​Además de sus ánimos autoritarios, si algo ha caracterizado al régimen de la pretendida “cuarta transformación” es la extrema incompetencia de sus fiscalías para armar y sostener casos, aunado a la consigna política cuando el asunto transita por esas veredas.

Cada que se concede un amparo a un presunto criminal, los gobernantes “cuatroté” braman contra el Poder Judicial y lo acusan de liberarlos a propósito para “afectar” al gobierno.

Empero, lo que sucede en la mayoría de los casos es que las carpetas de investigación están elaboradas “con las patas” por las fiscalías –federal o estatales- o bien sin pruebas contundentes que las soporten, ya que fueron realizadas por encargo y con motivaciones políticas, por lo que terminan desmoronándose solas.

Durante todo el sexenio, han sobrado casos de uso político del aparato de procuración de justicia como un arma para reprimir y encarcelar adversarios políticos, críticos y hasta enemigos personales de la clase gobernante actual, para lo cual se valen de una medida abusiva y que en todas partes es reconocida como violatoria de derechos humanos: la prisión preventiva oficiosa.

En repetidas ocasiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado el uso de esta medida cautelar en México porque vulnera el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y a la presunción de inocencia.

Por esa razón, la CIDH conminó al Estado mexicano a modificar su legislación y sustituir esta figura violatoria de derechos humanos por otras medidas cautelares menos punitivas, como la prisión domiciliaria. Solo que hacer eso le arrebataría al régimen su principal arma para reprimir “legalmente” y se niega a derogarla.

Particularmente en el estado de Veracruz, sobran los casos en los que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa ha sido el vehículo preferido para someter y encarcelar a quienes el gobernador Cuitláhuac García considera “enemigos” o aliados de los mismos, o que se han atrevido a “desobedecerlo”: Rogelio Franco, José Manuel del Río Virgen, Tito Delfín Cano, Yolli García y otras mil personas –literalmente- fueron y siguen siendo víctimas de los abusos cometidos en su contra a través de la prisión preventiva oficiosa en este sexenio. Y por eso el régimen la defiende ignominiosamente.

Este jueves, les volvieron a pasar a los gobernadores de Morena el “machote” que firman para pronunciarse por cualquier cosa que les ordenan en Palacio Nacional. Y esta vez fue, precisamente, contra la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa que estaría por decretar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derogación que fue impedida en tiempos de la presidencia del “ministro mandadero” de la “4t”, Arturo Zaldívar.

En el pronunciamiento, que obviamente fue suscrito también por Cuitláhuac García, los mandatarios -¿o serán también mandaderos?- aseguran que de aprobarse su desaparición, ésta “impactará directamente en la seguridad pública y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables; tema fundamental en la vida jurídico-política de nuestro país y de protección a su soberanía constitucional”.

Palabrería. De lo que los despojarían sería de su arma para reprimir. Y de los pretextos por su esperpéntica incompetencia.

La torre de los “moches”

Este mismo jueves fue inaugurada –aunque llevaba varios días en operación- la llamada Torre “Orgullo Veracruzano”, a donde fueron llevadas oficinas del gobierno estatal, en especial la sede de la Secretaría de Protección Civil. 

Solo que la hicieron con tanta “austeridad”, que la aplicaron hasta en los materiales utilizados en su construcción, que de acuerdo con la información disponible, dejaría mucho que desear.

Esto, debido a que para recibir sus respectivos pagos, los encargados de la obra habrían tenido que pagar “moches” de hasta el doble de lo “habitual”, lo cual a su vez afectó directamente la selección de los materiales usados en la construcción.

Los señalamientos por esta práctica “que ya no pasa con la 4t” llegan hasta a una ex funcionaria de la propia Secretaría de Protección Civil que, en realidad, sigue teniendo todo el “power” en la dependencia.

Si quiere una pista, mientras estuvo directamente en Protección Civil trataba miserablemente a los empleados y fue senadora –espuria- por un día para sacar el malogrado “Plan B” del obradorato. 

Ya hasta le aplicaron el mote de “Lady Moches”. ¡Ah, los que no son iguales!

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