​En las últimas semanas han aparecido cada vez más denuncias de mujeres víctimas de situaciones de acoso sexual y laboral dentro del gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez.

En este espacio se han documentado varios casos en los que se encubre a violentadores y prácticamente se obliga a las víctimas a desistirse de sus denuncias y hasta a “conciliar” con sus agresores, revictimizándolas y colocándolas en situaciones de riesgo para su propia vida, al exponerlas a un recrudecimiento de la violencia en su contra.

El número de casos registrados en la Secretaría de Educación de Veracruz, vía todo el sistema educativo estatal, es pavoroso. En 2022, se presentaron 100 denuncias por violencia de género, acoso laboral, hostigamiento sexual y acoso sexual, mientras que en el 2023 las denuncias rebasaron el centenar. 

El gobierno, más allá de la sola Secretaría de Educación, está perfectamente al tanto de estas cifras, que se reportan al Instituto Veracruzano de las Mujeres en la Actividad Institucional de la Alerta de Violencia de Género, en el apartado del Programa de Sensibilización del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. 

Sin embargo, la respuesta de las autoridades siempre es la misma: recibir las denuncias pero no darles curso. Y en el inter, hostigar, amedrentar y acosar, ahora laboralmente, a las mujeres que se atreven a denunciar la violencia machista, sexista, verbal y hasta física que sufren en sus centros de trabajo.

Pero la SEV no es el único espacio del gobierno estatal -ése que lanzó una supuesta estrategia de “cero tolerancia a la violencia contra las mujeres”- en el que el acoso sexual es algo común y cotidiano.

Durante la marcha por el Día Internacional de las Mujeres del pasado viernes 8 de marzo en Xalapa, fueron exhibidos en pancartas como violentadores y acosadores sexuales y laborales varios funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García, incluidos dos titulares de dependencias.

Eran ni más ni menos que el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández, así como el director de Proyectos, Programación y Presupuesto de Carreteras y Caminos Estatales de la misma dependencia, Herman Alderete, quienes aparecieron en pancartas tildados de “acosadores, violentadores y misóginos”.

Elio Hernández es además esposo de la magistrada “exprés” Ailett García Cayetano, quien a su vez es hermana de la ex secretaria de Trabajo Dorheny García Cayetano, ambas cercanísimas del gobernador Cuitláhuac García, que por esa razón las favoreció durante todo su sexenio, mientras que a él lo sostuvo en la SIOP a pesar de las múltiples inconsistencias, obras de baja calidad y sospechas de manejos irregulares en la asignación de contratos. 

Otro de los exhibidos fue el director del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda), Hazael Flores Castro, sobre quien se colocaron carteles durante la marcha donde se le señalaba como “acosador sexual”.

El mismo viernes, el Capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo hizo público un pronunciamiento en el que sentenció que no se ha cumplido con el mandato legal de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres que habitan el territorio veracruzano, ni con las que laboran en cada una de las dependencias de la administración pública veracruzana, “como ha sucedido en los casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral que sitúan a esta administración como un foco de violencia hacia las mujeres que en ella laboran”.

Recordaron que el primer caso en hacerse público tuvo lugar en la Secretaría del Medio Ambiente, “en donde las víctimas tuvieron que salir a los medios de comunicación para atraer la atención hacia la protección que se brindaba a un agresor que estaba en el ánimo del que gobierna, canonjía con la que abusaba del poder acosando a trabajadoras de la dependencia en que servía”. 

“De entonces a la fecha, se han hecho públicos casos de acoso en dependencias como la Secretaría de Gobierno, la de Seguridad Pública y la de Educación, en donde claramente la consigna es intentar por todos los medios que las agraviadas no denuncien, llegando al extremo de hacerlas conciliar con sus acosadores, todo con tal de no elevar el número de denuncias sin que haya responsabilidades fincadas a los agresores que siguen protegidos, mientras que las mujeres son revictimizadas, amenazadas y a veces sancionadas por hacer públicas estas violencias recurrentes”.

Es el de Veracruz, sin duda alguna, un gobierno de violentadores de mujeres. ¿Alguien duda por qué el estado es el cuarto lugar nacional en feminicidios al arranque de 2024?

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