Cuando en marzo de 2013 Tomás Ruiz González presentó su renuncia como secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, se especuló que la principal causa de su salida es que no quería verse involucrado legalmente en el desastre financiero que ya en ese año comenzaba a ser evidente en la administración de Javier Duarte de Ochoa.
Era el año de las elecciones locales intermedias, en las que el duartismo buscaba recomponerse políticamente después de su derrota en los comicios presidenciales del año anterior, cuando Enrique Peña Nieto fue vencido en Veracruz por la panista Josefina Vázquez Mota, quien paradójicamente, a nivel nacional quedó en tercer lugar de la contienda.
El régimen en Veracruz estaba necesitado de una victoria electoral para lavarse la cara con el presidente Peña Nieto y mostrar fortaleza. Y para ello estaban dispuestos a lo que fuera, como quedó comprobado tras el escándalo que más tarde protagonizaron varios funcionarios estatales, descubiertos en flagrancia planeando cómo desviar los recursos de los programas sociales federales a las campañas.
Con una larga trayectoria en el área financiera de la burocracia federal, Ruiz González habría dicho “pies, para qué los quiero”, ante lo que desde palacio de gobierno le debieron haber solicitado, pues podría resultarle una responsabilidad legal que no sólo destrozaría su imagen y su carrera, sino que hasta a la cárcel podría llevarlo.
El mencionado escándalo, suscitado pocos meses después de su renuncia, y las muy recientes observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2013 de Veracruz, le darían la razón. En 2013 hubo tal cantidad de irregularidades con el dinero público en Veracruz, que estarían a punto de ser solicitadas sendas órdenes de aprehensión contra los funcionarios locales implicados.
Por ello sorprende el extraño retorno de Tomás Ruiz al gobierno de Javier Duarte, sólo que ahora a un área que no es la de su especialidad, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas estatal (SIOP). Máxime que tras su renuncia a la Sefiplan, fue exhibido en algunos medios como presunto propietario de una mansión valuada en más de 30 millones de pesos ubicada en Antón Lizardo, en lo que se conoce como la Riviera Veracruzana, una de las zonas residenciales más caras de todo el sureste mexicano, jugarreta urdida desde alguna de las oficinas de palacio de gobierno.
De inmediato, muchos analistas políticos vieron en la vuelta a Veracruz de Ruiz González una “señal” de que él podría ser el “candidato” del Altiplano para ocupar la gubernatura de dos años, pues de otra manera, no se entendería su decisión de regresar a una administración no sólo desprestigiada, sino financieramente quebrada.
Pero entre si hay o no un proyecto político detrás de su inesperado retorno a Veracruz, lo que es un hecho es que Tomás Ruiz no podrá aspirar a nada si no logra “arreglar” un “problemita” que le dejaron pendiente en la SIOP.
De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización de las Cuentas Públicas 2013 del Órgano Fiscalización Superior (Orfis), en lo que fue la Secretaría de Comunicaciones del estado se detectó la existencia de “responsabilidad resarcitoria por un daño patrimonial de 12 millones 545 mil 581 pesos”, por irregularidades en sus direcciones generales de Vías de Comunicación, Infraestructura Complementaria y Caminos Rurales, así como en la de Obras Públicas, que para ese año todavía estaba sectorizada en la Secretaría de Desarrollo Social, que para entonces encabezaba Alberto Silva Ramos, hoy flamante candidato a diputado federal por Tuxpan y, coincidentemente, también pretendido “delfín” de Javier Duarte para sucederlo en la gubernatura.
Pero el reto más grande de Tomás Ruiz será tapar ese inmenso hoyo negro de corrupción que es el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos (su tierra natal), obra multimillonaria que lleva casi 15 años construyéndose y que en este momento, y a un costo incalculable, se encuentra parada, prácticamente en el abandono.
El daño patrimonial estimado por el Orfis en esa obra, solamente en el ejercicio 2013, asciende a 255 millones 374 mil 105 pesos. Pero si se suma todo lo de los años anteriores, la cifra es astronómica.
¿Podrá Ruiz González limpiar ese cochinero? Sinceramente, lo dudamos. Y falta ver si no lo “embarran” en la búsqueda del “oro molido” en la Sefiplan de ese mismo año.
Para túneles, el de la corrupción en Veracruz.
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