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De verdadero escándalo la nueva andanada del Conahcyt de la “4t” contra lo que los prejuicios de su directora, María Elena Álvarez-Buylla, ven como educación “neoliberal”.

La semana que concluyó se dio a conocer la reclasificación como “no prioritarios” de dos mil 400 programas de posgrado impartidos –y vale la pena hacer hincapié en esto- en universidades públicas del país, lo que los deja sin posibilidad de acceder a financiamiento público para otorgar becas a sus estudiantes.

Sin criterios claros en los cuales justificar lo que representa un artero ataque a la educación superior de excelencia, el Conahcyt dividió los posgrados en cuatro categorías: en las dos primeras incluyó los programas que considera están orientados a la investigación en ciencias y humanidades –y que son los elegibles para recibir recursos-, mientras que en las otras dos colocó los que refirió como orientados a la profesionalización de las personas, por lo que no los considera prioritarios y por ende, no son elegibles para darles financiamiento.

Dicha clasificación es arbitraria y basada en los prejuicios ideológicos de quienes tienen en sus manos el sistema educativo del país, ya que la gran mayoría de los posgrados que serán marginados pertenecen a áreas como administración, comercio y negocios, mientras que los privilegiados por el régimen son en buena parte los de humanidades. 

Por ejemplo, los posgrados despojados de financiamiento en los institutos tecnológicos de Veracruz son la Maestría en Ingeniería Administrativa y el doctorado en Ciencias de Alimentos del Tecnológico Nacional de México; la Maestría en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología del Tecnológico de Tierra Blanca; la Maestría en Ingeniería Administrativa del Tecnológico de Pánuco; y la especialidad en Logística y Cadena de Suministro del Tecnológico de Poza Rica.

También hay un claro sesgo político en la decisión. Las universidades autónomas de Querétaro, Chihuahua y Puebla, así como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) fueron especialmente castigados por el Conahcyt. A éste último, donde alumnado y docentes han sostenido una larga lucha en contra de las imposiciones y autoritarismo de Álvarez-Buylla, le quitó el financiamiento a 89 por ciento de sus programas de posgrado, con lo que encamina hacia su desaparición a la que alguna vez fue una de las instituciones de educación superior referentes de excelencia académica de nuestro país, y en donde ahora la nueva “gerencia” ya ofrece diplomados con perspectiva mayormente marxista.

El panorama para las universidades privadas es todavía peor. De todos los posgrados que ofrecen en todo el país, solamente 21 fueron considerados prioritarios y podrán recibir recursos para ofrecer becas. De ese tamaño los prejuicios y la discriminación para sus alumnos.

La intención es clara. El gobierno, a través del Conahcyt de Álvarez-Buylla, apoyará únicamente aquellos programas con los que tenga coincidencias ideológico-políticas, y a las instituciones que acepten sin chistar sus disposiciones y lineamientos, por absurdos que puedan llegar a ser.

Incluso en instituciones donde la “4t” ya colocó un alfil, hay discriminación y recortes a sus posgrados. Es el caso de la Universidad Veracruzana (UV), donde 16 posgrados fueron clasificados como “no elegibles”.

Estos son las especialidades en Administración del Comercio Exterior, Estudios de Opinión, y dos en Administración del Comercio Exterior; las maestrías en Ciencias Alimentarias, Procesos Biológicos, Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, Ingeniería de la Calidad, Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones; Dirección Estratégica e Innovación Tecnológica, Innovación y Emprendimiento de Negocios escolarizada y no escolarizada, Gestión de las Tecnologías de la Información en las Organizaciones, y Dirección Empresarial; y los doctorados en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo, y en Alta Dirección en Organizaciones. Todos, en áreas que para los fines del régimen, son “no prioritarias”.

Pero mientras la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, anunció que interpondrán recursos legales contra Conahcyt, que le quitó financiamiento a 23 de sus posgrados, el rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez, como acostumbra, no ha dicho “esta boca es mía” y como los avestruces, tiene la cabeza enterrada en la tierra.

Irónicamente, el pasado viernes la UV presumió que logró la certificación de 27 procesos de su Sistema de Gestión de la Calidad (SGCUV) bajo la Norma ISO 9001:2015. 

¿Pues qué no le han dicho que eso de la calidad es muy “neoliberal” y que no va con el “evangelio” de la “cuatroté”?

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