​Entre el jueves y domingo pasados fuimos testigos en todo México de una prueba deleznable de la degradación a la que han llevado al país el régimen obradorista y su desprecio por la legalidad.

Primero fue el mismo presidente López Obrador, quien en su ejercicio propagandístico llamado “conferencia mañanera” violentó la privacidad de la periodista Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del New York Times en México, al exhibir su número telefónico en transmisión en cadena nacional.

Ese acto ilegal –y sumamente cobarde- fue, además, totalmente intencional, como lo reconoció el viernes el propio “jefe de las instituciones del país”. Quería “escarmentar” a la periodista por atreverse a hacer un reportaje sobre una investigación que llevaron a cabo autoridades estadounidenses sobre presuntos nexos del círculo cercano de López Obrador con el crimen organizado. Y se aprovechó de que Kitroeff realizó una buena práctica periodística al pedirle su versión antes de publicar el trabajo y dejarle sus datos de contacto, mismos que exhibió pública y masivamente. 

Independientemente de que el reportaje en cuestión no plantea nada concluyente –ni pretendió hacerlo en ningún momento- más que el hecho de que el gobierno estadounidense detuvo la investigación –que sí existió-, la sola sugerencia de pactos inconfesables que involucrarían a sus hijos sacó de quicio al presidente, quien no dudó en abusar de su poder para poner en riesgo a la periodista y exponerla al odio de algunos de sus seguidores más violentos, a sabiendas de que ésa sería, precisamente, la consecuencia.

El mismo viernes, López Obrador pronunció una frase que, como él siempre ha deseado, quedará para la historia, aunque no como él esperaría: “por encima de esa ley (de Transparencia y Protección de Datos Personales) está la autoridad moral, la autoridad política”, dijo, refiriéndose a sí mismo. Como si nada en este país estuviese por encima no de la ley, no del presidente incluso, sino por encima de él, de Andrés Manuel López Obrador, la “encarnación del pueblo”.

Además de lanzar alertas serias sobre el estado de la salud emocional de la persona que tiene en sus manos las riendas del país, la actitud del presidente abrió una verdadera “caja de Pandora” que será muy difícil cerrar: dejó abierta la puerta para violar la ley a placer en México, donde el Estado de Derecho ha pasado a segundo plano, pues violentarlo no importa si es por “la causa”, o por “la investidura”, o por la simple megalomanía de un político fuera de sus cabales.

De inmediato, las consecuencias se hicieron sentir. El sábado, su hijo mayor José Ramón López Beltrán denunció que su número telefónico fue filtrado a redes sociales y preguntó, entre indignado y cínico, por qué se metían con él para tomar “venganza”. Las respuestas que recibió fueron en su mayoría paráfrasis y citas de las palabras de su padre: “no pasa nada. Cambia de número y ya”.

Pero sí pasa. La gravedad de los actos del Presidente de la República impactó definitivamente en el ambiente político y social. Ahora “se vale todo”, pues cada quien sentirá que su “causa” también es lo suficientemente “válida” y “legítima” como para ignorar y quebrantar la legalidad. Y si además no hay consecuencias por hacerlo, con mayor razón. La “ley de la selva”.

El domingo, se filtraron los números personales de las candidatas presidenciales Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Ambas acusan haber recibido mensajes de odio y amenazas de muerte. A pocos días de que comiencen las campañas por la Presidencia de México. Y todo indica que ése va a ser el tono y el ritmo de la contienda, en la que puede esperarse todo tipo de violencia, tanto verbal como de otra índole. 

Total, la ley ya no importa en México. Hay cosas que están por encima de la misma y el Estado ha sido rebasado. Irónicamente, en un régimen que ha intentado subordinarlo todo al poder del Estado.

Ése, y no los delirios de grandeza histórica que lo marean, será el legado del autócrata que tuvo todo para verdaderamente hacer la diferencia en México, y dilapidó esa oportunidad miserablemente.

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