Para el periodista Moisés Sánchez Cerezo
Lo queremos vivo

 

No pasó un año completo desde el secuestro y asesinato del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz en Coatzacoalcos, para que Veracruz refrendara el trágico título del estado más peligroso para ejercer el periodismo en México.

 

El pasado viernes 2 de enero, un comando armado sacó por la fuerza de su domicilio al reportero comunitario y activista social Moisés Sánchez Cerezo, quien hasta el momento de escribir estas líneas, por la tarde del lunes 5 de enero, tres días después, sigue desaparecido.

 

Sánchez Cerezo editaba el periódico comunitario y el blog La Unión en el municipio de Medellín, conurbado con los de Veracruz y Boca del Río, que es gobernado por el alcalde panista Omar Cruz Reyes, sobre quien pesan señalamientos de haber enviado amenazas contra el comunicador.

 

Moisés Sánchez había denunciado reiteradamente la violencia delincuencial en esa demarcación, así como la corrupta indolencia del Ayuntamiento, lo que había llevado a la población a la auto organización para defenderse de los criminales, ya que las autoridades, tanto estatales como municipales, son incapaces o al menos omisas en su obligación de garantizar la seguridad.

 

¿Por qué después de diez periodistas asesinados y 22 exiliados tan sólo en este sexenio, es en Veracruz donde se registra la primera agresión de envergadura contra un reportero en el país en 2015? La respuesta es clara: porque después del asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz en febrero de 2014, el gobierno de Javier Duarte no dio las garantías necesarias para que no se repitiera una situación similar, a pesar de haberse comprometido a ello desde mucho tiempo atrás.

Y esto tiene una causa de fondo: el profundo desprecio que Javier Duarte de Ochoa siente por la labor periodística seria y por quienes la desempeñan honestamente. No por nada, en una demostración de gigantesca soberbia y soez ultraje, pretendió negarle a Moisés Sánchez Cerezo su condición de periodista, con el banal argumento de que también conduce un taxi para llevar el pan a su hogar y su familia.

 

Porque para Javier Duarte de Ochoa sólo son periodistas ésos a quienes invita a francachelas en Casa Veracruz, a quienes reparte 50 mil pesos al mes para tenerlos “bien atendidos”.

 

Los que lo alaban, los que no lo cuestionan, los que justifican todas y cada una de las barbaridades que ha hecho con el estado los últimos cuatro años, son los “verdaderos periodistas” para quien constitucionalmente ostenta el cargo de gobernador de Veracruz.

 

En un caso como el de Moisés Sánchez, donde las motivaciones del plagio no son económicas, las primeras horas son vitales para dar con su paradero con vida. Han pasado más de 72 horas y el gobierno estatal sólo difunde rumores a través de sus estercoleros cibernéticos, pero da magros resultados en los hechos. Hay dos policías municipales retenidos, pero nada concreto aún, ni para bien ni para mal.

 

Tanto el gobernador Duarte –quien para revertir las críticas a su frivolidad fue a tomarse la foto con la familia de Moisés Sánchez, como si con eso desapareciera sus dichos-, como el alcalde Omar Cruz Reyes buscan evadir su responsabilidad en estos hechos. Sólo podrán salir medianamente bien librados si recuperan con vida a Moisés.

 

Se acabó la tregua contra los periodistas en Veracruz. Es año electoral y el grupo gobernante buscará imponerse a costa de lo que sea. Acallar a la crítica es el primer paso.

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