La misma noche del domingo 25 de enero, el duartismo y sus corifeos se apresuraron para “celebrar” que la Fiscalía General del Estado había “resuelto” el caso del periodista Moisés Sánchez Cerezo, al declararlo muerto y presentar a un supuesto asesino material.

 

Todavía más. Se regocijaron de que la responsabilidad intelectual en el crimen contra el periodista –así, con todas sus letras, aunque a los textoservidores les dé urticaria– de Medellín de Bravo recayera en una autoridad municipal surgida del Partido Acción Nacional. Así la “honra” del gobierno estatal quedaría “a salvo” de los “estentóreos” críticos de la malhadada administración de Javier Duarte de Ochoa, quien este lunes reapareció en un evento público después de más de una semana desaparecido, sin que la muerte del comunicador al que desde un principio despreció le mereciera ni media palabra.

 

Sólo que muy pronto se tuvieron que quitar los gorros de fiesta y dejar a un lado los “espantasuegras”. Por la mañana del lunes 26 de enero, Jorge Sánchez Ordoñez, el hijo de Moisés, rechazó dar por muerto todavía a su padre. ¿La razón? Que entre los despojos que le presentaron los forenses no pudo identificar alguna seña que le diera certeza acerca de que de verdad se tratase de los restos del editor de La Voz de Medellín.

 

Y fue más allá. Acusó que el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras hizo el anuncio del “esclarecimiento” del caso de su padre sin avisar a la familia, a toda prisa y con la intención de dar “carpetazo” a la investigación, luego de que se le vino encima la presión de los medios locales, nacionales e internacionales, así como de diversos organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros.

 

Hay razones para dudar de la versión del Fiscal, además de la propensión de este gobierno a torcer la verdad y la justicia. La identificación del supuesto cadáver de Moisés se sustenta en la coincidencia de sus huellas digitales con las que aparecen en el acta de matrimonio del periodista, que tiene más de 30 años de antigüedad.

 

Asimismo, el único señalamiento que incrimina directamente en la autoría intelectual del delito al alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, es el de un ex policía municipal, Clemente Noé Rodríguez Martínez, quien al momento de rendir su primera declaración parecía seguir un guión muy bien estructurado. Además, al ratificarla ante el Juzgado Quinto, presentaba notables signos de haber sido golpeado, y en un acto insólito, pidió “perdón” a la familia de Sánchez Cerezo y afirmó que de haber sabido que era periodista, no lo hubiera asesinado.

 

Por lo endeble de las acusaciones de Bravo Contreras es que una facción del PAN ha salido a la defensa de su alcalde, desestimando los señalamientos de la Fiscalía –que lo sentenció a priori, sin que mediase juicio–, llevando a la arena política lo que debiera ser un proceso meramente jurídico.

 

Tanto la familia de Moisés Sánchez Cerezo como los organismos que la acompañan en la investigación, como Artículo 19, demandan que se realice un peritaje independiente del gobierno estatal en los restos que la Fiscalía presentó como los del periodista, para certificar si de verdad le corresponden, y que la Procuraduría General de la República se pronuncie públicamente sobre el resultado de las investigaciones que ha realizado por su cuenta.

 

La exigencia del gremio periodístico no cooptado por el duartismo es que se haga justicia, se castigue a los verdaderos responsables, sean del partido que sean, y que no se intente cometer la atrocidad de engañar a la familia de Sánchez Cerezo entregándole un cuerpo que no sea el de su familiar, sólo para cerrar el caso.

Lo exigimos y lo seguiremos haciendo el tiempo que sea necesario. Aunque los textoservidores se rasguen las vestiduras para poder seguir comiéndose el plato de lentejas que les da el gobierno.

 

Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras