Una de las vertientes de la que poco se ha hablado respecto de la tremenda crisis por la que atraviesa el sistema de pensiones del estado de Veracruz es que, a raíz de la reforma a la Ley impulsada por el gobierno estatal y aprobada sobre las rodillas por la LXIII Legislatura local el año pasado, se estaría en la ruta para privatizar la administración de las cuotas de los trabajadores estatales.

En la referida reforma a la ley, se modificó el estatus del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), que dejó de ser un organismo “público” para pasar a ser uno “descentralizado, dotado de autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios”.

Éste sólo cambio en la condición jurídica del Instituto abre la puerta para que el Estado se desentienda en un futuro no muy lejano de su obligación de aportar los recursos para garantizar las pensiones de los trabajadores y de velar por la seguridad social de sus propios empleados.

Eso queda de manifiesto en otro apartado de la ley, en el artículo 98, el cual establece que “de darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto por los patrones, en la proporción que a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios especiales”.

Con base en lo anterior, no sería el gobierno como tal, sino unos indeterminados “patrones”, los que tendrían que resolver una emergencia en materia de solvencia financiera en el IPE, lo que en los hechos podría dejar al garete a miles de pensionados, la gran mayoría adultos mayores de avanzada edad. Una injusticia y un acto de perversidad inaudita, que ya hemos comenzado a ver materializarse en Veracruz.

El objetivo, a decir de organismos civiles como la Coalición de Pensionistas Independientes del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (Copipev), es incorporar al sistema pensionario veracruzano al esquema de cuentas particulares en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), donde como ya sucede con otros sistemas de seguridad social, son depositadas las aportaciones de los empleados activos. Eso implicaría la desaparición del IPE como tal.

Pero si tomamos en consideración que la deuda del gobierno estatal con el IPE se calcula entre cuatro y seis mil millones de pesos, ¿qué agente privado estaría dispuesto a tomar esa carga, que ni siquiera una administración pública estatal está en condiciones de absorber?

Porque aquí el tema de fondo es que si el IPE y todo el sistema pensionario estatal está en crisis, es por el desorden financiero que priva en la entidad, pero sobre todo, por el saqueo al que se ha sometido al Instituto durante décadas.

De las aportaciones de los trabajadores del estado (que incluye a los maestros, a los burócratas y a los trabajadores de todas las instituciones públicas) se han financiado campañas políticas, medios de comunicación y fortunas tan inmensas como inexplicables.

Y de ello no sólo es responsable el gobierno y los diferentes directores que ha tenido el IPE. Una gran carga de responsabilidad recae en los líderes sindicales que son miembros del Consejo del Instituto y que han consentido por años los malos manejos ahí cometidos, en abierta complicidad con los saqueadores en turno, porque nadie de ellos puede llamarse sorprendido o engañado.

Ante la voracidad de los distintos gobiernos estatales, incluido por supuesto el actual, parecería que quitarle de las manos la administración de las pensiones sería incluso benéfico, pues dejarían de ser la “caja chica” financiadora de corruptelas políticas.

Pero para que eso fuera realidad, el proceso tendría que ser limpio, apegado a Derecho, sin beneficiarios ocultos y sin favoritismos. En una palabra, transparente.
Y la clase política en Veracruz no la conoce.

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