​Con poca resonancia mediática, pero con una trascendencia más que relevante, transcurrió la presentación de los “Compromisos por la Paz” que se llevó a cabo esta semana en Xalapa, y que forma parte del Diálogo Nacional por la Paz para buscar frenar la violencia en el país.

El objetivo planteado en el encuentro celebrado el martes pasado fue “generar un espacio de diálogo plural e incluyente para articular iniciativas locales y construir una agenda estatal de paz que atienda la realidad de inseguridad y violencia que impera en Veracruz”.

El Diálogo Nacional concluyó con un “Acuerdo Ciudadano por la Paz” para “impulsar la implementación de la Agenda Nacional de Paz en los diferentes sectores de la sociedad, presentarla a todos los candidatos y candidatas a un puesto de elección, y crear una Red Nacional por la Paz para articular procesos locales, estatales y nacionales”.

En Xalapa se convocó a colectivos de derechos humanos, organismos no gubernamentales, representantes de la Iglesia Católica –promotora del Diálogo Nacional por la Paz, a raíz del asesinato de dos sacerdotes jesuitas a manos de narcotraficantes en Chihuahua en junio de 2022-, activistas y, fundamentalmente a las candidaturas a la gubernatura de Veracruz, pues finalmente quien gobierne la entidad a partir del 1 de diciembre de 2024, será quien asuma la responsabilidad de aplicar -o no- lo que se concluyó respecto de la situación por la que atraviesa Veracruz y que abarca no solo la seguridad, sino el respeto a la democracia y las libertades.

El documento “Compromisos por la Paz” contiene un crudo diagnóstico sobre el Veracruz de a de veras. Por ejemplo, en materia de Justicia, sentencia que el índice de impunidad es de 94.1 por ciento y “nos mantiene como uno de los estados más rezagados en materia de acceso a la justicia”. 

“En algunas regiones, especialmente en el sur del Veracruz, la Fiscalía General del Estado fabrica culpables, usurpando la personalidad de los ciudadanos, alterando las pruebas o los testimonios para iniciar carpetas de investigación por consigna”, señala.

El diagnóstico sostiene que Veracruz “hoy padece un retroceso en materia de democracia que se encamina a romper con la estructura constitucional construida en los últimos años. Las autoridades gubernamentales son recurrentes a la exclusión de los reclamos ciudadanos. Pero también se distinguen por el desorden en la administración pública y en la ausencia de transparencia y rendición de cuentas. Es constante la improvisación en la aplicación de políticas públicas. Además, se ha permitido que la violencia y la extorsión ocasionada por la delincuencia organizada mantengan sometidos a amplios núcleos de la población en algunas regiones de nuestra entidad”. 

En lo relativo al indicador de las condiciones para el ejercicio de una prensa libre, ésta es agredida constantemente. Artículo 19 ha registrado en los últimos años 33 asesinatos de periodistas y se tienen registradas ocho desapariciones, menciona el documento.

En materia de derechos humanos, el diagnóstico de los “Compromisos por la Paz” asegura que en el estado de Veracruz “se vive un deterioro en el respeto pleno a los mismos, lo que ha derivado en mayor discriminación que se acentúa en los grupos que viven en una situación de mayor vulnerabilidad”.

“Esta realidad se hace especialmente visible entre los grupos históricamente discriminados, entre los que están las personas adultas mayores, (…); las personas con discapacidad, respecto de las cuales hay nulas o escasas políticas públicas; las personas indígenas de las que en el estado de Veracruz el 8.6 por ciento de la población es hablante de una lengua indígena, cifra que decreció en 0.7 por ciento (48 mil 59 personas) respecto de la década anterior.

“Niñas, niños y adolescentes enfrentan como uno de sus mayores riesgos la violencia, acoso escolar y maltrato infantil en los entornos escolares, problemática que pese a tener un cuerpo normativo vigente con protocolos de atención desde hace más de diez años, no se cumplen a cabalidad; respecto de la violencia sexual y digital a lo que hay que añadir que la violencia contra las niñas y los niños incluye la violencia física, sexual y emocional, así como el abandono y la exposición laboral”, destaca una parte del documento.

Sobre la situación que enfrentan las mujeres en Veracruz, el diagnóstico puntualiza que la falta de acceso a la justicia “es la más importante deuda que el Estado mexicano en general y el de Veracruz en particular tienen con esta población, tanto por la falta de mayor presupuesto destinado a la Fiscalía, como por la carencia de perspectiva de género en la impartición de justicia, situación que influye para que los niveles de impunidad en los casos de violencias denunciadas sigan siendo altos, especialmente en los casos de feminicidios, que siguen manteniendo a la entidad en los primeros lugares a nivel nacional”.

Otra problemática específica es la que viven las mujeres y madres buscadoras de hijos e hijas desaparecidos, quienes “no cuentan con los 46 recursos necesarios para realizar el trabajo de campo consistente en la búsqueda, exhumación de fosas clandestinas, elaboración de informes de hallazgos, etc”.

Para establecer estrategias de políticas públicas ante esta radiografía del horror, se invitó, como se indicó ya, a la candidata y los candidatos a la gubernatura. Aunque ninguno pudo estar presente por encontrarse en medio de sus respectivas campañas proselitistas, enviaron representantes -destacando la participación de la senadora Beatriz Paredes- e incluso en video, se adhirieron a los “Compromisos por la Paz”. Salvo una.

En voz de su representante, la candidata a senadora Claudia Tello, la abanderada morenista a la gubernatura, Rocío Nahle, rechazó la realidad que los veracruzanos padecen todos los días y casi casi firmó bajo protesta los compromisos.

“Se presenta un escenario desalentador, grave, que se vivió, sí, años atrás, pero que hoy se ha ido superando. Que falta por hacer, claro, estamos en el camino (…). El cambio de régimen del 2018 a la fecha ha mejorado las relaciones entre los que menos tienen y ha permitido avanzar en la justicia social”, dijo Claudia Tello, que en sus seis años como diputada federal por Xalapa no gestionó absolutamente nada por su distrito y sus representados.

Para la aspirante a senadora –y por ende, para la que busca la gubernatura-, “en Veracruz vivimos en el pasado tiempos con mucha violencia y miedo. Hoy las cosas han cambiado y aseguro estarán mejor”.

El activista por los derechos humanos de la zona de las Altas Montañas, Jairo Guarneros –presente en el encuentro-, publicó al respecto en sus redes sociales: “cuando todos exponen la tragedia en la que se ha convertido el estado y la representante de doña Nahle que se le veía muy atenta a dichas exposiciones, sale conque hoy estamos muy bien, entonces queda claro que ya no tienen remedio”.

¿En qué dimensión viven esas candidatas de Morena, o de qué tamaño es su cinismo, como para intentar agarrar de pendeja a la gente de esa manera?

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