​Cada que se acerca el fin de un periodo de gobierno, quienes ejercieron el poder a plenitud (o estuvieron en la plenitud del pinche poder, diría un clásico), buscan la manera de “cuidarse las espaldas”. Esto es, de evitar ser llamados a cuentas una vez que esa condición de poder termine.

Para ello luchan por imponer como sucesor(a) a un incondicional –o que creen que les será incondicional-. Pero cuando las condiciones políticas no les son favorables para alcanzar ese propósito, otra vía es la de hacer nombramientos en áreas estratégicas, de preferencia transexenales. 

En los últimos años, los casos más comunes son los de los fiscales, que a partir de las reformas al sistema de procuración e impartición de justicia de la década pasada adquirieron esa característica de trascender los periodos de gobierno. Pero también las magistraturas en los tribunales superiores de justicia estatales ofrecen el acceso necesario para influir en las decisiones de quienes tienen en sus manos casos de probable –o muy comprobable- corrupción.

Durante la pasada y última sesión de este periodo ordinario del Pleno de la LXVI Legislatura del Estado de Veracruz, iban a presentarse y votarse las propuestas de nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia estatal, organismo que si bien nunca ha sido realmente un ejemplo de autonomía respecto del Ejecutivo en turno, en el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez ha alcanzado niveles de servilismo y abyección vergonzosos, al grado de convertirse en el “brazo ejecutor” de las venganzas y persecuciones políticas del régimen.

La mayoría de las propuestas eran de personas afines al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Algunas patéticas por la carencia de méritos y de la mínima experiencia en el ámbito judicial. Pero ya sabemos que la capacidad y el conocimiento no tienen valor alguno en tiempos de la autoproclamada “cuarta transformación”.

Entre los propuestos está Ángel Alarcón Palmeros, director general de Transporte del Estado, señalado por irregularidades diversas por transportistas, taxistas y en especial por los abusos constantes de las empresas de grúas, con las que ha hecho su “agosto” a costa de los contribuyentes.

Otra es Sarahí Peña Galaviz, quien es subsecretaria de Prevención y Participación Social de la Secretaría de Seguridad Pública y tiene bajo su responsabilidad la operación de los penales de la entidad, donde es señalada de abusos y violaciones a los derechos humanos. 

Uno más, Arturo Sosa Vázquez, es director general de Patrimonio del Estado, organismo sobre el que existen varias denuncias por despojo en contra de uno de sus anteriores titulares, David Jiménez, hoy en día presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y contra quien su sucesor, evidentemente, no ha movido un dedo. 

Otros dos son Humberto Oliverio Hernández Reducindo y José Alfredo Corona Lizárraga. El primero es hoy consejero de la Judicatura del mismo TSJEV y pretenden hacerlo magistrado; el segundo es comisionado del IVAI y buscan colocarlo en el Consejo de la Judicatura, en lugar de Hernández Reducindo.

Eso no es casual. Ambos son operadores del secretario de Congreso del Estado, el ex panista Domingo Bahena Corbalá –denunciado por abusar de una mujer adulta mayor al apoderarse de un inmueble de su propiedad sin pagarle la renta-, quien a su vez es quien “limpia” los manejos de los recursos del Poder Legislativo que hace el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Juan Javier Gómez Cazarín.

La jugada era colocar a esos alfiles para que, desde dentro del Poder Judicial, paren cualquier investigación y/o acusación en contra de quienes se van en unos meses más. Y decimos era, porque al menos por ahora tuvieron que detenerse esos nombramientos.

Trascendió que un diferendo político motivó que el tema ya no fuera discutido por el Congreso de Veracruz al menos esta semana, ya que la precandidata de Morena a la gubernatura, Rocío Nahle, quiere que nombren a “sus” magistrados, pues en sus cálculos, es a ella a quien le corresponde como “próxima gobernadora”. Si los veracruzanos lo permiten, por supuesto.

Es el año de Hidalgo. Y no hay que olvidarlo.

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