Este martes rindió protesta como secretario de Finanzas y Planeación del estado Antonio Gómez Pelegrín. El sexto titular de esa dependencia en lo que va del sexenio de Javier Duarte de Ochoa.
En ese mismo acto, el Gobernador de Veracruz tuvo que aceptar lo que desde hace mucho es evidente: la entidad atraviesa por una gravísima situación financiera que lo obliga a hacer “ajustes”. Aunque como era de esperarse, no asumió su responsabilidad por la debacle económica del estado, la cual atribuyó a “la caída en los precios del petróleo, el incremento de las tasas de interés de Estados Unidos y la desaceleración de la economía global”. Cualquier cosa, menos la corrupción brutal que impera en su administración.

El caso es que anunció una nueva “reingeniería” financiera (habría que checar cuántas van en su gobierno) que resumió en diez medidas:

“Se transformará el carácter de organismos descentralizados a desconcentrados a fin de reducir estructuras, costos y mejorar sus ingresos estatales; se revisará el funcionamiento de las infraestructuras administrativas para evitar duplicidades y eficientar su operación; se realizará un control estricto de la dispersión de la nómina en todo el gobierno, ello permitirá tener certeza y control en el pago de los servidores públicos de acuerdo a los tabuladores aprobados; se revisarán las compatibilidades laborales para evitar que el personal del servicio público cobre en dos o más lugares; las dependencias que están arrendando inmuebles presentarán un programa real de reducción de espacios que nos permita pagar un costo menor de edificios y generar ahorro en rentas.

“A partir de esta fecha se tomarán las medidas para reducir el número de asesores y el personal de apoyo adscritos a mandos medios y superiores, quedan prohibidos los servicios de seguridad personal; sólo se permitirá la contratación de asesoría y estudios públicos que estén plenamente justificados; se reducirán al mínimo los apoyos otorgados mediante subsidios; para garantizar el pago oportuno a los pensionados, se promoverá la celebración de convenios especiales de cooperación para que se depositen las cuotas y aportaciones de los trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado; se crea una comisión de gasto-financiamiento que se encargará de evaluar y dar seguimiento a este plan de ajuste.”

Poniendo atención en estas medidas, la pregunta obligada es, ¿por qué no se había hecho esto antes? Mucho de lo que se pretende corregir está mal de origen (como la duplicidad de funciones en las estructuras administrativas o que la burocracia cobre en dos o más dependencias). Así que lo queda al descubierto es el desorden y el pésimo manejo de la administración pública de este gobierno, que con meros parches pretende curar el cáncer que padece este gobierno, y que es la corrupción.

Porque es inconcebible que mientras las finanzas del estado están en quiebra y los empleos de muchas personas están a punto de perderse, se haya mandado de paseo a Japón, con cargo al erario, a un grupo de “periodistas” que fue a “cubrir” la participación de la secretaria de Protección Civil, Yolanda Gutiérrez Carlín (ni siquiera fue el Gobernador), en la Convención Mundial sobre Prevención de Riesgos de Desastres. A todas luces, un gasto oneroso, innecesario e insultante, tomando en cuenta las condiciones actuales.

Son esas acciones las que demuestran que no hay ninguna intención de poner orden en el manejo del gasto. Y de seguir así, ni cambiando otras seis veces de Secretario de Finanzas se van a salvar de la quema.
Mientras tanto, Veracruz va en caída libre.

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