​La imagen de la pistola apuntando a la cabeza del candidato de PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero, José Alfredo Cabrera, asesinado a balazos momento antes de iniciar su cierre de campaña el miércoles pasado, se quedará como muestra indeleble de lo que ha sido el sexenio obradorista.

Y no ha sido otra cosa que una espiral ascendiente de violencia, en la que toda la población está completamente indefensa ante los criminales. Baste decir que José Alfredo Cabrera contaba con protección federal, pues sufrió otro atentado en 2023, y el miércoles lo asesinaron a mansalva, en las narices de los elementos de la Guardia Nacional que lo “cuidaban” y que, eso sí, ejecutaron de inmediato al sujeto que jaló el gatillo y éste ya no pudo señalar a los que lo mandaron a cometer el crimen. Muy convenientemente.

Este asesinato rubricó el saldo rojo sangre de las campañas políticas más violentas de la historia: 56 actores políticos, incluyendo 32 aspirantes o candidatos a puestos de elección popular, de acuerdo con Causa en Común, fueron ejecutados durante el proceso electoral entre junio de 2023 y mayo de 2024, mismo que aún no concluye y que todavía podría sumar muertos de aquí a la jornada del 2 de junio.  

Y no es cuestión de fatalismo. Así lo marcan los sistemáticos hechos de violencia política que han oscurecido esta etapa de proselitismo: entre 2018 y 2024 se elevó en 96 por ciento la violencia político electoral, pasando de 382 casos en la anterior elección presidencial a 749 en la actual. Un incremento que debería poner los pelos de punta a todos en el sistema político mexicano, porque en realidad nadie está exento.

En este proceso de campañas han asesinado lo mismo a morenistas que priistas, panistas, emecistas, petistas, perredistas y verdes. En ninguna adscripción partidista se han salvado de ser víctimas de una violencia incontenible, muy en sintonía con la tragedia que vivimos los ciudadanos mexicanos en todo el país.

Esta situación no pasa desapercibida a nivel internacional, para vergüenza del país y mayor descrédito del gobierno más indolente e incapaz –¿o más bien cómplice?- de la historia, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, con total descaro, cinismo y falta de… empatía, se atreve a decir que la violencia no es tan grave, que es aislada y se circunscribe a ciertas regiones. Y peor aún, que visibilizarla y denunciarla tiene por objetivo atacarlo a él, la única y gran víctima nacional.

La Misión de Observación Internacional de Transparencia Electoral, integrada por 45 expertos de 19 nacionalidades y encabeza por el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, manifestó el mismo miércoles su preocupación por la violencia política que envuelve a la elección en México.

“A todos nos preocupa la ola de violencia política que ha ocurrido en este país durante las elecciones. Y esto es más un llamado a investigar los hechos y tomar medidas para que este tipo de asuntos no empañen las elecciones y no le causen daño a la democracia”, señaló Insulza.

Y agregó que “otra cosa que nos preocupa es que se recurre a la desinformación, ya sea la desinformación respecto de cosas graves o negativas que llegaran a ocurrir, ya sea desinformación en términos de resultados adelantados que no corresponden a la realidad”.

La violencia que azota al país es responsabilidad del Estado, como decían antiguamente en sus arengas quienes hoy juran que no es culpa del Estado, porque el Estado –deliran- son ellos. Y los asesinatos del proceso electoral que culmina son la justa estampa del fin de este sexenio.

Los que no son iguales

Rocío Nahle “se abstuvo de manifestar en sus Declaraciones Patrimoniales Anuales y de Conclusión la totalidad de Bienes Adquiridos  por su Cónyuge y demás dependientes económicos directos”, dice el oficio de la Secretaría de la Función Pública en el cual informa el inicio de la investigación contra la ex secretaria de Energía.

La puntilla a un desastre.

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