Se confirmó lo que ya se temía desde hace varios días, pero que hasta el último momento se quiso descartar, más por esperanza que por certeza o confianza en la actuación de de la autoridad en Veracruz. Moisés Sánchez Cerezo está muerto.

 Tres semanas después de su desaparición y en buena parte debido a la presión ejercida por medios y periodistas independientes no alineados con el gobierno de Javier Duarte, la Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo del cuerpo del reportero y activista del municipio de Medellín, en un paraje de una demarcación vecina, Manlio Fabio Altamirano.

 De acuerdo con información que circuló durante el fin de semana, el cuerpo encontrado presentaba signos de haber sido torturado por sus verdugos. Además,  fue cercenado, en un acto de barbarie demencial.

 Este nuevo crimen pone contra las cuerdas al gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Su indolencia, desinterés y abierto desdén hacia el periodismo y la libertad de expresión ha completado ya una oncena trágica en Veracruz, donde no hay condiciones para el ejercicio informativo libre.

 Al no garantizar la libertad de prensa, expresión e información, el gobierno veracruzano contribuye a lacerar estos derechos de los habitantes de la entidad. Y coloca en una situación de absoluta indefensión a todos quienes nos dedicamos a esta profesión.

 Porque nadie está a salvo. Todos los trabajadores de la información estamos en riesgo, incluso los que sirven al régimen y denostan por arrogancia o consigna a sus compañeros. No hay "fuero periodístico" que valga. Aunque se crean intocables. La experiencia ya ha demostrado que no es así.

 Según el detenido y supuesto homicida confeso, sobre cuya declaración la Fiscalía sustenta su caso, un ex policía municipal, Moisés Sánchez fue asesinado el mismo día de su plagio a causa de sus denuncias contra la acción del crimen organizado en Medellín, y señala al alcalde panista Omar Cruz Reyes como responsable intelectual del homicidio. ¿Seguirá el gobierno duartista negando que Moisés hacía periodismo?

 En el inicio del quinto año de su sexenio, el duartismo confirma ser letal para la prensa. Sus justificaciones son pueriles y absurdas. La verdad es que a las autoridades de todos los niveles les importa un comino la degradación de la vida cotidiana en el estado de Veracruz, que pasa necesariamente por inhibir la libertad de expresión e información.

 No podía esperarse otra cosa en un estado donde se agrede consuetudinariamente a quien hace periodismo, ya sea bloqueando el acceso a los medios de comunicación a los periodistas críticos, hackeando los portales informativos que publican notas incómodas -este fin de semana le tocó a la agencia SPI Noticias, que recibió un ataque cibernético- u hostigando por la vía de correos apócrifos a quienes Javier Duarte -quien se ocupa personalmente de ello- considera sus "enemigos".

 La impunidad es el hilo conductor de la espiral de violencia y corrupción que desangra a Veracruz. Y el grupo gobernante a eso le apuesta.

 Pero algún día, de una u otra forma, la justicia los alcanzará. Sin falla.

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