​La crisis política y de imagen para el gobierno de Claudia Sheinbaum detonada por los hallazgos del rancho Izaguirre en Jalisco no son sino consecuencia de una actitud omisa que viene de mucho tiempo atrás, de complicidades nunca castigadas y ni siquiera investigadas y también, en muchos casos, de la actuación directa de agentes del Estado mexicano en alguno de los tres niveles de gobierno.

El tema de la desaparición forzada de personas tiene unos 15 años de haberse vuelto un problema serio en México, y al menos una década siendo una verdadera emergencia humanitaria a la que ningún gobierno, de ningún partido, le ha dado la atención ni la importancia que se merece, porque finalmente es la consecuencia de un mal actuar que involucra a toda la clase política, que lo que busca es lavarse las manos.

Por eso causó tal escozor entre el morenato la decisión de iniciar un procedimiento contra México tomada la semana pasada por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mismo que determinó que “la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”, razón por la cual activó el procedimiento de intervención previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En éste, se establece que “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.

Lo que esto significa es la exhibición mundial, en el foro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de crímenes de lesa humanidad cometidos en México. Sí, por entes criminales en su mayoría, pero con la complacencia, omisión y/o la colaboración del Estado, entendido éste en su acepción más amplia.

Y resulta que los gobiernos de la pretendida “cuarta transformación” tienen tanta responsabilidad en esta situación como los anteriores. Llevan más de un sexenio en la Presidencia de la República, controlan la mayoría de las administraciones de los estados, cuentan con una mayoría absoluta y calificada en el Congreso de la Unión que les permite modificar las leyes a placer. Pero según las autoridades, no tienen responsabilidad, aun cuando el ritmo de las desapariciones forzadas y el involucramiento de agentes estatales no solo no ha disminuido –mucho menos cesado-, sino que ha crecido en los últimos años.

La respuesta del gobierno de México a la conclusión del CED de la ONU lleva el sello de la casa de la “4t”: “El Gobierno de México rechaza las declaraciones de integrantes del Comité en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado. El gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado. México está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia”.

Seguramente por eso fue que alteraron la escena de los hallazgos de los colectivos de búsqueda en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, al grado de incluso echar cemento sobre aparentes fosas. Seguramente por eso, policías amenazan y asesinan a madres y padres buscadores, como sucedió en Poza Rica con Maleno Pérez y con otros cerca de 30 activistas en otras regiones del país, donde no existe, en los hechos, el Estado y la ley es la de los criminales.

En el mismo tenor se pronunció la cada día más vergonzante Comisión Nacional de Derechos Humanos que encabeza Rosario Piedra, que descalificó al CED de la ONU –que está integrado por expertos independientes que supervisan la aplicación de la convención y cuya labor se centra en apoyar a víctimas, organizaciones civiles y autoridades-, atreviéndose a negar que exista una crisis de desapariciones en México y que éstas sean la consecuencia de una política del Estado, colocándose sin dudarlo del lado del gobierno y de los criminales, en lugar del de las víctimas, donde sería su obligación estar.

Pero la realidad no puede ocultarse. Amnistía Internacional puntualizó que más de 127 mil personas se encuentran desaparecidas y no localizadas en México de acuerdo con cifras oficiales; la gran mayoría, entre 2007 y la actualidad. 

“Familiares de personas desaparecidas usualmente enfrentan graves riesgos, como amenazas, extorsión, problemas de salud, dificultades económicas, e, incluso, asesinato. Negar la magnitud de esta crisis es ignorar a las víctimas, deslegitimar la labor de sus familias y organizaciones que exigen verdad y justicia, y obstaculizar cualquier avance significativo”, sentenció el organismo de derechos humanos.

¿A las cuántas desapariciones ya será éste un problema y responsabilidad del Estado mexicano, como sí lo era cuando los que hoy gobiernan gritaban “¡fue el Estado!”?

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