Los indignos diputados (salvo cinco honrosas excepciones) de la LXIII Legislatura del Estado de Veracruz le asestaron un artero golpe a la entidad al aprobar la reforma a la Constitución de Veracruz que dispone que la próxima gubernatura sea de dos años.

Con argumentos pueriles, sumisos y serviles, 45 diputados de todas las fracciones parlamentarias votaron en favor de la iniciativa que el gobernador Javier Duarte les ordenó apoyar para buscar colocar como su sucesor al todavía coordinador general de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos.

Sin vergüenza, se doblegaron ante el Ejecutivo, echando por el retrete no sólo la autonomía del Poder Legislativo, sino el futuro del estado al condenarlo a tener un gobierno supuestamente de “transición”, pero que en los hechos sólo servirá, si logran su propósito de colocar al frente a Silva –que aún deberá ganar las elecciones de 2016–, como tapadera de la corrupción de doce años de duartismo-fidelismo rapaz y saqueador.

Porque más allá de que este bodrio legal pueda –o no– afectar las aspiraciones personales de otros políticos –lo cual es intrascendente para el estado–, lo que se critica es, por un lado, la manipulación y torcedura de la ley para satisfacer los intereses particulares de quienes han convertido a Veracruz en una auténtica república bananera (Jesús Reyes Heroles dixit), y por otro, que se condena a Veracruz a dos años más de ostracismo, de nulo crecimiento económico, de autoritarismo y sobre todo, de impunidad, para lo cual también aprobaron la creación de la Fiscalía General en sustitución de la Procuraduría, con el agravante de que fijaron el nombramiento en automático de su actual titular, Luis Ángel Bravo, para un periodo de nueve años. Una burla total a la legalidad.

Todo lo anterior, sumado a que el costo económico de organizar dos elecciones estatales en un periodo de apenas dos años devastará, aún más, las de por sí depauperadas finanzas de la entidad, contrario al argumento falaz de que se generarán “ahorros”.

De reconocerse, la postura y los argumentos esgrimidos por el diputado de Movimiento Ciudadano Cuauhtémoc Pola Estrada, quien expuso con claridad las inconsistencias y contradicciones del régimen duartista, que en la anterior Legislatura incrementó a cuatro años el periodo de los ayuntamientos porque en tres no se alcanzaban a culminar proyectos.
 
¿Qué se supone que hará un gobierno estatal en únicamente dos?
El propio Pola Estrada anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma porque “viola el artículo 26 y 40 Constitucional, que tienen que ver con la planeación democrática en el desarrollo estatal”.

El artículo 84 de la Constitución del Estado dispone que “para que las reformas formen parte de esta Constitución será necesaria la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, la que deberá darse en sesión extraordinaria de Cabildo y comunicarse al Congreso o a la diputación permanente dentro de los sesenta días naturales siguientes a aquel en que reciban el proyecto. Se tendrán por aprobadas las reformas por parte de los ayuntamientos que, transcurrido el plazo conferido, no hubieren comunicado su acuerdo”.

Así que está ahora en el terreno de los ayuntamientos el que se siga o no adelante con este atentado contra Veracruz y sus habitantes, que ha comenzado a ser motejado ya como “el horror de diciembre”.

Ya veremos si los ediles tienen más dignidad y respeto por sí mismos que esos 45 diputados.

Vacaciones

Para tomar unos necesarios días de asueto y reflexión, esta columna dejará de publicarse a partir del próximo lunes 21 de diciembre, para regresar con energías renovadas a partir del martes 6 de enero de 2015.
Felices fiestas a todos los lectores.

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