La procuración e impartición de justicia en México es uno de los más graves problemas que enfrenta el país. La corrupción, la impunidad y la ineptitud que subsisten en el sistema penal son taras que han impedido el paso de nuestra sociedad hacia estadios de desarrollo y progreso equitativo.

La simulación, la torcedura y abierta ruptura del orden legal desde las mismas instancias que deberían salvaguardarlo, ha tenido como consecuencia que los ciudadanos no confíen ni un ápice en las autoridades, que obedecen a consignas e intereses que no son los del país, sino de los grupúsculos mafiosos que se han repartido el poder y la riqueza por décadas.

Viene a cuento esta reflexión por la situación comprometida en que se encuentran dos órganos encargados de procurar justicia, uno en todo el país y el otro en una entidad federativa. Sus vaivenes, titubeos y erratas son inocultables. Y sus intentos de eludir sus responsabilidades son coincidentes de manera macabra.

En el primer caso, nos referimos a la procuraduría general de la República, donde su titular, Jesús Murillo Karam, encontró su Waterloo en el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

Aunque a estas alturas nadie puede creer en verdad que sigan vivos los 42 estudiantes que siguen desaparecidos desde hace más de cuatro meses, lo cierto es que la Procuraduría no ha comprobado de manera convincente su versión de la manera en que estos jóvenes habrían sido ultimados por el crimen organizado. La supuesta “pira funeraria” en la que se habrían calcinado los cuerpos de los normalistas está lejos de resultar creíble.

Pero Murillo Karam se aferra a esa idea, a partir de testimonios de delincuentes que, por mero sentido común, no sólo no son confiables, sino que tampoco hacen prueba plena. Son dichos, nada más. Pero para el procurador, según sus propias palabras, representan verdades jurídicas y hasta históricas.

Nítidamente, la intención de Murillo Karam es cerrar, de una vez por todas, este caso que ha puesto en jaque a todo el Gobierno Federal y que derrumbó la imagen del presidente Enrique Peña Nieto en todo el mundo.

Por las mismas anda su homólogo a nivel estatal en Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras. Su actuación al frente de la Procuraduría local primero, y de la recién creada Fiscalía General de Veracruz ahora, deja demasiado que desear por la manera facciosa y desaseada como ha aplicado la ley.

Su papel en el caso del secuestro y aparente homicidio del periodista comunitario Moisés Sánchez Cerezo ha sido ampliamente analizado en diversas entregas de este espacio, así como las dudas que hay sobre los resultados y conclusiones que presentó.

Tantas, que hasta Amnistía Internacional expresó su desconfianza en la resolución que la Fiscalía realizó del caso, basándose exclusivamente en una declaración autoinculpatoria del presunto autor material del asesinato, confesión que podría haber sido obtenida bajo cualquier tipo de coacción a las que recurren, precisamente, las policías ministeriales.

En un comunicado, Amnistía Internacional lamentó que “la actuación de las autoridades estatales no se haya encauzado con la debida diligencia en la búsqueda con vida del periodista, a pesar de que sus familiares presentaron la denuncia correspondiente. Adicionalmente, preocupa que las más altas autoridades estatales, incluyendo al Gobernador del Estado, hayan negado la actividad periodística de la víctima”.

El director ejecutivo en México de Amnistía Internacional, Perseo Muñoz, percibe claramente el problema que aqueja a ambas instancias, origen de sus desaciertos: “preocupa gravemente la identificación de un patrón en el actuar de las autoridades estatales y federales frente a casos de desaparición, iniciado por la falta de debida diligencia en las primeras horas de la desaparición, seguido de la falta de información oportuna y veraz a los familiares de las víctimas sobre los avances de la investigación, y la conclusión de las líneas de investigación con resultados basados en confesiones”.
Y por eso nadie les cree.

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