​Cuando pensábamos que no podría haber una presidencia del Tribunal Superior del Estado de Veracruz peor que la de Isabel Inés Romero Cruz –quien abjuró de su obligación de imparcialidad para convertirse en porrista de la “4t”-, llegó la administración actual.

Desde que llegó Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre a la presidencia del Poder Judicial estatal, la sumisión al Ejecutivo local ha sido absoluta. Quizás no tan burda como la de su antecesora –que hasta playeras con los colores de Morena se ponía para ir a los mítines-, pero probablemente más dañina, por omisa y autoritaria.

El caso más emblemático de la presidencia de Lisbeth Aurelia Jiménez es el de la jueza Angélica Sánchez, quien por acatar un amparo concedido por un Juzgado federal, fue prácticamente secuestrada de manera criminal por el gobierno de Cuitláhuac García, que la mandó detener inventándole cargos y sometiéndola a tortura psicológica. 

Momentos antes de ser agredida por la policía estatal, la jueza Sánchez fue amenazada por Lisbeth Aurelia Jiménez, quien le recriminó que no le hubiese “avisado” ¡que iba a acatar un amparo!, y le advirtió que se “atuviera a las consecuencias”.

Las consecuencias están a la vista. La jueza Angélica Sánchez está en prisión, perseguida por un régimen que quebranta sistemáticamente y sin freno las leyes y que ha pasado por encima de sus derechos humanos porque, al acatar el amparo, lo que hizo también fue exhibir el pésimo trabajo de la Fiscalía General del Estado en la integración de la carpeta de investigación en cuestión. Pero la realidad es que hace exactamente lo mismo en todos los casos en los que el “cuitlahuato” tiene algún interés político de por medio: fabricar pruebas, inventar delitos y torcer la legalidad.

No es gratuito que el Instituto Federal de la Defensoría Pública siga al tanto del caso y haya presentado un “amicus curiae” en relación con el amparo concedido a la jueza Angélica Sánchez para evitar su detención, mismo que las autoridades en Veracruz ignoraron de manera grotesca, con ayuda de la Guardia Nacional.

Mientras sucedía la persecución, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia se reunía con los jueces de Veracruz para llevarles un “mensaje” del gobernador Cuitláhuac García: el que no se alinee con el gobierno correrá la misma suerte de la jueza Sánchez. Y si se concede un amparo en el ámbito federal, primero tendrán que pedir “permiso” a Lisbeth Jiménez para acatarlo o no.

La situación ha llegado a un extremo vergonzoso. El pasado mes de febrero, Gladys de Lourdes Pérez Maldonado obtuvo un amparo para ser restituida como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, luego de que la anterior Legislatura estatal decidió no ratificarla en el cargo de manera arbitraria y sin justificación legal. Al más puro estilo de la “cuarta transformación”.

El Congreso del Estado se tardó tres meses en acatar el mandato del Poder Judicial federal, y a finales de mayo aprobó la reinstalación de Pérez Maldonado como magistrada, junto con el pago de sus salarios caídos. Pues es la fecha que esto no ha sido acatado por el TSJEV a pesar de que se le dieron dos días para hacerlo a finales de junio. Y ya hay consecuencias.

La jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, Daniela María León Linarte, impuso una multa a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, por incumplir la orden de reinstalación como magistrada del Poder Judicial estatal a Gladys de Lourdes Pérez Maldonado. Un hecho bochornoso, degradante y deshonroso para quien tiene la responsabilidad de garantizar la impartición de una justicia pronta y expedita en toda la entidad veracruzana, y que además es la representante de uno de los poderes en el estado.

La sentencia causa pena ajena: “se considera un retraso a través de evasivas para dar cumplimiento al fallo protector”, por lo que “se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de 1 de marzo del año en curso, a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, por lo que se impone una multa a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, consistente en cien unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional)”.

En caso de no dar cumplimiento a lo requerido en el plazo indicado, le advierten que “le será impuesta una multa equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 258 de la Ley de Amparo; además de que el presente expediente será remitido al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación”. 

La justicia es un desastre en Veracruz. Como todo lo que toca este régimen.

Veraneo

Esta columna y su autor se tomarán unos días descanso la semana entrante. Gracias.

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