​Un argumento central en la defensa de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) es que su desaparición lo que afecta, en realidad, son los derechos de los trabajadores y no, como falazmente difundió el régimen obradorista, los “privilegios” de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales ni siquiera rozó.

No por nada, fueron los trabajadores del Poder Judicial federal los que encabezaron las protestas desde la semana pasada contra la decisión que, inevitablemente, aprobó un Congreso de la Unión dominado por infames legisladores levantadedos en su perjuicio.

Una senadora que de última hora recuperó un gramo de cordura –para la de dignidad aún le faltaría admitir que avaló y participó en un gobierno que está destruyendo la democracia en México-, la ex ministra Olga Sánchez Cordero, votó en contra de la infamia morenista para saciar los ánimos de venganza de López Obrador, bajo la base de que, efectivamente, lo que se desaparece son derechos y conquistas de los empleados del Poder Judicial. O sea, del pueblo, para hablar en los términos del obradorato.

“Son oficiales, secretarios de tribunales y juzgados, jueces, magistrados y defensores públicos, un total de 46 mil 931 trabajadores, capital humano altamente especializado, al que afectaremos gravemente si en el Senado desaparecemos todos los fideicomisos que administra el PJF”, advirtió durante la discusión en el Senado la primera secretaria de Gobernación del sexenio.

Fue en ese sentido que pidió reconsiderar la extinción de los fideicomisos para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal; para la casa habitación de personas juzgadoras cuando son reubicadas a zonas de alto riesgo; de Pensiones Complementarias de Magistradas y Jueces jubilados; y el de Apoyos Médicos y de Apoyo Económico Extraordinario para Servidores Públicos del PJF, este último integrado por recursos propios de las y los trabajadores para situaciones de emergencia. 

Nada de eso le importó a los abyectos personeros del régimen que, en los hechos, le terminaron robando, con todas sus letras, su dinero y sus conquistas labores a los trabajadores. Con todo y las vacuas promesas del presidente, cuya palabra empeñada de no afectar a los empleados –a los que luego mandó acusar de ser “manipulados” por salir a protestar-, a estas alturas, no vale un centavo.

Pero no fue éste el único atentado cometido contra los derechos de la clase trabajadora en la “sesión negra” de este martes en el Senado.

De manera por demás inverosímil, y aprovechando que el reflector estaba dirigido a la venganza de López Obrador contra el Poder Judicial por defender la Constitución, fue aprobada una contrarreforma laboral inaudita, motejada ya como la “Ley Napito”, ya que su principal impulsor es el dirigente del Sindicato Minero, el impresentable Napoleón Gómez Urrutia, a quien López Obrador le “perdonó” haberse birlado 55 millones de dólares de sus afiliados para huir a Canadá.

La reforma de marras a la Ley Federal del Trabajo obliga de nuevo a los trabajadores afiliados a cualquier sindicato a entregar cuotas a su organización gremial. Y no van a tener opción de elegir. El descuento irá directo a su salario, vía nómina.

La “justificación” de semejante atrocidad es que es “potestad de los trabajadores ingresar o no a una organización sindical, por lo que en caso de ser parte de una, expresamente acepta que será sujeto de derechos y obligaciones”. 

Además, juran que “los recursos que aportan las y los afiliados se emplean en la operación, administración y crecimiento de su sindicato, lo que se traduce en mayor protección y beneficios laborales. Sin las cuotas sindicales, las organizaciones de los trabajadores carecerían de recursos para ejercer su responsabilidad en la defensa de los derechos de los trabajadores”.

La realidad es que esas cuotas han servido para amasar multimillonarias fortunas de los líderes de sindicatos como el petrolero, el magisterial y por supuesto, el minero, cuyo líder farfulló que “quien no se encuentra al corriente en sus cuotas, no forma parte del sindicato y no tiene el derecho a la protección y la seguridad laboral”. 

En particular, esta última reforma es un “regalazo” de Morena y López Obrador para los líderes sindicales del país, que podrán seguir medrando como lo hicieron sin medida Carlos Romero Deschamps –quien falleció la semana pasada, impune-, Elba Esther Gordillo –quien hoy goza de su fortuna en libertad y hasta se da “chance” de seguir haciendo política- y el propio Gómez Urrutia. A cambio, los sindicatos deberán regirse en las próximas elecciones bajo la lógica corporativista clientelar: como peones del partido en el poder. Como en los años de “gloria” del PRI.

Lo más cabrón es que muchísimos de esos trabajadores votaron por Morena. ¿Seguirá siendo un “honor”?

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