Pareciera estar de más echar en cara a las autoridades estatales veracruzanas su indolencia e incapacidad para gobernar la entidad. Se antoja un desgaste inútil reclamarles su falta de valor para asumir a plenitud la responsabilidad que aceptaron desde el 1 de diciembre de 2010, y a la cual han faltado una y otra vez.

La violencia asesina que asuela a Veracruz desde hace casi una década, pero que ha alcanzado niveles monstruosos en los últimos cinco años, resurge en medio del río revuelto de un gobierno estatal ausente, inmóvil y en muchos casos, cómplice de los criminales que han sentado sus reales en el estado.

Faltaría espacio para relatar una a una las atrocidades que suceden en Veracruz mientras el Gobernador y el Secretario de Seguridad Pública repiten como disco rayado que “el estado está en calma”, que “no pasa nada”, que “quien la hace la paga” y un sinfín de frases huecas, cínicas, con las que creen que eluden sus deberes y las consecuencias de no cumplir con sus encomiendas.

Porque no se trata sólo de las ejecuciones entre los mismos integrantes del crimen organizado, que sirven para crear temor por la brutalidad con que se cometen y se dejan al aire libre las evidencias para enviarse mensajes entre ellos y a las autoridades.

El estado de terror que vive Veracruz, me atrevería a decir sin temor a equivocarme que en todas las regiones de la entidad, tiene que ver con el fin de lo que conocimos como “vida normal”, que ha sido trastocada de tal manera que nos hemos acostumbrado a ver a la muerte y a la violencia como algo cotidiano, que ya no nos conmueve. Hasta que nos toca de cerca.

La semana pasada, una conocida familia de la región de Poza Rica sufrió en carne propia el dolor que desgarra a Veracruz. La dermatóloga María Teresa Palmeros Parada –que era su nombre correcto y no el que se manejó en los medios–, quien contaba con apenas 31 años de edad, fue secuestrada por hombres fuertemente armados que la sustrajeron de su consultorio, en presencia de su madre y su hijo menor.

Tras días de negociaciones, éstas se interrumpieron abruptamente y el fin de semana encontraron su cadáver a un lado de la carretera que lleva al edijo Escolín, en el municipio de Coatzintla, conurbado con Poza Rica. Presentaba un tiro en la cabeza.

Durante los días que María Teresa Palmeros estuvo secuestrada, su familia acudió a altas instancias del Gobierno de Veracruz para solicitar apoyo, que nunca llegó. Incluso, existe la sospecha de que habría colusión entre la policía y el grupo criminal responsable del plagio y homicidio.

Además de la indolencia oficial que contribuyó al trágico desenlace, la familia tuvo que soportar el trago amargo de la falta de ética de los medios de comunicación, que sin el menor empacho publicaron las fotografías del cadáver en el lugar donde fue ubicado –mismas que debió filtrar la propia policía– y además, para hacer mayor el escándalo, les atribuyeron la propiedad de unas pastelerías muy conocidas en aquella zona y en el centro del estado, cuando en realidad pertenecen a su familia política, incrementando aún más el riesgo que de por sí corren.

Como ésta, hay cientos de historias similares en el Veracruz del “no pasa nada”. Historias que para el gobierno estatal son simplemente “hechos aislados”, “ajustes de cuentas entre criminales” o, en el peor de los casos, para funcionarios como el secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez, no sucedieron. Porque él lo dice.
Hasta que les pasa a ellos. Y entonces sí funcionan los aparatos de seguridad.

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