​La discusión sobre la reforma judicial que se llevará a cabo de aquí al mes de septiembre tiene que ver con la viabilidad de un verdadero sistema de justicia para el país, que el obradorato quiere convertir en una –otra más- simulación, en su loca carrera y desbordada ambición por concentrar absolutamente todo el poder en el Ejecutivo.

La iniciativa con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende no acabar con la corrupción –que en su sexenio y su administración ha sido rampante y descarada-, sino vengarse y someter a la Suprema Corte, compromete el funcionamiento de todo el sistema de justicia, pues mientras desmantela al Poder Judicial al despojarlo de facto de su autonomía, deja intacto el malfuncionamiento de todas las fiscalías del país, empezando por la General de la República, fuente de la mayoría de los rezagos y corruptelas que obstaculizan el acceso a la justicia en México.

Al tener únicamente motivaciones políticas, la reforma desmerece como enmienda jurídica, amén de que el supuesto de que pretende “democratizar” la justicia no es más que una falacia, un engaño demagogo que esconde –y ni siquiera demasiado- su intención de acabar con el equilibrio de poderes para, en su lugar, colocar en el Poder Judicial de la Federación a jueces, magistrados y ministros cuyo compromiso no sea con la defensa de la Constitución –razón de ser de ese poder de la Unión-, sino con el partido, fuerza política o poder fáctico que los impulse para llegar y permanecer en el cargo.

Y este último punto es quizás el que resulta más grave, y también más sospechoso. Como lo han mencionado ya varios analistas, en las no pocas regiones del país bajo control del crimen organizado –por obra u omisión del gobierno-, ¿quién cree que va a operar una elección, en especial de jueces, que son los que de manera directa les pueden brindar impunidad? La respuesta, de tan obvia, genera suspicacias sobre las reales motivaciones del obradorato para insistir en una reforma que en los hechos, ya no tiene necesidad política de llevar a cabo.

Con el actual texto constitucional, el gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum tendría la posibilidad de proponer ministros para la Suprema Corte de Justicia que, a diferencia de lo que ocurrido en este sexenio, no tendrían problema alguno para pasar la aduana del Congreso de la Unión, pues Morena lo controlará por completo. 

Esto es, una vez que concluyese el periodo de varios de los ministros no alineados al régimen en el siguiente sexenio, podrían impulsar –como no han tenido recato en hacer- a togados afines a sus intereses. Podrían llenar sin problema la Corte de “Yasmines” o de “Lenias”, 100 por ciento leales a “la causa” y cero por ciento capaces para articular argumento jurídico alguno que no sea vil demagogia.

Sin embargo, por lo que el verdadero factor de poder en México –el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, porque Claudia Sheinbaum es una convidada de piedra- ha optado es por el desmantelamiento del sistema de pesos y contrapesos que le dio viabilidad democrática a la República las últimas tres décadas.

Y eso, en palabras de la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro y senadora de Morena Olga Sánchez Cordero, significaría exactamente lo mismo de lo que el régimen se la pasó asustando con el “petate del muerto” durante todo el sexenio: un golpe de Estado técnico.

“Yo llamo a la reconsideración de este tema, por favor, para que puedan llegar los mejores jueces y magistrados y técnicamente no haya un golpe de Estado, porque desaparecería todo un poder público”, alertó en sus redes la hija de la ex ministra, quien luego borró el video que publicó. Pero el testimonio quedó.

¿Quién es el real golpista aquí?

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