Cualquier excusa o explicación está de más. La única certeza que tienen los veracruzanos es que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa es un absoluto desastre en todos los sentidos, y los habitantes del estado somos quienes pagamos los saldos que ha dejado a su paso una administración a la que lo único que le ha importado es saquear las finanzas públicas, mientras todo lo demás se le iba de las manos.

Sin duda lo más grave es el total deterioro de la seguridad en toda la entidad. El reciente asesinato de la joven estudiante Columba Campillo en Boca del Río, sumado al del abogado Genaro David Bermejo en Coatzacoalcos y el de María Teresa Palmeros Parada en Poza Rica, por citar tan sólo tres casos de los últimos días, son muestras trágicas de que hay un total vacío de autoridad en el norte, el centro y el sur de la entidad.

Es tal de magnitud la indignación que existe en territorio veracruzano por el quebranto de la armonía en la convivencia pública, que decenas de mujeres, en lugar de festejar el Día de las Madres, este domingo salieron a protestar a las calles, demandando al gobierno que les devuelva a sus hijos desaparecidos, que se cuentan por cientos durante este sexenio.

El gobierno estatal sólo atina a responder con sus gastadas cantaletas. Que son hechos aislados. Que hay “calma” en la entidad. Que los estados vecinos le “exportan” los problemas a Veracruz. Que nadie está por encima de la ley.

Eso es falso. La inseguridad para la gente común crece a niveles insoportables mientras los gobernantes viven amurallados, resguardados en sus lujosas mansiones por escoltas armados hasta los dientes, lejos de la dolorosa realidad que vive el resto de los veracruzanos.

Las estrategias oficiales para combatir la criminalidad, si es que alguna verdaderamente se ha implementado, han fracasado estrepitosamente. No por nada ya los empresarios, hartos de los secuestros y las extorsiones, exigieron la remoción de Arturo Bermúdez Zurita como secretario de Seguridad Pública del estado.

Pero al funcionario eso le tiene sin cuidado. Se sabe inamovible e incluso fanfarronea presumiendo su especialización en temas de seguridad en colegios de los Estados Unidos. Y del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras ni qué decir. Ni para dar el pésame a los familiares de las víctimas de la violencia es bueno.

Veracruz tiene un gobierno autista, ensimismado, insensible, rencoroso y vengativo. Y mientras el número de muertos de la sociedad civil aumenta todos los días, las autoridades están más ocupadas en proteger y promover sus intereses, en hacer negocios al amparo y usufructo del poder, y en preparar su salida para un retiro dorado dentro de año medio, obviamente lejos del violento estado que, aunque lo nieguen, se les cae a pedazos.

 

Cuando la crítica periodística se ejerce con honestidad y de buena fe, es una obligación reconocer los errores. Es el caso de un servidor, que en la columna publicada el viernes pasado bajo el título “Gubernatura de dos años: sin promulgar y a la deriva”, escribí que la reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado para reducir a dos años el próximo periodo gubernamental estatal no había sido promulgada ni publicada en la Gaceta Oficial del Estado y, por lo tanto, no tendría aún vigencia jurídica.

Pero dicha reforma sí fue promulgada y publicada, en un número extraordinario de la Gaceta Oficial del Estado, el 9 de enero de este año, en el artículo Cuarto Transitorio del texto en cuestión, mismo que no vi a la hora de revisar las publicaciones del año, error atribuible por entero a mí y que reconozco sin empacho.

Cabe hacer mención que no recibí carta aclaratoria alguna. Sólo los comentarios de dos buenos amigos que me hicieron darme cuenta de mi equivocación, y a quienes agradezco su interés y confianza.

La situación de debilidad del gobierno estatal y la evidente intentona por echar abajo la gubernatura de dos años que describo en esa misma columna son verdaderas. Y en ese sentido, sostengo mis opiniones y análisis al respecto.
A los lectores, ofrezco una disculpa.

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Twitter: @yeyocontreras