Una de las prácticas más socorridas por el Gobierno de Veracruz para coaccionar a los periodistas y obligarlos a guardar silencio en sus críticas, es la amenaza de hacerlos perder su fuente de ingresos, sus empleos.

Durante todo el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se han escuchado historias acerca de cómo una llamada desde la oficina de la Coordinación de Comunicación Social estatal para quejarse por una pregunta incómoda o por un comentario en Facebook o Twitter, bastaba para que los dueños o los directivos de los medios presionaran a sus reporteros para que dejaran de “hablar mal” de los gobernantes en sus redes sociales, y ya no digamos participar en movilizaciones de protesta, so pena de ser castigados o, de plano, despedidos.

Esta suerte de terrorismo laboral siempre ha sido negada por el gobierno duartista, pero más de un periodista fue víctima de las presiones y acechanzas de los funcionarios estatales que creyeron, o creen, que de esa manera por demás vil, podrían silenciarlos.

El más reciente caso es el de la reconocida periodista del sur de Veracruz, Sayda Chiñas Córdova, una de las más aguerridas reporteras de todo el estado, quien de la noche a la mañana fue despedida del periódico Notisur de Coatzacoalcos, bajo el “argumento” de que ya no da “resultados informativos”.

Notisur es el mismo periódico en donde trabajaba Gregorio Jiménez de la Cruz, el fotorreportero asesinado hace casi un año, a quien esa empresa le pagaba 20 pesos por nota publicada y que tras su trágica muerte, se desentendió de apoyar a su familia, que quedó en el desamparo.

Sayda Chiñas era su jefa de Información y de no haber sido por el gran activismo que realizó en redes sociales y entre los compañeros del gremio dentro y fuera de Veracruz exigiendo su búsqueda, quizás Goyo nunca hubiera sido encontrado para darle una sepultura digna. A partir de ese momento, se convirtió en un referente de resistencia a los abusos del gobierno y de las mismas empresas mediáticas en contra de los comunicadores.

Desde entonces, el duartismo la puso en su mira. Con la desaparición de Moisés Sánchez Cerezo a principios de este año, Sayda nuevamente se unió a las protestas y exigencias para que el gobierno estatal diera con su paradero y no le negase su condición de periodista, como ha pretendido hacer desde un principio.

Al parecer esto fue suficiente para que el timorato dueño de ese diario, Marco Anaya Huerta -que en este proyecto más político que periodístico está asociado con el ex alcalde de Coatzacoalcos y actual delegado federal de la Sedesol en el estado, Marcelo Montiel Montiel-, decidiera prescindir de los servicios de Sayda Chiñas.

Como lo señalamos en una entrega anterior, el régimen está empeñado en acallar a la crítica a como dé lugar en este año electoral. La represión laboral a los comunicadores no alineados es uno de esos caminos. Mi solidaridad con Sayda, periodista ejemplar, cuya calidad profesional está fuera de toda duda. Seguro en otra parte dará todos los “resultados informativos” que ahí le pretendieron escamotear.

PGR va a la búsqueda de Moisés

La Procuraduría General de la República coadyuvará en las investigaciones del secuestro y desaparición del periodista Moisés Sánchez Cerezo, para lo cual fue abierta ya la investigación ministerial 1/FEADLE/2015.
Será la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión la encargada de sumarse a las pesquisas para encontrar a Sánchez Cerezo.

Como lo lee. Para la PGR, el secuestro de Moisés es un delito contra la libertad de expresión. Aunque para el procurador estatal, Luis Ángel Bravo Contreras, para variar, el ejercicio periodístico de Sánchez Cerezo no sea el móvil de su desaparición.

Y lo peor es que este hombre está por quedarse nueve años más al frente de la Fiscalía estatal. Pobre Veracruz.

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