Tan grave como la deplorable situación financiera del estado, es el evidente vacío de poder que impera en Veracruz y que, como consecuencia, provoca inestabilidad e ingobernabilidad.

Parapetados en el pretexto de la veda electoral –que a lo único que los obliga es a no promover obra pública ni logros de gobierno–, las autoridades veracruzanas viven ausentes, alejadas de la realidad, mientras fuera de las paredes de palacio de gobierno o de Casa Veracruz la violencia crece.

Es tal la falta de liderazgo en el estado, que ya hasta los funcionarios de gobierno protagonizan penosos enfrentamientos durante eventos públicos, como el suscitado hace unos días entre el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y ex secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, con su sucesor Fernando Benítez Obeso, durante un acto protocolario de homenaje al ex gobernador Rafael Hernández Ochoa. Ya ni siquiera se molestan por cuidar las formas.

Ojalá esto fuera lo más grave que sucede en Veracruz. Pero no es así. La ausencia de una figura que imponga respeto y autoridad no sólo a sus subalternos sino a la población en general, ha traído como resultante una escalada violenta que se aviva conforme se acerca la fecha de las elecciones. Y eso que son comicios federales intermedios. Ni pensar lo que vaya a suceder el año que entra con la sucesión en el gobierno estatal.

Por ejemplo, el miércoles 20 de mayo, fue acribillado en la carretera La Tinaja-Ciudad Alemán el ex dirigente municipal del PRI en Tierra Blanca, Luis Manuel Lara Muñoz, al ser interceptado por un comando armado que huyó del lugar del crimen sin problemas.

Unas horas más tarde, ese mismo día por la noche, el ex presidente municipal panista de Cuitláhuac, Ambrosio Borbonio Ame, era ejecutado de ocho balazos mientras cenaba en compañía de su madre.

Y no para ahí el estado de violencia. En la zona sur de Veracruz, la reportera del diario El Mañanero de la ciudad de Oluta, Susana Leticia Arellano Narváez, en los últimos días fue víctima de amenazas y actos de intimidación derivados de su actividad periodística, al grado que la Unión de Periodistas de Acayucan publicó un desplegado dirigido al presidente de la República Enrique Peña Nieto y, por protocolo, al gobernador Javier Duarte de Ochoa, en la que hacen de su conocimiento los hechos y exigen detener los asesinatos y desapariciones de periodistas en Veracruz.

Indolente, el Gobierno del Estado ni siquiera se ha pronunciado sobre ninguno de estos hechos. Como no se trata de familias adineradas ni de la “alta sociedad”, su dolor no los inmuta. Ahí no hay investigaciones inmediatas ni detenciones fulminantes. Que se pierdan en el olvido. Y si protestan, la criminalización de las víctimas será la respuesta oficial.

La decadencia natural de una administración al acercarse al final de su periodo gubernamental, la pérdida de fuerza y de poder, en Veracruz se adelantó al menos dos años. Junto con ello, el desprestigio de un gobierno que no sólo no honró uno solo de los compromisos adquiridos desde la campaña de 2010, sino que hundió al estado en la peor crisis económica, política y de seguridad que se haya conocido en la época moderna de la entidad.

Lo más grave es que Veracruz es una peligrosa olla de presión que puede estallar en cualquier momento, pues no hay nadie que controle la válvula de escape. O al menos, no parece haber alguien en el círculo gobernante a quien le interese.

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