​El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (antes Tribunal Federal Electoral) ha sido una de las instituciones fundamentales, junto con el IFE/INE, para la transición que permitió la democratización paulatina de México tras 70 años ininterrumpidos de “dictadura perfecta”.

Desde su creación hace apenas poco más de dos décadas, el Tribunal Electoral le ha dado certeza a la justicia electoral y, en consecuencia, a los resultados de los diferentes comicios que se han celebrado desde entonces, al dirimir las controversias presentadas por los actores políticos e incluso por otros organismos electorales, federales y locales.

La calificación de las elecciones y la definitividad de las sentencias del Tribunal Electoral han evitado un sinfín de conflictos post-electorales y han contribuido a mantener la estabilidad política del país. No es exagerado afirmar que es una de las instituciones más importantes de México.

Pero todo lo anteriormente mencionado solo ha sido posible porque la fuerza del Tribunal Electoral se finca en su autonomía, en su alejamiento de los intereses partidistas a la hora de sus resoluciones que, si bien forman parte de su diseño institucional, por lo menos hasta 2018 brindaron esa certeza necesaria para que los resultados de las elecciones sean creíbles.

Hoy todo eso está en el mayor de los riesgos. En su obsesión por restaurar el régimen de partido hegemónico autoritario, el obradorato ha lanzado una asonada para apoderarse del Tribunal Electoral, como ya lo ha intentado con el Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo más grave es que integrantes de ese órgano jurisdiccional se están prestando para ese atentado contra la democracia del país.

Este jueves, los magistrados electorales Mónica Soto, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata encabezaron un golpe contra el presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, al que buscan destituir por una supuesta “pérdida de confianza” que en ningún momento pudieron argumentar.

En el orden del día de la sesión del Pleno del Tribunal se incluyó la remoción de Rodríguez Mondragón, ante lo cual solicitó un receso del cual ya no regresó, junto con la magistrada Janine Otálora, quien apoya su permanencia, rompiendo el quórum para sesionar.

Pero la asonada comenzó desde el lunes, cuando los magistrados golpistas le pidieron la renuncia a Reyes Rodríguez Mondragón en una reunión privada y a petición directa de Mónica Soto, quien sería la elegida para ocupar la presidencia del organismo.

Es la misma Mónica Soto que fue exhibida sosteniendo hace poco una reunión en un lujoso restaurante de la colonia Jardines del Pedregal con el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Consejo General del INE y uno de los más deleznables y corruptos integrantes de la pandilla morenista, que sin mérito político ni personal alguno –pero con mucho dinero desviado de la Cámara de Diputados- intentó –afortunadamente sin éxito- hacerse de la candidatura de su partido a la gubernatura de Veracruz. Y que para hacer méritos para mantenerse “mamando” de la “ubre” presupuestal luego de su fallida aventura en la entidad, ahora “tienta” magistrados.

La autoría del “golpe” en el Tribunal Electoral es evidente –burda, de hecho- y la intención resulta obvia, como todo lo que hacen Morena y el obradorismo: apoderarse del organismo que tendrá la última palabra en las elecciones presidenciales, del Congreso de la Unión, de nueve gubernaturas y de congresos locales, para que “cierre los ojos” ante las innumerables violaciones a la ley que de por sí ya han cometido y que seguirán cometiendo. Es la elección de Estado que el régimen instrumenta para mantenerse y concentrar todo el poder.

El fraude está a la vista. Quien no lo quiera ver, que no se diga sorprendido después.

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