, en realidad coinciden en la defensa de la democracia. 

La movilización de la sociedad civil que llenó el zócalo de la Ciudad de México y sus réplicas en más de ochenta ciudades como Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Xalapa, Veracruz, Guanajuato, Madrid, Miami, Washington, Londres -entre muchas otras- exige lecturas desde múltiples perspectivas. 

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En 1985 la sociedad civil se movilizó y salvó vidas frente a un gobierno -el de Miguel de la Madrid Hurtado- perplejo e inmovilizado por el terremoto y por su propio verticalismo político.  

La historia nos remite a la lucha de la sociedad civil a favor de la democracia en 1968, durante el movimiento estudiantil derivado en masacre por la represión gubernamental de Gustado Diaz Ordaz. 

La lucha ideológica nos remite a una izquierda y una derecha generadoras de movimientos políticos prodemocráticos frente al PRI duro, represor, antidemocrático, el de la mano de hierro y montado en el ejército para sostenerse en el poder por más de setenta años. 

En sus orígenes, el Partido Acción Nacional estableció una visión profunda de la democracia vinculada al desarrollo y la justicia social, ligada a la visión eclesiástica del orden y la disciplina ciudadana y a la estructura empresarial como artífice del éxito económico. 

Aquel PAN fue celoso de su propia ética en la búsqueda del poder y aportó mártires antes de entregar a sus militantes, a sus líderes y sus ideales al poder en turno… 

Así operó el panismo hasta los años setenta y algunos de sus personajes emblemáticos sostuvieron ese perfil histórico hasta los años ochenta y noventa: Manuel J. Clouthier, Luis H. Álvarez, Carlos Castillo Peraza, destacan en la lista. 

El del doctor Salvador Nava Martínez -alcalde de San Luis Potosí vía una candidatura independiente y fundador del Partido Demócrata Potosino- se alza como un ejemplo notable de la lucha civil contra los cacicazgos, en este caso el de Gonzalo N. Santos… 

Por su parte la izquierda mexicana vivió proscrita durante décadas; fue perseguida y muchos de sus ideólogos, luchadores, idealistas y constructores del México democrático actual, acabaron encarcelados o asesinados por el Estado. 

La guerra sucia del Estado mexicano entre los años 60s y 70s representa un rostro oscuro de nuestra historia y fue hasta la reforma de 1977 ideada por Jesús Reyes Heroles cuando los comunistas mexicanos fueron reconocidos en sus derechos de participación política y electoral… 

Habían nacido y luego nacieron otros partidos de izquierda pero el rompimiento interno del PRI gestado en 1987 vía la Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, devino la candidatura cardenista de 1988 y el cisma del priismo…provocado por izquierdistas del sistema. 

En 1990 el sistema priista admitió parcialmente su colapso y fue creado el árbitro que hoy miles de ciudadanos defienden: el IFE o Instituto Federal Electoral… 

En 1996 el IFE se convirtió en un organismo autónomo, en el 2014 pasó a ser el Instituto Nacional Electoral, INE, y a lo largo de más de tres décadas se constituyó en árbitro profesional, disciplinado, creíble, en la incipiente democracia mexicana. 

Hoy, el INE requiere ajustes, le urgen medidas de corrección. 

Particularmente disminuir sus excesivos gastos y debatir sus alcances político-jurídicos. 

La Reforma Electoral propuesta por AMLO y frenada luego de la marcha de la sociedad civil del pasado 13 de noviembre, a todas luces estaba encaminada a corregir lo corregible en el INE pero también a disminuir su independencia, lo cual representa un golpe a nuestra democracia. 

Esto último significa dañar el espíritu surgido luego de la lucha civil y partidista, tanto de izquierda como de derecha. 

Tantas marchas, tantas luchas se generaron por agendas temáticas amplias pero la lucha democrática estuvo ahí como demanda política permanente. 

De modo que el surgimiento del IFE en 1990 fue resultado de una pugna histórica en el país, y la separación del árbitro electoral del aparato de Estado resultó estratégica para nuestra democratización. 

El INE no es nuestra democracia, sino su árbitro. 

Y ese árbitro se conforma esencialmente de independencia jurídica, administrativa e inteligencia al más alto nivel para convivir con un espectro ideológico siempre cambiante desde el Poder. 

No es un tema menor el manejo del INE y su éxito en la organización de procesos electorales constantes y complejos. 

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Expuesto este panorama, las dos marchas de la sociedad civil denominadas “El INE no se toca” y “Mi voto no se toca”, han resultado tan exitosas como necesarias. 

Más aún: las movilizaciones civiles del 2022 y 2023 se ligan con claridad a la tradición de lucha civil desde los años sesenta hasta hoy -por acudir a un referente específico- aunque hay luchas sociales desde que México es México… 

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La Suprema Corte decidirá si el Plan B de la Reforma Electoral pasa o se frena. 

Pros y Contras del Plan B: 

El Plan B deja fuera la cláusula de vida eterna de los partidos llamados pequeños o que no alcanzan el obligado porcentaje de votos en una elección federal o estatal. 

Se eliminan las 300 Juntas Ejecutivas Distritales. 

De las seis vocalías existentes por cada Junta Distrital sólo habrá una, en la cual recaería las funciones de las otras cinco a eliminarse.  

Se elimina más del 84 % del Servicio Profesional de Carrera, del cual depende la eficacia en la organización de los procesos electorales. 

Los módulos del INE se instalarán en inmuebles públicos, como escuelas o clínicas, con lo que los datos de millones de personas estarían en sitios del gobierno. 

Se unifica el Programa de Resultados Electorales (PREP) con el cómputo de la elección, por lo que habrá dos sistemas simultáneos de resultados y se transmitirán el tiempo real. 

Se busca garantizar el derecho al voto para personas en prisión preventiva y personas con discapacidad en estado de postración. 

Se propone facilitar el voto de las personas en el extranjero. 

Se disminuye el presupuesto asignado por el Estado al Instituto Nacional Electoral. 

Consejeros y Magistrados Electorales tendrán que bajar su sueldo. 

Fideicomisos millonarios desaparecen. 

Los partidos tienen derecho a elegir a sus líderes y a sus candidaturas conforme a sus documentos básicos, sin la intervención de la autoridad electoral. 

Las autoridades electorales están impedidas para ordenar a los partidos la modificación de sus documentos básicos. 

Se establece un procedimiento en caso de solicitud de remoción del titular de la presidencia de la Sala Superior del TEPJF. 

El Tribunal Electoral no podrá conocer de asuntos sujetos a resolución de la SCJN y se garantiza que el máximo tribunal constitucional debe resolver antes de la conclusión del proceso electoral respectivo. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación únicamente podrá ordenar la reposición del procedimiento, pero no nombrar directa o indirectamente a las personas que integrarán las dirigencias de los partidos políticos o la elección o designación de precandidaturas o candidaturas. 

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Las marchas de noviembre y febrero para defender al INE y al voto no son totalmente impulsadas por la sociedad civil pues reciben influencia directa de dirigentes partidistas de la alianza Va por México, así como empresarios y líderes de opinión financiados por éstos. 

Hay, en concreto, intereses muy poderosos encaminados a combatir a la 4T y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mezclados con una lucha cívica validada por argumentos sólidos en defensa del árbitro electoral. 

Ante este panorama el gran árbitro es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Estamos ante un choque político de gran envergadura que marcará la continuidad de la madurez democrática mexicana o su freno desde el Estado. 

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Entre los asistentes a las marchas y sus cronistas se escuchan y leen frases como evitar que México se convierta en un país socialista y/o comunista, mientras del lado de la 4T -entre funcionarios y beneficiarios de programas asistenciales- se esgrimen razones como la urgente disminución de los sueldos a vocales del INE para canalizar ese dinero en el combate a la pobreza. 

Así de extremosas y ridículas las relatorías sobre una temática cuyo contexto es mucho más amplio y profundo. 

Las marchas apenas asoman la punta de un iceberg cuya visibilidad es impulsada por Andrés Manuel López Obrador y su maestría en generar choques políticos y polarización social. 

Esa punta, ese iceberg, en realidad son una bomba de tiempo. 

Vivimos una semana de trascendencia para el futuro político inmediato y mediato del país. 

Todo empezó el martes, cuando se dio a conocer el veredicto contra Genaro García Luna. 

El ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el gobierno de Vicente Fox, fue declarado narcotraficante en el juzgado de Brooklyn, Nueva York. 

Aquel martes quedó claro que todos los caminos de Brooklyn conducen a la boleta electoral de julio en el 2024 mexicano. 

¿Por qué? 

Muy simple: si García Luna se ofrece como testigo colaborador para el sistema judicial norteamericano habría de ventilar nombres de funcionarios embarrados junto con él en la narcopolítica mexicana. 

Y no sería sorpresivo que entre los nombres delatados por el ex super policía calderonista aparezcan algunos entusiastas marchistas defensores del INE y del Voto. 

Si García Luna decide guardar silencio su juicio será, inevitablemente, un elemento clave en la narrativa presidencial sobre la docena trágica del panismo en el poder. 

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Paradójicamente, las marchas donde tomaron parte personajes de oscuro pasado ligado a Genaro García Luna abren un jardín electoral de los caminos que se bifurcan: por un lado la sucesión presidencial que se le complica al presidente y por el otro lado una sociedad civil que toma conciencia de su poder. 

Veámoslo así: la defensa democrática animó a llenar el zócalo y movilizó a miles en más de ochenta ciudades de México y el extranjero. 

Pero la lista de problemas graves en nuestro país es muy amplia y abarca temas como la inseguridad y la crisis económica.  

Las marchas demostraron la decrepitud de los liderazgos partidistas opositores… 

En medio de docenas de miles, los Alito, los Fox, los Ortega, los Marko, las Margarita, los Claudio X, simplemente lucieron fieles a su esencia: nefastos y grises… 

No fue la convocatoria de esas personas la triunfante este 26 de febrero. 

Estamos ante una sociedad civil, mayoritariamente de clase media, dispuesta a defender su patrimonio político: la democracia apoyada por un árbitro electoral confiable. 

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Nadie durante las dos marchas se ha quejado de los más de 300 mil muertos y los más de 100 mil desaparecidos durante los últimos 17 años en México. 

Nadie se movilizó por la pobreza, la escasez de empleo, la inflación, la falta de inversión. 

Cabe preguntarse: 

¿Y si aparece un líder capaz de asumir tal agenda y dar la pelea contra la 4T en el 2024? 

¿Y si la mediocre oposición se topa con ese líder y logran un acuerdo estratégico? 

(9) 

El propio Andrés Manuel López Obrador ha recomendado no subestimar las movilizaciones opositoras. 

El presidente sabe de lo que habla… 

(10) 

Ahí está el prado. 

Acaso falta quien porte un cerillo. 

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