Desde el inicio mismo del actual proceso electoral, se denunció el envío de amenazas en contra de aspirantes a participar en los comicios como candidatos a diputados federales en partidos diferentes al oficial, el Revolucionario Institucional.

El primer caso fue contra un aspirante en Coatzacoalcos por el Partido Nueva Alianza, Gersain Hidalgo Cruz, quien recibió amenazas de muerte si se inscribía en el proceso interno de ese instituto político.
Luego tocó al aspirante del PT y ex alcalde de Coatzacoalcos, Armando Rotter Maldonado, quien fue interceptado por un grupo armado que de igual manera amenazó contra su vida si seguía adelante con su aspiración política. Ambos, renunciaron a ser postulados.

A últimas fechas, las amenazas e intimidaciones han arreciado. Incluso con más violencia, como le sucedió a la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por Acayucan, Liliana Castro Muñoz, cuya casa fue incendiada mientras dormía, lo que le valió al gobierno veracruzano un exhorto de la Cámara de Diputados para que la Fiscalía General del Estado investigue y dé con los responsables. Aunque conociendo la “eficacia” de esta instancia, ya pueden esperar sentados.

Y todavía hubo otra candidata de Morena, la abanderada por el distrito de Orizaba, Dulce María Corina Villegas Guarneros, que recibió amenazas de muerte a través de su cuenta en la red social Facebook: “me dijeron que renunciara a la candidatura o me iba a  morir. La persona que maneja mis redes sociales investigó desde el martes que sucedió esto, y se percató de que eran perfiles falsos porque no había alguna persona, se escudaron en un nombre falso”, según declaró a la prensa la afectada.

Dice una vieja conseja que para encontrar al autor de un crimen, hay que observar quién es el beneficiado con el mismo. ¿Y a quién beneficiaría que se enturbie el clima electoral, al grado de que se inhiba la participación ciudadana en unos comicios de por sí poco interesantes para el electorado?

Efectivamente. El principal beneficiado es el partido en el poder, el Revolucionario Institucional. Como ya se ha señalado en muchas ocasiones, si hay poca participación ciudadana en la jornada electoral, quien sale ganando con ello es el partido que cuente con la estructura más grande y con los recursos financieros más amplios para operar el día de los comicios. Y éste es, sin duda y pese a todo, el PRI.

Por eso muchos no han dudado en señalar a los abanderados priistas por los distritos donde se han realizado las últimas agresiones, como los presuntos responsables de las mismas. Además, este modus operandi no es nuevo. Lo aplicaban indistintamente desde el sexenio anterior en Veracruz. Era una de las maneras de hacer política de su “maestro”.

Es indispensable que todos los actores políticos y ciudadanos exijamos al gobierno de Javier Duarte de Ochoa que por una vez en su vida cumpla con su responsabilidad y garantice la celebración de unos comicios libres de coacción y violencia, donde los electores podamos elegir a quien mejor nos parezca para representarnos en la Cámara de Diputados. Y si hace caso omiso, denunciarlo ante las instancias nacionales e internacionales que correspondan.

En la actual situación que prevalece en Veracruz, la inacción ante estos primeros amagos de violencia puede tener consecuencias devastadoras no sólo para la vida democrática de la entidad, sino para la tranquilidad de comunidades enteras, que están hartas de la violencia y de la ineptitud oficial.
Y aunque no lo crean, también los partidos salen afectados por esto.

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