Como se adelantó en este espacio hace dos días, los magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Séptimo Circuito determinaron la libertad inmediata de la columnista María Josefina Gamboa Torales, encarcelada en el reclusorio de Tuxpan, para que enfrente fuera de prisión el proceso que se le sigue bajo los cargos de homicidio culposo agravado por el accidente automovilístico en el que perdió la vida el tatuador José Luis Burela, en julio del año pasado.

 

La decisión de los magistrados, que votaron unánimemente en favor de conceder la libertad condicional a la ex directora del Instituto Municipal de la Mujer de Boca del Río, evidenció la arbitrariedad en la que la Fiscalía General del Estado incurrió al mantener presa a Gamboa Torales durante poco más de siete meses, cuando le asistía el derecho del pago de una fianza que le fue negada invariablemente por el Ministerio Público, por órdenes expresas del gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien manipuló a las instituciones del Estado para ejercer una venganza personal contra la periodista del diario porteño Notiver, dura crítica de su administración.

 

Pero ven la tempestad y no se hincan. A pesar de que sin duda le han asestado un duro golpe a la de por sí maltrecha imagen del gobierno veracruzano con esta sentencia, desde las entrañas de las más oscuras cañerías de esta administración se aprestan para continuar la guerra sucia y defender lo indefendible.

 

El fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, incluso ahora se atreve a declarar que no es un revés para el sistema de procuración de justicia en Veracruz, pues Gamboa Torales no fue absuelta de los cargos que se le imputan.

 

Sólo que eso nunca fue lo que se le señaló al gobierno, sino su decisión de torcer la ley para conculcarle una de sus garantías a la periodista, la de la libertad bajo caución, que indebidamente se le negó por ejercer la crítica hacia el duartismo, no porque fuera legalmente improcedente, como quedó demostrado.

 

Más allá de que ahora María Josefina Gamboa podrá seguir su proceso judicial fuera de la cárcel, y que sea un juzgado el que determine la pena a la que sea acreedora por el homicidio imprudencial del que asumió su responsabilidad desde un principio, pues no huyó del lugar del accidente, el cuestionamiento que queda en el ambiente es ¿puede, en estas condiciones, continuar en su cargo Luis Ángel Bravo Contreras?

Porque es inadmisible que un funcionario que se prestó para hacer de la ley un instrumento del revanchismo de un gobernador vaya a ser el encargado de la procuración de justicia en la entidad durante los próximos ¡nueve años!
¿Cómo confiar en una persona que no sólo no reconoce sus yerros, sino que puso en riesgo al entramado legal del estado por intereses que nada tienen que ver con la justicia ni el bien colectivo?

 

Además, es evidente que su “lealtad” no es con la sociedad veracruzana, sino con quien lo puso en el cargo. Hay un claro conflicto no sólo de interés (¿cómo podría, en un hipotético caso, proceder contra su actual jefe si llegara a enfrentar denuncias al término de su gobierno?), sino también de viabilidad política e institucional para que Bravo Contreras continúe al frente de la Fiscalía.

 

Su figura se desgastó a la velocidad de la luz y coloca en una situación tremendamente comprometida a la dependencia que encabeza. Tan sólo en este momento, pende de un hilo el proceso contra el alcalde con licencia de Medellín, Omar Cruz Reyes, por su presunta responsabilidad en el asesinato de otro periodista, Moisés Sánchez Cerezo.

Por dignidad, debería irse. Ha fracasado, señor Fiscal.

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